05 Abril 2013 - elconfidencial.com

Todas las viviendas construidas antes de 2007 deberán contar con este documento, cuya función es describir lo eficaz que es un inmueble en cuanto al consumo de energía. Un certificado similar a la etiqueta de los electrodomésticos y que permite al consumidor conocer aspectos tan relevantes como el gasto eléctrico o de agua, nivel de ruido...

El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado finalmente el Real Decreto que, siguiendo las exigencias de Bruselas, así lo regula y podría afectar a un millón y medio de viviendas, según estimaciones de Certicalia, una plataforma on-line especializada en certificación energética.

La etiqueta deberá aparecer en todos los anuncios, ofertas, promociones y publicidad dirigida a la venta o alquiler de cualquier inmueble. Lo clasificará con un código de color y una letra –del verde al rojo y de la A a la G-, según su consumo energético (como muestra la imagen superior). Siendo la A la calificación más alta calificación (mayor ahorro) y la G, la más baja (mayor gasto).

Un ahorro energético de hasta el 70%

Aunque no será obligatorio tener una calificación mínima para poder vender o alquiler el inmueble, lo cierto es este certificado jugará un papel muy importante en la decisión del potencial comprador o inquilino de la vivienda. No en vano, el ahorro energético entre dos viviendas de las mismas dimensiones, entre una calificación A y una calificación G, puede ser del 70%, según estimaciones de Certicalia. Esto se traduce en que el propietario o inquilino de una vivienda con calificación A pagará en energía un 70% menos que el propietario de una vivienda de calificación G para conseguir los niveles de confortabilidad normales.

"Era absolutamente necesario. El ahorro energético y económico va a ser muy elevado", explica Pilar Pereda, secretaria general del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

Entre los condicionantes que determinarán la calificación de una vivienda se encuentran los materiales de la fachada y su orientación, la envolvente de la vivienda (techo, paredes y suelo), la calidad de las ventanas y persianas, el tipo de calefacción y su combustible, y la clase de electrodomésticos que contenga.

Además del estudio para obtener el certificado, cada vivienda analizada recibirá una serie de recomendaciones de mejora que permitirán aumentar al menos un nivel en la escala de eficiencia energética si la calificación es B o C, o dos cuando la vivienda originalmente cuenta con una calificación D, E, F o G. Pero los expertos insisten en que no es necesario obtener una calificación mínima para poder vender o alquilar una vivienda, como tampoco será obligatorio acometer reformas para mejorar dicha calificación.

"El arquitecto o ingeniero sugerirá medidas de mejora y el propietario es quien decidirá si las acomete o no. Desgraciadamente no estará obligado a implantarlas", apunta Pilar Pereda.

Los elementos habituales que se podrían reformar para mejorar la calificación serían la caldera, las ventanas, la iluminación o el aislamiento. “Son mejoras sencillas de realizar cuyo coste podría rondar los 5.000 euros para subir dos niveles”, calculan en Certicalia.com.

La gran incógnita sigue siendo el coste de estos certificados, aunque podemos hacernos una idea respecto a los precios que se manejan en algunos países europeos. En Italia ronda los 250 euros y en Alemania, los 500 euros para un piso medio de 100 metros cuadrados.

Tendrán una validez de diez años, el coste correrá a cargo el propietario del inmueble –vendedor o arrendatario- y será su responsabilidad renovarlo.

Dichos certificados solamente podrán emitirlo titulados superiores como arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos, un sector especialmente denostado por la crisis. En algunos portales como Certicalia.com, los usuarios pueden solicitar presupuesto a más de un millar de profesionales.

Viviendas, oficinas, edificios públicos...

La medida no afecta solamente a las viviendas o edificios de viviendas. También a oficinas, locales comerciales y a todos los edificios públicos o privados que presten servicios públicos a un número importante de personas y que, por consiguiente, sean frecuentados habitualmente por ellas, con una superficie útil total superior a 1.000 metros cuadrados. Deberán exhibir obligatoriamente, en un lugar destacado y visible por el público, la etiqueta de eficiencia energética, cuando les sea exigible su obtención.

Quedan excluidos los edificios y monumentos protegidos, los utilizados como lugares de culto o los edificios de viviendas que sean objeto de un contrato de arrendamiento durante menos de cuatro meses al año, entre otros. Tampoco afecta a los alquileres que tengan una duración anual inferior a cuatro meses o a viviendas o inmuebles que vayan a ser demolidos.