Empleo y Seguridad Social
APROBADOS EL
CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y
EL APRENDIZAJE, Y LAS BASES
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
DUAL
-
El objetivo es la
implantación progresiva
de la formación
profesional dual en
España, que combinará la
formación en el centro
educativo con el trabajo
y la formación en la
empresa.
-
Se abre una vía de
formación atractiva y
motivadora para los más
jóvenes, que contribuirá
a reducir el abandono
educativo temprano y
propiciará una mayor
implicación de las
empresas.
El Consejo de Ministros ha
aprobado a propuesta de los
ministros de Empleo y
Seguridad Social, y de
Educación, Cultura y
Deporte, el Real Decreto por
el que se desarrolla el
contrato para la formación y
el aprendizaje y se
establecen las bases para la
implantación de la formación
dual en el sistema
educativo.
La formación profesional
dual debe ser una
herramienta fundamental para
incrementar la empleabilidad
de los jóvenes españoles y
luchar contra la elevada
tasa de paro de este
colectivo.
Los trabajadores sin
formación se enfrentan a una
tasa de paro del 57 por 100,
y los que sólo tienen
educación primaria, del 38
por 100. Asimismo, casi el
15 por 100 de los
trabajadores menores de
veinticinco años no ha
completado la segunda etapa
de educación secundaria. El
paro de este colectivo
alcanza el 58 por 100.
Además, los trabajadores sin
estudios obtienen salarios
un 32 por 100 inferiores a
la media y los que sólo
alcanzaron la educación
primaria, salarios un 25 por
100 inferiores a la media.
En este contexto, era
necesario rediseñar gran
parte del sistema,
combinando por primera vez
los recursos y esfuerzos de
los Ministerios de Empleo y
Seguridad Social y de
Educación, Cultura y
Deporte.
Así, el Real Decreto se
configura como una norma
laboral y educativa, debido
al doble régimen jurídico de
la formación dual,
dependiendo de que se
imparta dentro del marco del
contrato para la formación y
el aprendizaje, o en el
marco del sistema educativo.
CONTRATO PARA LA
FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE
La formación dual
vinculada al contrato para
la formación y el
aprendizaje ayudará a
reducir el número de jóvenes
desempleados y aumentará los
cotizantes a la Seguridad
Social.
Tal y como recoge el
artículo 11.2 de la Ley del
Estatuto de los
Trabajadores, el contrato
podrá realizarse con
trabajadores mayores de
dieciséis años y menores de
veinticinco que carezcan de
una cualificación
profesional reconocida por
el sistema de formación
profesional para el empleo o
del sistema educativo para
concertar un contrato en
prácticas para el puesto de
trabajo.
Asimismo, se establece que,
temporalmente, hasta que la
tasa de desempleo se sitúe
por debajo del 15 por 100,
podrán celebrarse contratos
con menores de treinta años,
en línea con lo estipulado
para el contrato indefinido
de apoyo a los
emprendedores.
Duración del
contrato y tiempo de trabajo
efectivo
El contrato deberá
formalizarse por escrito, su
duración mínima será de un
año y la máxima de tres
años, si bien mediante
convenio colectivo podrá
establecerse distintas
duraciones, sin que la
mínima pueda ser inferior a
seis meses ni la máxima de
tres años.
El tiempo de trabajo
efectivo no podrá ser más
del 75 por 100 de la jornada
el primer año y el 85 por
100 los otros dos, y no se
podrán realizar horas
extraordinarias, salvo por
motivos de fuerza mayor, tal
y como contempla el artículo
35.3 del Estatuto de los
Trabajadores.
Se amplía el tiempo mínimo
de formación del 15 por 100
al 25 por 100 durante el
primer año, si bien el
contrato es flexible y se
puede adaptar a las
necesidades de empresarios y
trabajadores en un régimen
de alternancia de formación
con el empleo.
En la formación profesional
dual inherente al contrato
para la formación y el
aprendizaje la actividad
formativa se realiza en
alternancia con una
actividad laboral
retribuida. La retribución
será la fijada en convenio,
si bien en ningún caso podrá
ser inferior al Salario
Mínimo Interprofesional en
proporción al tiempo de
trabajo efectivo.
Igualmente, las empresas y
los trabajadores podrán
beneficiarse de reducciones
en las cuotas a la Seguridad
Social, tanto durante la
vigencia del contrato, como
por su transformación en
indefinido a la finalización
del mismo.
Reducción de cuotas
empresariales
En este sentido, el contrato
para la formación y el
aprendizaje prevé la
posibilidad de reducciones
de las cuotas empresariales
a la Seguridad Social del
100 por 100 si el contrato
se realiza por empresas cuya
plantilla sea inferior a 250
personas o del 75 por 100 en
el resto. Asimismo, se
reducirá el 100 por 100 de
las cuotas de los
trabajadores a la Seguridad
Social durante toda la
vigencia del contrato,
incluida la prórroga.
