20 Marzo 2013 - sociedad.elpais.com

Tres bancos de gimnasio hacen de somier. Sobre ellos, una colchoneta. En la mesa junto a un invisible cabecero, se amontonan varias cajas de medicamentos y un botiquín. Una mampara, de la que cuelga una bata verde, aísla esta peculiar habitación de la sala de profesores. Bajo el nombre de Centro de recuperación del docente y de mantenimiento de la nómina, profesores del instituto Camas, en esta localidad sevillana, han puesto en marcha un “hospital de campaña” para que aquellos compañeros que contraigan alguna enfermedad y no quieran aceptar la baja médica para no ver mermado su sueldo sean cuidados allí por el resto.

Con esta iniciativa, los trabajadores protestan contra la medida del Gobierno de descontar de sus salarios las retribuciones de los días que estén de baja por una enfermedad común o por un accidente no laboral: el 50% durante los tres primeros y el 25%, a partir del cuarto y hasta el vigésimo. Aunque no se deducen los cuatro primeros días del año natural, un punto que muchos desconocen. La reducción se extiende a todo el personal de la Administración del Estado, pero por la contribución social de los docentes, la movilización es mayor. “El Gobierno ha traspasado con esta normativa una frontera que creíamos infranqueable”, dice Vicente Martín, impulsor de la protesta de Camas.

Este tajazo —o el temor de que exista— puede estar entre las causas de la disminución de las bajas médicas del profesorado con respecto al curso anterior. Según cifras proporcionadas por las autonomías, si se comparan los datos de noviembre y diciembre de 2011 con los del 2012, han descendido mucho. Desde el 16% de La Rioja al 48% de la Comunidad Valenciana, pasando por el 20% de Baleares, el 22% de Castilla y León y Galicia o el 30% en Cataluña. Y todo ello en años donde la incidencia de la gripe, por ejemplo, ha sido muy similar.

“Si tenemos en cuenta los recortes y la supresión de la paga extra, hemos perdido un 30% de nuestros salarios. Nos encontramos ya en una situación límite. Si para nosotros es complicado, para los funcionarios que son mileuristas la situación es extrema”, asegura Pedro Rodríguez, profesor de Lengua en Camas.

El cuadro de enfermedades profesionales del Ministerio de Sanidad solo considera padecimiento propio de los docentes los nódulos en las cuerdas vocales. Hasta ahora, la inclusión o no en esta lista no preocupaba a los sindicatos, pero cuando la catalogación como enfermedad laboral supone que al profesor se le descuente o no dinero con la baja, la cosa cambia. Por ello, FETE-UGT Castilla y León ha pedido en un escrito al Gobierno autónomo que se alargue la lista de enfermedades profesionales. “Te cubre los nódulos, pero no el resto de dolencias de laringología: faringitis, afonía… Ni lumbalgias u otros dolores de sobresfuerzo; ni resfriados por corrientes que cada vez son más por la falta de calefacción en las aulas”, se lamenta José Antonio Ferrero, secretario de salud laboral del sindicato. “Ya en 2010 la Organización Internacional del Trabajo recordó que debían alargar el cuadro”, añade.

La Seguridad Social dispone de un fichero informático con las patologías que tienen su origen probado en el puesto de trabajo —por ejemplo el dolor de espalda o la lumbalgia—, pero que no tienen cabida en el actual cuadro de enfermedades profesionales, las llamadas Panotrats. El médico de familia comparte así directamente la información de la baja provocada por el trabajo con las mutuas y la Seguridad Social.

Los médicos de Muface —la mutua que cubre a una gran mayoría de funcionarios, entre ellos a casi todos los profesores, que pueden elegir entre esta atención y la de la sanidad pública—, sin embargo, no tienen ese listado. Cada docente debe rellenar un largo expediente en el que cuenta su caso. Una práctica que muchos pasaban por alto antes y que ahora completan para demostrar que su afonía o estrés tienen su origen en el aula y, por tanto, no deben deducirles nada. “Reclamamos que en Muface exista también un registro de Panotrats que facilite los trámites”, sostiene Ferrero.

“Cuando se comunicó al profesorado la medida hubo inquietud y malestar, ¿quién no se pone malo al menos una vez al año o cada dos años tres días seguidos? Ahora, al saber que no se nos descuentan los cuatro primeros días del año, nos ha parecido bien. Es una medida para frenar posibles abusos”, piensa Ana Belén Ladrón de Guevara, directora del colegio Federico García Lorca de Alcorcón. Su asociación de padres recoge firmas para pedir que las bajas docentes se cubran con inmediatez: “Los niños no pueden estar 15 días sin avanzar en la materia”.

El funcionamiento del hospital del instituto de Camas es sencillo. Los voluntarios se encargarán de desplazar a los compañeros enfermos hasta el instituto si este no puede llegar por sí mismo. Allí pasarán la jornada en cama mientras sus colegas atienden a sus alumnos. “Si manejamos la materia podremos seguir impartiéndola, si no, el profesor hará uso de las actividades que el enfermo haya programado”, explica Martín, quien resalta que esta colaboración “siempre” se realizará en las horas libres de cada docente. Aún nadie ha hecho uso del servicio. “Algunos se han recostado porque no se encontraban bien. Y directores de colegios de la zona se han acercado para conocer más sobre esta propuesta”, puntualiza el vicedirector, Carlos Herranz.

Una baja, se quejan muchos, relativa. Lo denuncia el sevillano Jesús Cejas, aquejado de un edema óseo en un pie, en una carta a EL PAÍS titulada 446,50 euros, la cantidad que le han restado. “Durante los 20 primeros días de mi baja no he dejado de trabajar para mi centro desde mi casa. He enviado mediante correo electrónico actividades para que mis alumnos de la ESO estuvieran atendidos por los profesores de guardia durante mi ausencia. Es más, preparé material adicional y exámenes para que mi sustituta lo tuviera todo listo en su incorporación”.

Con un sueldo medio de unos 1.800 euros, Martín señala que una baja de 20 días supone una reducción salarial de unos 700 euros. “Una gripe serían 200 euros”, apunta otro profesor. “Hay compañeros que tienen que pagar hipoteca, pasar la pensión, pagar una segunda vivienda porque no tienen su destino definitivo en su lugar de residencia… gastos que deben hacer frente y que les aboca a venir al centro estén como estén”, asegura Martín. El hospital de Camas continuará hasta que el Gobierno rectifique. “Esto no es un teatrito de hoy para mañana. Estamos concienciados”.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha denunciado otro frente. En su último informe lamenta el nuevo sistema de bajas de Castilla-La Mancha. Cuando se produce una, Hacienda tiene que dar una autorización para contratar al sustituto por cuatro meses. Y, si se le necesita más tiempo, hay que reiniciar el proceso. Algo “nada deseable para la atención de los alumnos”.