La fiscal accedió entonces a rebajar su petición de condena inicial, que rondaba entre los tres años de cárcel, con multas de 3.600 euros, hasta los nueve y multas de 1,5 millones para los considerados cabecillas de la trama.

Así, ahora, la Sección Segunda, según el fallo al que ha tenido acceso Europa Press, impone al acusado principal, Emilio S.R., una condena de tres años por un delito contra el sistema de la Seguridad Social, que incluye la prohibición del derecho a percibir subvenciones o ayudas sociales por un periodo de cinco años.

Otro delito contra el sistema de la Seguridad Social se le atribuye también a otras seis mujeres, entre ellas su esposa, su madre, su hermana y su cuñada, que deberán hacer frente a dos años de cárcel, y a la misma prohibición del derecho a percibir ayudas sociales por tres años. En concepto de responsabilidad civil, el presunto cabecilla y el resto de sus familiares deberán hacer frente al pago de 952.574,60 euros al SPEE.

Al resto de los encausados, el tribunal les condena a nueve meses de prisión, que disminuye a tres meses en el caso de dos de ellos, que ya han abonado íntegramente las cantidades percibidas indebidamente y que por ello se les aplica la atenuante de reparación del daño. Todos deberán hacer frente a sus respectivas indemnizaciones al SPEE, con cantidades de entre los 2.481,12 euros y los 13.479,77.

Asimismo, la sentencia recoge la absolución instada por la Fiscalía a un toxicómano y otro hombre dedicado a la recogida de chatarra a los que inicialmente se les imputaba por presuntamente haber dado de alta a las dos empresas fantasmas de las que se valieron el resto para defraudar las prestaciones sociales, al entender que no "tenían conocimiento de la constitución" de las mismas.
Según la resolución, el principal imputado, Emilio S.R, puesto previamente de acuerdo con diversos miembros de su familia y entorno, entre ellos su esposa, su hermana, su madre y su cuñada, "urdieron un plan directamente encaminado a conseguir de manera fraudulenta y mediante engaño" la obtención de las prestaciones y subsidios por desempleo mediante la creación de un entramado de sociedades con la finalidad de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social a cambio de una cantidad de dinero no determinada que, en cada caso, era entregada por el supuesto trabajador, durante los años 2007, 2008 y 2009.

Para ello, el procesado y su familia, también acusados, se valieron de dos personas interpuestas, de otro de los inculpados, sin profesión y dedicado a la recogida de chatarra, y de un toxicómano, también imputado, y con fecha 13 de diciembre de 2005 y 22 de octubre de 2004 procedieron a dar de alta a estos como empresarios individuales, a través de las razones sociales de dos empresas del sector de la construcción "sin actividad real, ilocalizables, sin domicilio social y fiscal real, sin centro de trabajo y sin los medios materiales necesarios para prestar los supuestos trabajos", sin que éstos tuvieran conocimiento de esa constitución.

Seguidamente, los encausados, "simulando íntegramente una relación laboral inexistente", y "conociendo que nunca iban a ser prestados los trabajos", tramitaron en la Seguridad Social numerosas altas de trabajadores previa elaboración del correspondiente contrato de trabajo ficticio que era presentado ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), manteniendo a los trabajadores en esta situación de alta laboral "durante el tiempo suficiente para poder acceder a las prestaciones y subsidios por desempleo y sin abonar nunca las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social".

A continuación "simulando igualmente" el cese en la relación laboral, los acusados presentaron ante el SPEE la documentación necesaria para la consecución de su objetivo, de forma que obtuvieron y les fueron abonadas las prestaciones y subsidios por desempleo, logrando defraudar un total de 345.601,74 con una de las empresas, con el alta de 78 trabajadores, y con la otra 607.512,86, con 103 solicitudes de altas.

Los empleados, puestos de común acuerdo con Emilio S.R. y su familia, elaboraron documentos de trabajo ficticios que después se daban por finalizados para presentar la correspondiente solicitud de subsidio de desempleo y conseguir cantidades que rondaron entre los 2.000 y los 13.000 euros.