Además, si los contratos
para la formación y el
aprendizaje se transforman
en indefinidos, cualquiera
que sea la fecha de
celebración, tendrán derecho
a una reducción en la cuota
empresarial a la Seguridad
Social de 1.500 euros/año,
durante tres años. En el
caso de mujeres, dicha
reducción será de 1.800
euros/año.
Existe la posibilidad de
que, en un alto porcentaje,
el joven trabajador continúe
vinculado a la empresa con
un contrato indefinido tras
la finalización del contrato
para la formación y el
aprendizaje.
Por su parte, los
contratados para la
formación con discapacidad
podrán, entre otras
cuestiones, ver ampliada la
duración de su contrato
hasta un máximo de cuatro
años en función de las
circunstancias individuales
del trabajador. El 25 por
100 del tiempo de trabajo
efectivo podrá dedicarse a
rehabilitación, habilitación
o ajuste personal o social.
Se prevé que las actividades
formativas sean
presenciales, de
teleformación o mixtas, de
acuerdo con la normativa de
Formación Profesional y
podrá concentrarse la
actividad formativa en
determinado períodos de
tiempo. En todo caso, la
actividad formativa deberá
organizarse de manera
flexible, con garantía de
que el alumno pueda cursar
los módulos
correspondientes.
FORMACIÓN DUAL
DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO
En cuanto a la Formación
Profesional Dual, el Real
Decreto establece un marco
para el desarrollo de
proyectos de formación
profesional dual en el
sistema educativo, con la
coparticipación de los
centros educativos y las
empresas, cuando no medie un
contrato para la formación y
aprendizaje.
Respecto a los centros
participantes, se indica que
podrán participar los que
estén autorizados para
impartir ciclos formativos
de formación profesional y
que establezcan convenios de
colaboración con empresas
del sector correspondiente,
de acuerdo con lo que
determine la normativa
autonómica.
Convenio con la
empresa
El proyecto de formación
profesional dual, que deberá
ser autorizado por la
Administración educativa
correspondiente, se
formalizará a través de un
convenio con la empresa
colaboradora. El convenio
suscrito especificará la
programación para cada uno
de los módulos
profesionales.
El alumno deberá cursar
previamente la formación
necesaria que garantice el
desarrollo de la formación
en la empresa con seguridad
y eficacia. Las
administraciones educativas
se responsabilizarán de
realizar el seguimiento y
evaluación de estos
proyectos.
Con esta regulación se
pretende establecer las
bases para la implantación
progresiva de la formación
profesional dual en España
que combinará la formación
en el centro educativo con
la formación en el centro de
trabajo.
Todo ello con el objetivo de
abrir una vía de formación
atractiva y motivadora para
los más jóvenes que
contribuya a reducir el
abandono educativo temprano;
así como para propiciar una
mayor implicación de las
empresas en la formación de
los alumnos y favorecer la
empleabilidad.
Hacienda y Administraciones
Públicas
LA REFORMA DEL
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO
AHORRARÁ 10,5 MILLONES DE
EUROS ENTRE 2012 Y 2014
-
Se reducirán un 66 por
100 los coches de
representación de altos
cargos de la
Administración General
del Estado y se limita
el número de altos
cargos y autoridades con
coche asignado, de forma
que los directores
generales tendrán que
compartir vehículo.
-
Entre el Parque Móvil
del Estado y los
servicios periféricos se
reducirá en un 17 por
100 la plantilla de
conductores por
jubilaciones y no
incorporación de nuevos
efectivos.
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por
el que el Organismo autónomo
Parque Móvil Ministerial se
transforma en Parque Móvil
del Estado, además de
modificar su estructura
orgánica básica y sus
funciones.
El Gobierno, comprometido en
su plan de racionalización
del gasto público,
conseguirá un ahorro de
10.515.226 euros en el
periodo comprendido entre
2012 a 2014 mediante la
reducción de vehículos y
conductores del Parque Móvil
del Estado.
Con la modificación del Real
Decreto que regula el
funcionamiento del Parque
Móvil, se implanta un nuevo
modelo de prestación de los
servicios automovilísticos
en un contexto de contención
del gasto público, con el
fin de lograr su adaptación
a una Administración pública
moderna.
La reforma se inspira en los
principios de austeridad,
eficiencia en el uso de los
recursos y una prestación
del servicio automovilístico
adaptada a la disponibilidad
de recursos, en lugar de ser
a demanda del usuario, como
ha sido hasta ahora.
Para instrumentar la reforma
se actuará en varios
ámbitos: el primero es la
reducción del número de
altos cargos y autoridades
con coche asignado; el
segundo es la disminución de
la flota de vehículos,
mediante venta por subasta y
su no reposición hasta 2014,
y por minoración de la
plantilla de conductores,
mediante jubilaciones y no
incorporación de nuevos
efectivos.
