04 Abril 2013 - cincodias.com

El pasado 16 de marzo se transpuso en España la directiva europea de plazos de pago que establece que las Administraciones publican tendrán que pagar las facturas por los bienes y servicios que contraten en un periodo que no supere los 30 días. Ese plazo es el mismo que figura en la Ley de Morosidad para este año, que, sin embargo, ha sido sistemáticamente incumplido por las comunidades autónomas y ayuntamientos, que se han financiado a través de los impagos a los proveedores.

La entrada en vigor de la normativa europea lo ha cambiado todo. La fecha de su transposición no es baladí, ya que ha coincidido con las negociaciones que mantiene el Ejecutivo español con Bruselas para que le flexibilice el objetivo de déficit público. En principio debe llegar al 4,5% del PIB este año, algo muy difícil si se tiene en cuenta que cerró 2012 con un 7% tras realizar un ajuste sin precedentes. El Ejecutivo confía en que Bruselas le conceda un colchón de 1,5 puntos, de tal modo que la meta a alcanzar se limite al 6% y se liberen en torno a 15.000 millones de euros.

Fuentes cercanas al Ejecutivo confirman que las autoridades comunitarias han introducido en las negociaciones del déficit el cumplimiento de los plazos de pago como condición sine qua non para flexibilizar el objetivo de déficit. Ante esta exigencia, el esquema que estudia el Ejecutivo, según esas mismas fuentes, es dedicar esos 15.000 millones a que las comunidades autónomas paguen sus deudas con los proveedores.

Esa posibilidad ya estaba contemplada en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ideado por el Gobierno para este año y dotado con 23.000 millones de euros. El problema, según confiesan las patronales sanitarias Fenin y Farmaindustria (que acumulan el 70% de la deuda comercial de las autonomías), es que las prioridades marcadas en el FLA son los vencimientos de deuda y la refinanciación del déficit. Teniendo en cuenta que las autonomías afrontan este año vencimientos de deuda por valor de 15.069 millones de euros (el 65% del total) y que muchas de ellas tendrán que pedir recursos para refinanciar el déficit, la parte que va a quedar para el pago a proveedores es exigua. Fuentes empresariales creen que podrían quedar apenas entre 800 y 900 millones de euros, con lo que solo se podría pagar la deuda con las oficinas de farmacia.

Por este motivo, el Ejecutivo quiere utilizar los 15.000 millones del nuevo margen para que las comunidades abonen sus deudas pendientes. Para lograr que cumplan los plazos de pago, Hacienda trabaja en el diseño y aplicación de un sistema de retenciones a aquellas Administraciones que superen los 30 días de plazo fijados por la directiva comunitaria. De este modo, todas las empresas podrían presentar, transcurrido el periodo de un mes, la factura impagada a Hacienda, que sería la encargada de abonársela. Para recuperar el importe pagado, el departamento dirigido por Montoro retendría la participación en los ingresos del Estado de la citada administración local o autonómica.