
7 Marzo2013 - elpais.es
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha hecho un envío masivo de
cartas tipo en las que informa a más de 7.000 ciudadanos de que ya no tienen
derecho a asistencia sanitaria por cobrar más de 100.000 euros al año. “Dicho
límite opera como requisito”, señala la misiva, que añade que “esta
circunstancia determina la extinción de su derecho como asegurado y el de sus
beneficiarios con efectos de 1 de abril de 2013”. El Ministerio de Sanidad
aprobó el año pasado un polémico decreto ley que expulsa a los inmigrantes en
situación irregular de la asistencia normalizada —solo se les reconoce la
atención en urgencias, parto, posparto y pediatría— y deja sin derecho a tarjeta
sanitaria a los rentistas que ingresen más de 100.000 euros al año y que nunca
hayan cotizado (también instauró el copago farmacéutico).
El envío de estas 7.000 cartas es una revisión con datos actualizados de la
declaración de la renta de 2011. El año pasado se hizo una primera remesa con
datos de 2010. El Ministerio de Sanidad estimó entonces que había unas 47.000
personas en esta situación y precisó que solo los que nunca hubieran cotizado se
verían privados de su tarjeta sanitaria. Sin embargo, en esta actualización se
han producido errores, que el INSS asegura que no podrá cuantificar hasta que
reciba las alegaciones de los afectados.
Es el caso de una mujer sin apenas ingresos propios (unos 550 euros) que hizo la
declaración de la renta conjunta con su marido y el miércoles recibió la carta
del INSS de Madrid con la referencia “Asistencia sanitaria legislación
española”. Su marido tuvo unos ingresos por rendimientos del trabajo en el año
2011 de algo más de 200.000 euros. El INSS le atribuye a ella la mitad para
considerar que ya no tiene derecho a la tarjeta sanitaria. La mujer no trabaja
actualmente, pero sí lo hizo durante años. Su última cotización es de 1980. Un
portavoz de la Seguridad Social explicó ayer que se trata de “un error puntual”
y descartó que se hayan hecho envíos indiscriminados a todas las personas que no
trabajan y tienen ingresos superiores a los 100.000 euros. “En este caso puede
haber fallado el registro con los datos de los cotizantes, porque la afiliación
es muy antigua”, añadió.
Una portavoz del Ministerio de Sanidad aseguró que los afectados tienen que
alegar porque si no lo hacen se les retirará la prestación el 1 de abril. La
propia carta del INSS informa de que es posible, en casos como el de esta
pareja, separar los ingresos imputables a cada miembro y hacerlo constar en la
alegación. “Nos preocupa que el trámite administrativo se alargue y le quiten a
mi mujer la tarjeta”, contó ayer el hombre. Aseguró que en la oficina del INSS a
la que acudió a informarse le dijeron que, si a partir del 1 de abril dejaba de
figurar en el sistema, le recomendaban pagar el tratamiento y exigir el
reembolso después.
No es la primera vez que la aplicación del real decreto ley genera problemas. El
año pasado farmacias y centros de salud detectaron casos de personas a las que
se había atribuido un código —que indica el porcentaje de copago de
medicamentos— incorrecto, porque las bases de datos no estaban actualizadas. Un
ejemplo fueron los jubilados recientes que seguían pagando como si estuvieran en
activo. La Defensora del Pueblo critica en su informe de 2012 la nueva
regulación sanitaria: “Esta situación no resulta congruente con el sistema de
financiación sanitaria”, que desde 1999 descansa “en la carga tributaria
soportada por todos los contribuyentes”, afirma.