La reforma afecta tanto a
los servicios centrales del
Parque Móvil como a los
servicios automovilísticos
del Parque Móvil integrados
en la Administración
periférica.
Reducción de altos
cargos con coche
Se limitan los destinatarios
del coche oficial, frente a
la situación actual en la
que este servicio se presta
a todos los altos cargos y
autoridades que lo demanden.
Tanto los Directores
Generales como los
Subdelegados del Gobierno y
Directores insulares pasarán
de tener asignado un coche
de representación por razón
de su cargo a utilizarlo de
forma compartida para poder
atender también los
servicios generales del
Departamento.
Menos flota
El total de la flota del
Parque Móvil recibido en
diciembre de 2011 en
servicios centrales fue de
921 vehículos, de los cuales
819 eran coches, 66 motos y
36 vehículos de otras
categorías (furgoneta,
motocicleta, monovolumen,
etcétera). La antigüedad de
la flota es elevada: media
superior a ocho años y de
once años en el caso de los
vehículos blindados.
Al cierre de 2014 el total
de vehículos se habrá
reducido hasta 652
vehículos.
En particular, los coches de
representación del Parque
Móvil asignados a los altos
cargos de la Administración
del Parque Móvil se
reducirán entre diciembre de
2011 y diciembre de 2014 en
204 coches, el 66,45 por
100, pasando de 307 coches a
103. En total, los coches
oficiales del Parque Móvil
del Estado se reducirán en
un 53,30 por 100.
El parque de vehículos
oficiales que prestaban
servicios en la
Administración periférica
ascendía en 2011 a 569
vehículos, que se reducirán
en 2014 en un porcentaje
similar al de la
Administración General. Dada
la relativa modernidad del
parque móvil gestionado por
la Administración periférica
frente a la obsoleta del
existente en servicios
centrales, se va a analizar
el posible trasvase de parte
de la flota de periferia,
incrementándose a su vez el
número de subastas a
realizar.
Reducción del número
de conductores
En total, entre Parque Móvil
y servicios periféricos se
reducirán 222 conductores
hasta 2014, por jubilaciones
y no incorporación de nuevo
personal.
De los 1.303 que había en
diciembre de 2011 se pasará
a 1.081 conductores lo que
supone un 17 por 100 menos.
En los servicios centrales
del Parque Móvil el número
de conductores previsto en
diciembre de 2014 será de
852, un 14,9 por 100 menos
de los existentes en
diciembre de 2011, que eran
1.002.
En la Administración
periférica, la reducción
prevista del número de
conductores será de 72
personas, el 23,92 por 100,
pasando de 301 en diciembre
de 2011 conductores a 220 en
diciembre de 2014.
Ahorro
Las anteriores medidas de
racionalización, tanto en
servicios centrales, como en
la Administración
periférica, supondrán un
ahorro importante. En
concreto, 7.546.601 euros en
concepto de gastos de
personal, 968.625 euros en
concepto de un menor gasto
corriente, en particular por
el ahorro en combustible
(490.000 euros), reparación/
conservación de la flota y
repuestos (265.000 euros) y
por la menor cuantía del
seguro de responsabilidad
civil (213.625 euros).
A la cifra anterior hay que
sumar un ahorro estimado en
torno a dos millones de
euros, debido al efecto en
la flota de incidencias del
paso de los coches asignados
a los Directores Generales a
coches compartidos. Dicha
flota de incidencias es
considerada servicio
adicional, sufragado en
parte por los presupuestos
de los distintos
Ministerios, por lo que su
disminución supone una
disminución del gasto de los
Ministerios.
El conjunto de partidas
supone un ahorro de
10.515.226 euros.
Adicionalmente, se van a
iniciar actuaciones
tendentes a racionalizar los
vehículos oficiales en
servicio en empresas
públicas estatales,
organismos y entes del
sector público estatal.
Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad
III INFORME DE
SEGUIMIENTO DEL PLAN CONTRA
LA TRATA DE SERES HUMANOS
-
Revela una mejora de la
protección de las
víctimas y entre las
actuaciones y medidas
que recoge figura la
actualización del mapa
de recursos existentes,
lo que se ha traducido
en una mayor eficiencia
en el apoyo y atención a
las víctimas.
-
Gracias a las
organizaciones sin ánimo
de lucro, con las que se
siguió trabajando,
fueron atendidas un
total de 3.526 posibles
víctimas.
El Consejo de Ministros ha
tomado conocimiento del III
Informe sobre el Plan
Integral de Lucha contra la
Trata de Seres Humanos con
fines de explotación sexual,
correspondiente al año 2011.
Aprobado por la Comisión
Interministerial encargada
de su aplicación, que
componen los Departamentos
de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad;
Interior, Justicia, Empleo y
Seguridad Social y Asuntos
Exteriores y Cooperación, el
texto revela un refuerzo de
la protección a las mujeres
extranjeras en situación
irregular y a los menores
gracias a los cambios
normativos efectuados.
