14 de Marzo 2013 - elinversorinquieto.es
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado
ha pedido la aprobación de un plan de inspección de los representantes políticos
de todos las administraciones públicas y de todos los partidos políticos, y ha
solicitado que se trate de un plan de carácter permanente y que se incluya, por
tanto, cada año en el Plan de Control Tributario.
El presidente de la Organización de Inspectores, Ransés Pérez Boga, que presentó
este jueves un documento con propuestas del colectivo en materia de lucha contra
el fraude, destacó que en momentos como el actual, en el que los ciudadanos
consideran que el fraude y la corrupción son el segundo problema del país
después del desempleo, se hace más necesario que nunca este nuevo plan.
También piden que sea obligatorio remitir a la Agencia Tributaria la información
de los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como
cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos e
instituciones, como es la declaración de bienes y rentas que han de presentar
los diputados en el Congreso.
El seguimiento patrimonial de las personas condenadas por corrupción o tipificar
como delito, castigado con penas de prisión, la no entrega o falseamiento de
datos en la declaración de bienes patrimoniales son otras de las propuestas de
este colectivo.
A pesar de que para los inspectores ser político es una profesión de riesgo
fiscal, como así está reconocido internacionalmente en el caso del blanqueo de
capitales, desde el Ministerio de Hacienda se rechaza la posibilidad de
establecer una línea especial de inspección para este colectivo porque, a su
juicio, no está justificado. Para atajar la corrupción, los inspectores también
demandan potenciar la Fiscalía Anticorrupción, aumentando el número de
funcionarios de la Agencia Tributaria que auxilien a este órgano, así como
aprobar una ley anticorrupción que supervise y controle todos los casos y que
tenga facultades legales y medios necesarios.
Pérez Boga denunció que, además de desoír estas propuestas de la organización de
inspectores, el Gobierno, en la última modificación del Código Penal que entró
en vigor en enero, ha mantenido la "excusa absolutoria" en el caso de los
imputados por delito fiscal (fraude superior a 120.000 euros), de tal forma que
su delito queda fuertemente rebajado cuando en el plazo de dos meses desde su
imputación saldan sus deudas con Hacienda.
MENOS PENAS POR DELITO
En concreto, los jueces y tribunales pueden imponer al autor del delito la pena
inferior en uno o dos grados, lo que puede rebajar la pena de prisión a entre 3
y 6 meses (por lo tanto no supone el ingreso efectivo) y una multa del 25% al
50%, que es un importe inferior al que se le habría impuesto en el ámbito
administrativo. "El defraudador tiene la puerta abierta para que pagando lo que
no pagó en su día se pueda librar de la cárcel", insiste Pérez Boga, quien se
preguntó de qué sirve el endurecimiento de las penas en el Código Penal si al
que paga, aunque ya esté imputado, le resultan ahora mucho más ventajosas las
penas que las que se imponían antes de la reforma.
Los inspectores de Hacienda, que dan toda credibilidad a los estudios que cifran
en torno al 20% del PIB la economía sumergida, denuncian también que, de acuerdo
con el modelo de inspección actual, apenas tienen tiempo para investigar el
fraude más sofisticado y complejo. En este sentido, indican que cada equipo de
inspección debe analizar a 12 grandes empresas al año, lo que por término medio,
supone dedicarles únicamente 20 días, un tiempo que consideran claramente
"insuficiente".
A la escasez de medios, se une también, según denuncian, los baremos utilizados
para repartir entre los funcionarios de la Agencia Tributaria el complemento de
productividad (que puede llegar a ser hasta el 25% del sueldo), que priman el
número de contribuyentes investigados y la deuda recaudada, lo que motiva que se
cierren los expedientes rápidamente, regularizando los incumplimientos más
visibles y dejando de investigar las estructuras más complejas.
PIDEN TRABAJAR POR LAS TARDES
Además, también rechazan que todo procedimiento de inspección se debe realizar
en un máximo de 12 meses --limitación que no existe en ningún país
desarrollado--, por lo que los expedientes se tienen que cerrar muchas veces
antes de haber descubierto todo el fraude.
Ante este panorama, la Organización de Inspectores pide un plan especial de
actuaciones en la Agencia Tributaria, de tal manera que los funcionarios puedan
trabajar horas extra, acudiendo por las tardes a sus puestos de trabajo por
ejemplo, y sin coste para el organismo, ya que se podría financiar con el 5% del
fraude descubierto por este trabajo extra. Así, de cada 100 euros de mayores
ingresos obtenidos, 5 se destinarían al pago de los mayores gastos en la
ejecución del plan.