Primera sentencia contra el fraude a la Seguridad Social tras la reforma del Código Penal
La Audiencia Provincial de Granada ha dictado la primera sentencia que aplica y condena a los autores de un delito de fraude de prestaciones al Sistema de la Seguridad Social tras la reforma del Código Penal, dentro del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

04 Abril
2013 - laboralsocial.com El
procedimiento tuvo su origen en la
“Operación nota”, desarrollada por la
Brigada de Delincuencia Económica y
Fiscal contra cincuenta acusados. Siete
de ellos han sido condenados como
organizadores o promotores de la trama.
La sentencia condena además a 41
personas por delito de fraude de
prestaciones al participar en la trama
como supuestos trabajadores. La
Audiencia Provincial considera probado
que la trama se sirvió de un toxicómano
y una persona dedicada a la recogida de
chatarra, a las que, sin su
conocimiento, procedieron a dar de alta
como empresarios individuales en el
sector de la construcción. Las
sociedades creadas no tenían actividad
real y carecían de domicilios sociales o
fiscales reales, centros de trabajo, ni
medios materiales para prestar
servicios.
Los acusados tramitaron numerosas altas
de trabajadores en empresas ficticias, a
cambio de una cantidad determinada de
dinero que en cada caso entregaba el
supuesto trabajador.
La Audiencia Provincial de Granada
condena a los siete promotores a pagar
una indemnización de 952.574,60 euros al
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), cantidad que corresponde a las
prestaciones y subsidios indebidamente
percibidos entre 2006 y 2011. Los otros
41 condenados deberán responder
solidariamente con los organizadores de
la trama por las cantidades individuales
por ellos percibidas.
Asimismo, la sentencia acuerda oficiar a
la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS) para que declare nulos los
periodos cotizados fraudulentamente en
las empresas ficticias a los efectos
derivados de su afiliación al Sistema de
Seguridad Social.
Los condenados deberán indemnizar al
Servicio Público de Empleo Estatal con
una cantidad cercana al millón de euros,
correspondiente a las prestaciones y
subsidios indebidamente percibidos entre
2006 y 2011
Detalles de la trama
Los acusados tramitaron numerosas altas
de trabajadores en dichas empresas, a
cambio de una cantidad determinada de
dinero que en cada caso entregaba el
supuesto trabajador. Estos trabajadores
se mantenían de alta en el Sistema
durante el tiempo suficiente para poder
acceder a prestaciones y subsidios de
desempleo, y sin abonar nunca las
correspondientes cotizaciones a la
Seguridad Social.
Posteriormente, simulaban el cese de las
relaciones laborales presentando ante el
SEPE la documentación necesaria para la
obtención de las prestaciones y
subsidios de desempleo, para lo que
contaban con participación de los
supuestos trabajadores.