Medidas como la paralización
del expediente de expulsión
de estas mujeres y la
ampliación de la protección
a sus hijos y a otras
personas con vínculos
familiares han demostrado su
efectividad, así como el
protocolo de actuación
suscrito por los Ministerios
de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad; Empleo
y Seguridad Social; Justicia
e Interior con la Fiscalía
General del Estado y el
Consejo General del Poder
Judicial. La iniciativa
supone una mejora de los
procesos de identificación,
atención y protección de las
víctimas de la trata pues
afina la coordinación entre
administraciones y agentes
implicados. En este contexto
hay que situar también la
atención a los menores.
Datos de 2011
Así, según consta en el
informe, de las 1.082
víctimas identificadas en
2011, en torno al 95 por 100
eran extranjeras; más de un
90 por 100, mujeres; un 40
por 100 en situación
irregular y 15 de ellas,
menores de edad.
Los campos de la
investigación y la
prevención han desarrollado
algunos avances, sobre todo
a raíz de la actualización
del mapa de recursos con los
que cuentan las
Administraciones en su lucha
contra la trata de seres
humanos con fines de
explotación sexual. Quedaron
definidos, de este modo, los
operativos disponibles, por
lo que se procedió acto
seguido a su reordenación
con el fin de ganar en
eficiencia y agilidad cuando
hubiera que actuar.
Actuaciones
ministeriales
En el plano de la
sensibilización, y además de
dos exposiciones, el
Gobierno aprobó a propuesta
del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad una declaración con
motivo del Día Internacional
contra la Trata de Seres
Humanos, en tanto que en
prensa escrita se acometió
la inserción de anuncios
bajo el lema "Corazón Azul"
de Naciones Unidas.
El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte continuó
con la difusión on-line de
diverso material sobre esta
lacra, y, al mismo tiempo,
la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género
publicó estudios e informes
que redundaron en un mayor
conocimiento del problema.
De forma coordinada, los
Ministerios de Interior y de
Asuntos Exteriores y
Cooperación mejoraron los
sistemas de detección
temprana, algo que favoreció
el trabajo de la Policía y
de la Guardia Civil en
aquellos lugares en los que
se sospecharan casos de
trata. Ejecutaron en 2011
hasta 2.375 inspecciones en
las que se identificaron
14.730 personas en
situaciones de riesgo.
Además, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado han aumentado su
plantilla en las unidades
especializadas en la lucha
contra el crimen organizado,
han proseguido con los
cursos de formación (a los
que también se han acogido
fiscales, personal de
centros de estancia temporal
de inmigrantes, contingentes
militares en misiones de
paz, personal sanitario,
diplomático o profesionales
de los servicios
sanitarios), y desde el
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad se revisó el
protocolo común para la
actuación sanitaria ante la
violencia de género con el
objetivo de incluir los
casos de trata.
Por otro lado, tanto el
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad, como el Ministerio
de Empleo y Seguridad
Social, concedieron
subvenciones a 46 proyectos
de un total de 42
organizaciones sin ánimo de
lucro, gracias a lo cual
contactaron con 14.600
mujeres y atendieron a 3.526
posibles víctimas.
Industria, Energía y Turismo
CONCESIÓN DE
MEDALLAS Y PLACAS AL MÉRITO
TURÍSTICO
El Consejo de Ministros ha
aprobado la concesión de las
Medallas y Placas al Mérito
Turístico cuyo objetivo es
distinguir a aquellas
personas, instituciones,
empresas o destinos que, de
manera notable y
extraordinaria, hayan
contribuido al desarrollo,
fomento y promoción del
turismo.
La Medalla al Mérito
Turístico a la Innovación
ha recaído en Abel Matutes
Prats, vicepresidente
ejecutivo de Empresas
Matutes y Director General
de Fiesta Hotel Group, quien
ha demostrado, con la
reconversión del Ushuaia
Beach Hotel, su capacidad de
innovación tras convertirse
en referente de la
transformación y
revitalización de la Playa
d'en Bossa (Ibiza).
El cocinero Martín
Berasategui recibirá la
Medalla al Mérito
Turístico a la Promoción.
Berasategui es el cocinero
español con más estrellas
Michelin (siete en total).
Su carrera despegó a partir
de 1993 cuando inauguró su
restaurante en Lasarte,
consiguiendo en un año su
primera estrella Michelin, y
la segunda tres años
después.
Con la Medalla al
Mérito Turístico en
Sostenibilidad y Calidad
ha sido distinguido Miguel
Ángel Fernández Torán,
presidente del Grupo
Balnearios de Montaña,
formado por los balnearios
de Cofrentes y Chulilla en
Valencia, Montanejos y
Benassal en Castellón, y
Baños de Montemayor en
Cáceres. El empresario
valenciano ha apostado
tenazmente por la calidad y
la innovación como
estrategias de negocio.
