Según ha podido saber este diario, el Ministerio de Hacienda movilizará en uno de los próximos Consejos de Ministros, previsiblemente mañana, al menos 2.500 millones de euros, aunque la cifra final podría ascender incluso a 3.600 millones de euros si llegan a buen puerto las negociaciones con las entidades financieras, que están siendo especialmente complicadas. Esta nueva inyección se sumará a los más de 9.000 millones que ya se pusieron a disposición de los acreedores de las entidades locales el año pasado y a los 17.000 millones que se abonaron a los sufridores proveedores de las CCAA.

Cristóbal Montoro ya ha dejado claro que una de sus prioridades este año será fulminar los impagos, ya sea aumentando las sanciones como obliga Bruselas o penalizando la financiación a las administraciones morosas. De hecho, la directiva antimorosidad de la UE (que obliga a pagar en 30 días como máximo a las administraciones y que endurece los intereses de demora) tiene que trasponerse en España antes del próximo 16 de marzo.

El primer plan de proveedores abonó 1.7 millones de facturas pendientes por las entidades locales y 3,7 millones de las CCAA. Sin embargo, dejó sin aflorar algunas deudas anteriores al 31 de diciembre de 2011 que ahora sí que saldrán a la luz. Por ejemplo, cobrarán los que prestaban servicios a los municipios por medio de mancomunidades, que no podían acogerse al sistema. En el anterior plan tampoco se permitió que se pagaran algunas deudas de empresas públicas participadas por las diputaciones, aunque el ayuntamiento tuviera el 99% de la propiedad. Los ayuntamientos hasta ahora sólo se beneficiaban de los cobros de las facturas enmarcadas en la Ley de Contratos Públicos, por lo que se dejaban fuera muchas facturas.

Otras fuentes apuntan que los proveedores de las comunidades que no se acogieron al primer plan de pago (Galicia, País Vasco y Navarra) también podrían beneficiarse en esta ocasión.

Los mayores beneficiados de la reedición del plan de proveedores serán de nuevo los autónomos y las pymes. De hecho, según el balance que presentó el Consejo de Ministros a mediados del año pasado, “de cada 100 proveedores a los que se han abonado sus facturas pendientes, 65 eran pymes, 35 personas físicas y tan sólo una gran empresa”. El Gobierno vende que la macrooperación financiera, pactada con las grandes entidades bancarias, no tiene precedentes históricos y ha permitido mantener o crear cien mil puestos de trabajo.

A pesar de que Montoro se ha enfrentado a grandes críticas por culpa de la subida del IVA, delIRPF, del Impuesto sobre Sociedades y sobre todo por la amnistía fiscal, también ha recibido el aplauso de los empresarios y de las patronales gracias al plan de pago a proveedores. De hecho, recibió a comienzos de enero el premio de la federación de autónomos ATA.

Los casos concretos dejan claro por qué la morosidad pública se había convertido en uno de los mayores lastres de la marca España: por ejemplo, con el primer Plan de Pago a Proveedores, que ahora se completará con 2.500 millones extra, se ha pagado una corona de Rey Mago que se debía desde el año 1996 en Jerez y tortillas de patatas que se sirvieron en la Expo 92 de Sevilla.

El Gobierno reconoce en privado que el plan de proveedores cubre la falta de compromiso de las administraciones en el pasado, pero no sirve para evitar que el problema se repita en el futuro. Por ello, ha anunciado que pondrá en marcha un mecanismo revolucionario para que el Gobierno pague directamente las deudas con los proveedores de las comunidades y de los ayuntamientos.

Esta herramienta que tiene previsto poner en marcha el Ejecutivo busca impedir que se acumulen facturas en los cajones de las consejerías y de los consistorios en el futuro, uno de los asuntos que más desconfianza ha generado sobre la marca España.