Montoro anunció el pasado 13 de diciembre que el Gobierno estudia la manera de adaptar la normativa vigente para poder publicar una lista con los mayores defraudadores a la Hacienda Pública, como se hace en otros países de la UE como el Reino Unido o Irlanda.

Fuentes de Hacienda indicaron a Europa Press que la publicación de la lista no se podrá hacer finalmente durante el primer trimestre, como estaba previsto, dado que dicha publicación debe hacerse con rango legal, ya que afecta al artículo 95 de la Ley General Tributaria, que indica que los datos fiscales tienen carácter reservado, y a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Lo que sí se hará dentro de este trimestre es definir la precisión de "parámetros objetivos" para configurar el listado, que identificará y publicará el nombre de los mayores defraudadores o morosos con independencia de su actividad económica y condición, ya sean personas físicas o jurídicas.

AMNISTÍA FISCAL

Por otro lado, Pérez Boga está convencido de que, finalmente, la gran mayoría de los contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal serán investigados por la Agencia Tributaria a pesar de las dudas iniciales, si bien desconoce si el organismo tributario incluirá en el plan de control de 2013 una línea de investigación específica para estos declarantes. Pérez Boga señaló que los inspectores aún no saben si Hacienda incluirá las 30.000 declaraciones presentadas en la amnistía fiscal en el plan de control tributario que está a punto de publicar, sobre todo después de que la Organización de Inspectores de Hacienda presentara un petición formal el pasado 6 de febrero solicitándolo.

De momento, la Agencia Tributaria no aclara si lo hará o no y se remite al citado plan de control tributario, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adelantó la semana pasada que se trasladará a las comunidades autónomas las bases tributarias de los contribuyentes que se han acogido a la amnistía para que puedan liquidar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio en los sucesivos ejercicios fiscales.

Para Pérez Boga, este anuncio da más certidumbre acerca de que la información de la amnistía será analizada, dado que los datos dejarán de estar en poder exclusivamente del Ministerio de Hacienda. "Se escapa al control del ministro", añadió. Además, recordó que quienes se han acogido a la misma han regularizado su situación fiscal respecto al IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, pero no en el caso de otros impuestos como el IVA, Sucesiones y Donaciones o Patrimonio.

Como consecuencia de ello, los inspectores recuerdan que pueden darse situaciones como que una persona física haya presentado la declaración especial, pero no conste el ejercicio de una actividad empresarial, por lo que es preciso comprobar el origen de las rentas para verificar que no proceden de actividades delictivas y, en caso contrario, remitir la información a jueces o fiscales. Asimismo, advierten de que la interpretación que realizó la Dirección General de Tributos sobre que la amnistía fiscal permite aplicar la figura de la prescripción en el proceso de regularización hace necesario que la Agencia Tributaria compruebe que las bases imponibles declaradas, y que no se han reflejado en cuotas tributarias ingresadas, corresponden efectivamente a ejercicios prescritos.