La Medalla al Mérito
Turístico a la
Internacionalización
ha sido concedida a Eugenio
de Quesada y Carlos Ortiz,
ex aequo, por haber creado
conjuntamente la Conferencia
Iberoamericana de Ministros
y Empresarios de Turismo (CIMET),
eficaz instrumento para la
internacionalización de las
empresas turísticas
españolas en Iberoamérica.
Alejandro del Castillo y
Bravo de Laguna, conde de la
Vega Grande de Guadalupe, ha
sido distinguido con la
Medalla al Mérito
Turístico por
extraordinarios servicios
prestados al turismo.
En 1961 convocó el concurso
internacional de ideas "Maspalomas,
Costa Canaria", cuyo
resultado fue un plan
estratégico para convertir
aquellos arenales en destino
de ocio y descanso para
millones de europeos.
Placas al Mérito
Turístico
La Placa al Mérito Turístico
a la colaboración
público-privada para la
modernización de destinos
maduros será para Meliá
Hotels International por el
proyecto Calviá Beach Resort
en Mallorca, innovadora
oferta de alojamiento y
ocio, que ha permitido el
reposicionamiento de una
oferta mediante la
aportación de un valor
añadido diferencial.
Finalmente, la Comunidad
Autónoma de Extremadura
recibirá la Placa al Mérito
Turístico en destinos
emergentes gracias a los
modelos de desarrollo
turístico que viene
utilizando y por saber
encauzar la promoción de sus
recursos naturales sobre la
base de sus activos
monumentales, potenciando su
imagen de destino bien
conocido en los circuitos
nacionales y destino
emergente en los
internacionales.
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
CERCA DE 37 MILLONES
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA
PROGRAMAS
DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
ALIMENTACIÓN Y PESCA
El Consejo de Ministros ha
aprobado la distribución de
36.857.344 euros entre las
Comunidades Autónomas para
el desarrollo de programas
agrícolas y ganaderos, así
como para líneas de
actuación relacionadas con
la alimentación y la pesca.
Se formalizan, de este modo,
los criterios de
distribución y los
compromisos financieros
acordados en las
Conferencias Sectoriales de
Agricultura y Desarrollo
Rural y de Pesca celebradas
el pasado 15 de octubre, a
las que asistieron los
Consejeros correspondientes
de las Comunidades
Autónomas.
Programas agrícolas
En el marco de los programas
agrícolas se ha aprobado la
territorialización de
13.610.000 euros para la
mejora del sector de frutos
de cáscara y las algarrobas,
que se distribuirán entre
las Comunidades Autónomas en
función de la superficie
determinada correspondiente
a esta campaña 2012-2013.
Por otra parte, y para las
líneas de actuación
relacionadas con la sanidad
animal y vegetal, se han
asignado 16.282.344 euros.
De estos fondos se destinan
9.258.064 euros para el
programa de lucha contra
plagas, para la erradicación
de organismos nocivos de
cuarentena o nuevos en el
territorio nacional, tanto
si es objeto de financiación
comunitaria a cargo de los
Fondos de Solidaridad o sin
posibilidad de financiación
comunitaria, y cuya
erradicación es obligatoria
por la normativa comunitaria
o española. Igualmente, esta
partida está destinada al
control de la langosta y
otros ortópteros, así como
el control de organismos
nocivos establecidos en el
territorio nacional (red de
seguimiento de las
poblaciones de la mosca de
la fruta).
En este mismo apartado se
incluye una partida de
3.500.000 euros que se
destinan al fomento del
asociacionismo para la
defensa sanitaria ganadera,
cuyos importes a distribuir
se han calculado mediante la
aplicación de una fórmula,
adoptada por consenso con
las Comunidades Autónomas en
el año 2007, que tiene en
cuenta el grado de
implantación de dichas
asociaciones en cada
territorio, así como el
grado de integración de
explotaciones y de censos en
dichas asociaciones.
Además, se han repartido
2.220.040 euros para el
fomento de agrupaciones
fitosanitarias y de
producción integrada. Para
el cálculo de las
asignaciones
correspondientes se ha
partido de las cantidades
solicitadas por las
Comunidades Autónomas, a las
que se han descontado los
remanentes existentes de
ejercicios anteriores.
Para la mejora de la calidad
y trazabilidad de los
sectores ganaderos,
identificación de ovinos y
caprinos, la Conferencia
Sectorial ha
territorializado 659.142
euros Esta cantidad está
destina a cofinanciar la
compra de los elementos de
identificación y registro de
los animales de las especies
ovina y caprina.
Sanidad de la
producción agraria
En el marco de la Sanidad de
la Producción Agraria
también se han distribuido
349.343 euros para el Plan
Integral de Subproductos.
