
10 de
marzo
2013 - expansion.com
La crisis está provocando que las empresas estén sufriendo una
reducción de costes y cambios en sus presupuestos, lo que está afectando también
a la externalización de los servicios legales, es decir, a la contratación de
bufetes.
La mayoría de los asesores jurídicos de las compañías que se dieron cita en el
encuentro organizado por Unidad Editorial, editora de EXPANSIÓN, coincidieron en
afirmar que ya no aceptan propuestas de facturación por horas al contratar a
despachos, sobre todo en asuntos procesales, y que la tendencia es sólo aprobar
presupuestos cerrados u otras fórmulas. "Cada vez intentamos que haya más
vinculación al éxito, la máxima posible. Ya no aceptamos propuestas por horas",
afirmó Rosana Viejo, directora de Procesal y Asuntos Generales de Bankinter.
Carlos Garnica, de la Asesoría Jurídica Procesal de Banco Santander, aseguró que
"en los tiempos actuales la facturación por horas puede ser un peligro. Siempre
intentamos tener presupuestos cerrados de los bufetes, y excepto una firma que
nunca quiere, siempre lo conseguimos".
Las empresas están poniendo unos límites, sobre todo para temas de procesal, y
más allá de esa cantidad no pagan más dinero. "Ese tope incluye todo, incluida
la iguala. En un año, el despacho en cuestión no nos puede facturar más de esa
cantidad pactada", explicó Viejo.
Sin embargo, una de las afirmaciones que más trascendieron fue la relacionada
con los procuradores. "Estamos cuestionándonos la figura del procurador interno,
porque suele ser un caos gestionar todas esas facturas. Por eso estamos
empezando a pactar con los bufetes que en el tope del presupuesto también esté
incluido este coste. Que luego los letrados elijan al procurador que quieran con
total libertad", manifestó Viejo.
La medida significaría un importante ahorro. A algunos de sus colegas presentes
en el seminario les pareció una idea interesante, sobre todo en el sector
bancario y en empresas de determinados mercados, mientras otros asesores
jurídicos no creen que en sus compañías o entidades esta propuesta salga
adelante.
Por su parte, la representación de despachos en la mesa redonda también mostró
su punto de vista en la relación entre el letrado externo y el abogado in-house.
Para Enrique Carretero, socio de Baker & McKenzie, "la facturación horaria está
aniquilada en algunas áreas como procesal y es lógico ir a presupuestos cerrados
en los tiempos actuales, pero al mismo tiempo el criterio horario es adecuado si
se hace bien y con corrección".
José Luis Esteban Villar, de Esteban Villar Abogados, se quejó de las
condiciones que en ocasiones imponen las asesorías jurídicas en la negociación
de honorarios. "No son generosas y a veces necesitarían más humildad", afirmó.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el mismo encuentro tuvo lugar una mesa
redonda sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que lleva en
vigor dos años y que exige, entre otras cosas, medidas de prevención para las
empresas. Alfredo Domínguez, director de cumplimiento normativo de Cuatrecasas,
Gonçalves, Pereira afirmó que una de las principales novedades que se producen
es que "a la hora de efectuar una querella contra la persona jurídica por un
delito de la persona física en interés de la empresa, no es necesario localizar
a la persona física".
Domínguez también alertó de que a la hora de adquirir una empresa es necesario
"extremar las precauciones, como una due diligence, por si tiene
responsabilidades penales". Por su parte, Nuria Sánchez, jefe de equipo de
Procesal de BBVA, aludió al nuevo estatuto procesal de las personas jurídicas y
aseguró que "en los juzgados no saben aplicarlo bien y en las empresas tampoco
están sabiendo".
Domínguez y Sánchez explicaron la figura del representante especialmente
designado, como reflejo de la persona jurídica en el proceso penal, y alertaron
de que la semana pasada la Audiencia Nacional se saltó esta figura al citar
además como testigo a José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.