Una deuda para cancelar otra. Esa es la fórmula que utilizó el Consell el pasado año para poder abonar a la Seguridad Social las cotizaciones de octubre de sus trabajadores. La Generalitat aprovechó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) -el mecanismo pergeñado por Cristóbal Montoro para insuflar oxígeno a las comunidades en apuros- y destinó 76 millones de euros incluidos en él para abonar al Estado la cuota de ese mes. La ecuación es sencilla. El Gobierno central formalizó un préstamo con el Consell para saldar sus deudas y acto seguido, el Ejecutivo de Alberto Fabra reintegró una parte de ese dinero. Eso sí, con sus correspondientes intereses, que se pagarán, junto a las amortizaciones, durante una década.
El Ministerio de Hacienda tuvo claro el orden de pagos. Cuando aprobó el FLA, impuso a las comunidades que antes de saldar cualquier otra cantidad pendiente, pagaran al Estado las que tenían contraídas con él. Y así fue. La Generalitat, en un acuerdo firmado el 30 de octubre, decidió echar mano del mecanismo de rescate. De los más de 2.500 millones que el Gobierno central aprobó para la Comunitat Valenciana y que se repartieron en varias remesas, 76 sirvieron para pagar las cotizaciones de octubre de los empleados públicos. Así lo revela una respuesta parlamentaria del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, al portavoz de Economía del PSPV en las Cortes, Julián López Milla.
En ella, el titular de las finanzas autonómicas además saca a la luz que a principios de 2012, aún sin FLA, el Gobierno valenciano se vio obligado a llegar a un acuerdo con la Seguridad Social para aplazar parte de los pagos del año anterior. Desde enero de 1999, el Consell abona mes a mes una cantidad fija por las cotizaciones de sus empleados. Y al finalizar el primer trimestre del siguiente año, procede a realizar la regularización. Si ha pagado más de lo que le correspondía, recibe una transferencia de la Tesorería de la Seguridad Social, mientras que si ocurre lo contrario, es el Consell el que tiene que abonar la diferencia.
El 31 de marzo de 2012, sin embargo, no pudo abonar las cantidades pendientes de 2011. Ambas partes alcanzaron un acuerdo y la Generalitat realizó el abono semanas después. "La liquidación de 2011 ha sido objeto de un aplazamiento de pago, cumpliéndose correctamente a sus vencimientos", reza la respuesta parlamentaria firmada por el conseller de Hacienda.
El diputado socialista se interesó también por si el Consell utilizó el fondo de rescate estatal para satisfacer alguna cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Moragues le acaba de responder ahora que no.