Estas subvenciones se
contemplan en la normativa
sobre ayudas estatales
destinadas a las
explotaciones ganaderas,
industrias agroalimentarias
y establecimientos de
gestión de subproductos,
para la mejora técnica de
gestión de subproductos de
origen animal no destinados
a consumo humano.
Asimismo, se han destinado
201.760 euros al programa de
prevención de plagas. En la
presente propuesta de
distribución se han incluido
solamente los laboratorios
colaboradores con los
programas nacionales de
prospecciones
fitosanitarias, cuarentena y
de erradicación.
Por último, y para los
programas estatales de
control y erradicación de
las Encefalopatías
Espongiforme Transmisibles (ETT's)
y otras enfermedades de los
animales, se ha aprobado el
reparto de 93.995 euros.
Esta asignación se realiza
para ajustar la distribución
de fondos.
Industrias
agroalimentarias y pesca
El Consejo de Ministros ha
aprobado también el reparto
de 889.770 euros para el
programa de fomento del
consumo de fruta en las
escuelas. Estos fondos deben
destinarse preferentemente a
la realización de medidas de
acompañamiento y, en segunda
instancia, si fuera
necesario, se podrán
destinar a atender la
adquisición y distribución
de fruta, con el fin de no
perder la financiación
comunitaria asignada.
En el apartado de la pesca
se han destinado un total de
6.075.067 euros para
subvencionar distintas
líneas de actuación, en las
Comunidades Autónomas.
De estos fondos se han
asignado 3.566.857,45 euros
con el fin de equilibrar las
aportaciones del Ministerio
de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente para la
Cofinanciación del Fondo
Europeo de la Pesca, y los
compromisos de las
Comunidades Autónomas. Para
ello, se ha tenido en cuenta
los remanentes de tesorería
existentes en cada una de
dichas Comunidades.
Asimismo, se ha decidido
reasignar fondos FEP a las
Comunidades Autónomas, por
importe de millones de
euros, asignados a la
Secretaría General de Pesca
para su utilización por las
Comunidades Autónomas con
fines específicos, en
concreto destinados a la
paralización definitiva. En
concreto, los fondos serían
transferidos a la Comunidad
Autónoma de Murcia.
Esta reasignación de fondos
no tiene ninguna
consecuencia negativa en la
consecución de los objetivos
de déficit público, ya que
los fondos serían
transferidos desde una
partida de la Dirección
General de Ordenación
Pesquera previamente dotada
presupuestariamente de
fondos provenientes del
anticipo de la Unión
Europea.
También se ha aprobado la
distribución entre las
Comunidades Autónomas de
508.210 euros dentro de la
línea de actuación Planes
Nacionales de Cultivos
Marinos, según lo acordado
por la Junta Nacional
Asesora de Cultivos Marinos
(JACUMAR).
Hacienda y Administraciones
Públicas
RESPUESTA AL
REQUERIMIENTO DE CATALUÑA
SOBRE EL PLAN ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL
RIESGO QUÍMICO
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Acuerdo por que
se contesta al requerimiento
de incompetencia planteado
por la Generalitat de
Cataluña en relación con el
Real Decreto de 13 de julio
de 2012 por el que se aprobó
el Plan estatal de
protección civil ante el
riesgo químico.
La Comunidad Autónoma de
Cataluña plantea la
inconstitucionalidad del
citado Real Decreto por
entender que "no respeta la
posibilidad del ejercicio de
la competencia de la
Generalitat en la materia de
emergencias y protección
civil", y ello debido a que
"no se ha tenido en cuenta
suficientemente la
posibilidad del ejercicio de
la competencia que
corresponde a la Generalitat
de Cataluña, de acuerdo con
lo previsto en el artículo
132.2 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña,
abriendo los cauces y
previendo los mecanismos de
colaboración entre el Estado
y la Generalitat.".
En función de ello, en el
requerimiento se señala que
deberían ser objeto de
adaptación en Cataluña,
mediante los oportunos
mecanismos de colaboración,
los apartados 1.4, 2.1, 2.3,
4.4.1, 4.6.2 y 5.2.
Argumentos
El Estado da contestación al
requerimiento con los
siguientes argumentos:
-
A partir de la Ley de
Protección Civil, del 21
de enero de 1985, y de
la Norma Básica,
aprobada por un Real
Decreto de 24 de abril
de 1992, esta materia se
enmarca en un conjunto
de planes, unos de
naturaleza territorial,
para cuya elaboración y
aprobación son
competentes las
diferentes
Administraciones
Públicas en función de
su ámbito territorial y
otros, como en este
caso, de naturaleza
específica en función de
los diferentes riesgos.
El Tribunal
Constitucional desde su
Sentencia 123, del 18 de
diciembre de 1984, y,
sobre todo, en la
Sentencia 133, del 19 de
julio de 1990, tras
hacer una reflexión
general al encaje
constitucional de la
protección civil en el
artículo 149.1.29ª de la
Constitución, reconoce
la existencia de
competencias
compartidas, sin
perjuicio de la
atribución al Estado de
la competencia en
aquellos casos en que
esté presente el interés
nacional.
-
Sin perjuicio de afirmar
la competencia estatal
para dictar el Real
Decreto cuestionado, en
aras del principio de
colaboración que debe
presidir la relación
entre Administraciones
Públicas, y
especialmente en un
ámbito como el referido
a la protección civil,
donde la concurrencia
operativa de varias
Administraciones es la
regla general y no la
excepción, debe
manifestarse la voluntad
de la Administración
General del Estado de
estar abierta al acuerdo
respecto de aquellos
mecanismos de
colaboración que para la
gestión de las
emergencias reguladas
proceda establecer.
-
Ahora bien, sin
perjuicio de ello, no se
entiende vulnerado el
artículo 132 del
Estatuto de Autonomía de
Cataluña, en la medida
en que el Tribunal
Constitucional
estableció ya, en su
Sentencia 31/2010 sobre
el mismo, que tal
precepto estatutario "es
acorde con el orden
constitucional de
distribución de
competencias, ya que,
como evidencia su propio
tenor, reconoce la
indicada competencia
estatal al proclamar que
la competencia de la
Generalitat debe
respetar "lo establecido
por el Estado en
ejercicio de sus
competencias en materia
de seguridad pública".
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
REGULADA LA GESTIÓN
DE SUBPRODUCTOS ANIMALES Y
PRODUCTOS DERIVADOS NO
DESTINADOS A CONSUMO HUMANO
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por
el que se establecen normas
aplicables a los
subproductos animales y los
productos derivados no
destinados al consumo
humano. Su objetivo es
adaptar el régimen jurídico
nacional al nuevo marco
normativo de la Unión
Europea en relación con las
normas sanitarias aplicables
a esos subproductos y
productos derivados.
La nueva normativa permite
también .aclarar la
distribución de competencias
entre las diferentes
autoridades involucradas en
su aplicación, prever los
mecanismos de coordinación e
intercambio de información
entre ellas, y regular el
uso de determinadas
excepciones que la normativa
comunitaria contempla.
Novedades
Entre las novedades que
incorpora el Real Decreto
destaca la autorización de
las conchas de moluscos y
las cáscaras de huevo como
fertilizante o como materia
prima para la elaboración de
productos no destinados a la
alimentación animal. Este
nuevo uso permite a los
operadores valorizar el
subproducto, dando respuesta
a una demanda del sector
sobre los posibles destinos
de ambas materias.
Por otro lado, autoriza la
eliminación, en la propia
explotación, de los
subproductos animales que se
generen durante
intervenciones quirúrgicas
en animales vivos o durante
nacimientos de animales.
Asimismo, los animales de
compañía y los équidos
muertos pueden ser
eliminados mediante su
enterramiento.
Gestión de alimentos
En relación con la gestión
de alimentos, la nueva
normativa permite el
transporte de dichos
productos simultáneamente
con alimentos aptos para
consumo humano, siempre y
cuando exista una separación
efectiva entre estos
productos, evitando una
posible contaminación
cruzada, y con garantía
plena de trazabilidad, al ir
acompañados de un Documento
Comercial.
En el Documento Comercial
que debe acompañar los
movimientos de subproductos
de origen animal no
destinados al consumo humano
se incluye el contenido
mínimo y un modelo
armonizado, similar al
descrito en el Reglamento
Comunitario para el
movimiento entre Estados
miembros, en línea con el
fomento del uso de las
nuevas tecnologías. Para
agilizar la transmisión de
información, se incluye la
opción del envío de forma
telemática.
Para garantizar la
identificación de los
productos de mayor riesgo,
se establece la obligación
de marcar dichos productos
en las plantas de
transformación, incluso
cuando vayan a trasladarse
dentro del territorio
nacional.
Asimismo, todos aquellos
abonos y enmiendas de origen
orgánico que estén
elaborados a partir de
proteínas animales
transformadas deben
mezclarse con una sustancia
que excluya su uso en
alimentación animal.
Hacienda y Administraciones
Públicas
REPRESENTANTES DEL
GOBIERNO EN LA COMISIÓN DE
COOPERACIÓN ENTRE CASTILLA Y
LEÓN Y EL ESTADO
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Acuerdo por el
que se adapta la estructura
de la Comisión de
Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León
y el Estado a la nueva
estructura de los
Departamentos ministeriales
y a su estructura orgánica
básica.
Así, se tienen en cuenta las
funciones atribuidas a la
vicepresidenta del Gobierno
y ministra de la
Presidencia, como
coordinadora general de la
política del Gobierno y
apoyo inmediato a la
Presidencia, y al ministro
de Hacienda y
Administraciones Públicas a
quien corresponde las
relaciones con las
Comunidades Autónomas.
La Ley Orgánica de reforma
del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, del 30 de
noviembre de 2007, establece
la creación de la Comisión
de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León
y el Estado como el marco
permanente de cooperación de
ámbito general entre ambas
partes, de acuerdo con la
legislación vigente, sin
perjuicio de las funciones
atribuidas a otros órganos
concretos de cooperación
bilateral o multilateral, a
los efectos previstos en
dicho precepto.
Dicha norma establece,
además, que la Comisión
estará constituida por un
número igual de
representantes de la Junta
de Castilla y León y del
Gobierno de la nación.
REPRESENTANTES DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO EN EL CONSORCIO
VALENCIA 2007
Además, el Consejo de
Ministros ha aprobado un
Acuerdo por el que se
adaptan los representantes
de la Administración General
del Estado en el Consejo
Rector del Consorcio
Valencia 2007 a los nuevos
Estatutos aprobados en el
pasado mes de junio.
Para ello, se ha acordado el
cese de tres de los hasta
ahora siete vocales de la
Administración General del
Estado y a tres de sus
suplentes, de modo que el
número total quede reducido
a cuatro vocales y cuatro
suplentes, según lo
establecido en los
Estatutos.
Dichos representantes son
los siguientes:
Vocales: el
secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte
y Vivienda del Ministerio de
Fomento; el director general
del Instituto de Turismo de
España del Ministerio de
Industria, Energía y
Turismo; el director general
de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y
el director general de
Sostenibilidad de la Costa y
del Mar del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Suplentes:
el presidente del Ente
Público Puertos del Estado
del Ministerio de Fomento;
el subdirector general de
Cooperación y Competitividad
Turística del Ministerio de
Industria, Energía y
Turismo; la subdirectora
general de Dominio Público
Marítimo-Terrestre del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente, y la subdirectora
general del Tesoro del
Ministerio de Economía y
Competitividad.
Defensa
MINORACIÓN DE
240.066 EUROS EN EL
COMPROMISO PARA 2012 PARA EL
SISTEMA HELIOS II
El Consejo de Ministros ha
autorizado una minoración
del gasto por importe de
240.066,86 euros para la
anualidad 2012, al resultar
la contribución española al
Programa Helios II inferior
a la inicialmente prevista.
La decisión, que modifica el
acuerdo aprobado por el
Gobierno el pasado 10 de
febrero, en el que se
destinaron 18.788.800,00
euros durante los próximos
cuatro años a este programa,
se adopta tras comunicar el
presidente del Comité
Director Helios II que las
aportaciones españolas
durante 2012 ascenderían a
4.750.000 euros y que no
habría más peticiones de
fondos para este año.
El programa de observación
espacial Helios II, sucesor
del Helios I asegura la
continuidad del sistema de
vigilancia incorporando
sensores ópticos de mayor
definición e infrarrojos que
le permiten operar fuera del
espectro visible, con lo que
se consigue una mayor
capacidad y velocidad en la
captación y transmisión de
imágenes.
El sistema Helios II dispone
de dos satélites operativos,
el primero lanzado en 2004 y
el segundo en 2009.
BIOGRAFÍAS
Defensa
Director general del
Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas".-
Teniente General D.
JOSÉ MANUEL GARCÍA SIEIRO.
Nacido en 1948 en Galicia,
casado, con dos hijos,
ingresó en el Ejército en
1971 como Teniente de
Artillería.
Ha estado destinado en la
División de Planes del
Estado Mayor del Ejército,
en el Grupo de Artillería de
Campaña Autopropulsado Num.
XII y la División de Planes
del Estado Mayor de la
Defensa. Fue jefe de la
Sección de Planes y
Organización, coronel jefe
del Regimiento de Artillería
Antiaérea Num. 74 en Sevilla
y asesor militar en el
Ministerio de Defensa. En
2002 fue nombrado jefe la
División de Planes del
Estado Mayor del Ejército y,
posteriormente, jefe de la
División de Estrategia y
Planes del Estado Mayor
Conjunto. En septiembre de
2008 pasó a ocupar el puesto
de director general de
Armamento y Material.
Director general de Asuntos
Económicos.-
General de División
D. VICENTE GIMENO ARANGUEZ.
Nacido el 17 de octubre de
1951 en Madrid, casado, con
dos hijos, en 1975 obtuvo el
empleo de Teniente.
Ha estado destinado
sucesivamente en la
Dirección General de Asuntos
Económicos, en la Dirección
General de Servicios, en la
Subdirección General de
Gestión Económica, en el
Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial. En
2006 pasó a ocupar la
Agregaduría de Defensa en la
Embajada de España en
Washington y,
posteriormente, fue
subdirector de Contabilidad
y Presupuesto de la
Dirección de Asuntos
Económicos. Desde mayo de
2010 es subdirector general
de Contabilidad.
