22 Abril 2013 - elconfidencial.com

En 2000, las proporciones eran 39,2% buena y un 2,3% mala. La brecha entre políticos y ciudadanos, sobre todo los jóvenes, es sideral. Se oyen voces de todas las ideologías que propugnan cambios integrales en el sistema. No hay más que ver la sección de política de la Casa del Libro, repleta de llamamientos a la rebelión ciudadana y tratados sobre la desigualdad impositiva o refiriéndose a la clase política salida de la Constitución del 78 como “la casta”. La pregunta que surge es obvia: ¿alguna vez la política, en nuestro sistema democrático, ha servido como herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos?

Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Complutense, considera que los ciudadanos sí perciben y saben que las leyes les afectan, aunque considera que en la sociedad española “cambios importantes no han necesitado leyes, y leyes que lo parecen no lo han sido. En la educación, por ejemplo, grandes cambios no han venido por vía de las leyes y grandes leyes han producido pocos cambios”.

Pero no es fácil encontrar ciudadanos que hagan valoraciones de las leyes que cambiaron su vida. Un ejemplo paradigmático, un taxista asegura que a él nunca ninguna ley aprobada en el Congreso le ha mejorado la vida porque “en treinta y cinco años de democracia mi nivel adquisitivo no ha hecho más que descender, mi vida ha ido a peor. Eso es lo único que sé”.

La Constitución

La respuesta mayoritaria a la hora de valorar leyes, o un marco normativo, que haya mejorado su vida hace referencia a la Constitución. “La libertad de expresión, poder protestar, manifestarse, ese es el mayor cambio que noté yo”, dice Esther. Para Rubén, que tiene 40 años, la carta magna cambió completamente la vida de sus padres, que eran testigos de Jehová: “Antes, se tenían que esconder, tenían que hacer sus reuniones en casa de forma clandestina. Te podían meter en la cárcel. Tampoco podían celebrar sus matrimonios, porque era muy difícil antes de la Constitución casarse sólo por lo civil. Era una situación muy complicada y sólo estaban practicando su religión sin hacer daño a nadie ni meterse en la vida de nadie”.

Rafael Diaz Arias, jurista, periodista y profesor de la Universidad Complutense confirma la importancia que tuvo la Constitución para mejorar nuestra vida: “Aunque resulte tópico y obvio, es la norma que más ha cambiado la vida de los españoles en estos 35 años. En el proceso constituyente se dio un equilibrio de fuerzas: los poderes fácticos impusieron desde la Corona hasta las relaciones privilegiadas con la Iglesia Católica, pero a cambio se logró un reconocimiento efectivo de los derechos civiles y políticos, con protección judicial directa y un avanzado conjunto de derechos sociales, aunque sólo como inspiradores de las políticas públicas. Lo más importante fue el cambio de los valores esenciales, legalidad, igualdad ante la ley y, sobre todo, la función promovedora de los derechos fundamentales que se atribuye a todas las instituciones públicas”.

Ley de pensiones no contributivas

Aunque la Constitución marco un antes y un después para muchos españoles, aún se pueden recoger recuerdos positivos de la etapa posterior. María, por ejemplo, es una maestra jubilada. Recuerda que en su pueblo supuso una gran transformación a mejor la ley de las pensiones no contributivas. En 1990 esta medida dio un subsidio a casi medio millón de jubilados que no habían cotizado: “Había obreros del campo, mujeres que limpiaban en casas en la capital y luego volvían al pueblo, muchísima gente que no había cotizado nunca. Tenían unas pensiones miserables, de 3.000 pesetas. Cuando de repente se encontraban con una pensión de 30.000 les cambiaba la vida. Algunos recuerdo que pudieron volver a comprarse ropa, que llevaban sin hacerlo diez años lo menos, salían a tomar algo, fue un cambio muy grande. Lo notamos mucho. El problema es que cuando vieron que estaban dando pensiones a todo el mundo que las pedía, los que siempre habían sido ricos también quisieron una. Hubo quien cogía, ponía las tierras a nombre de los hijos y le daban la pensión. Era mentira, no la necesitaba en realidad. Se abusó mucho. Hubo un coladero”.

Decreto Boyer (Ley de arrendamientos)

Hubo un tiempo en que el tema de los desahucios era todavía más dramático que en la actualidad, y aquello se arregló legislando. El Decreto Boyer fue una medida controvertida y todavía se ponen en duda sus efectos, pero Miguel, que ahora está jubilado, la recuerda así: “Con Franco, en los años 40 o 50, se habían congelado los alquileres, fundamentalmente por la escasez de viviendas, para evitar abusos. Eso produjo que treinta años después hubiera propietarios de pisos o locales comerciales que los estaban alquilando por cien pesetas y perdían dinero sólo con pagar los impuestos. Había pisos de cien metros en el centro de Madrid alquilados por doscientas pesetas. Algunos propietarios lo que hacían, para echar a la gente, era forzar la ruina del edificio, no arreglar nada, dejar que se deteriorase. Ibas por la calle y veías las casas, como se llamaba, apeadas, con vigas por fuera. Entonces, más o menos compinchados con el arquitecto municipal, se declaraba la ruina, se echaba a la gente a la calle y así tiraban la casa y hacían otra nueva, pero la gente, claro, no volvía. Luego hubo una legislación para actualizar todos los alquileres de renta antigua y se solucionó el problema en poco tiempo. Al menos no recuerdo que se haya quejado la gente de cómo se resolvió”.

Ley General de Sanidad

No faltan quienes dicen, por ejemplo, que la ley que más mejoró su vida fue la del divorcio, porque están divorciados. Y el mismo razonamiento es válido para los problemas de salud con relación a la Sanidad Pública. Ésta, la Ley General de Sanidad de 1985, que instituyó el modelo de cobertura universal, es la que más valora José: “A mí me hicieron una operación de reducción de estómago y un bypass gástrico que en otro país costaba un dineral. Aquí en las privadas en aquel entonces era más de diez mil euros. No hubiera podido pagármela en la vida. Y me operó uno de los mejores especialistas de España, recuerdo líos con gente que trataba de empadronarse aquí, en Alcalá de Henares, para poder hacérsela. Además, luego tuve un grupo de apoyo y psicólogos. Claro que me mejoró mucho la vida, ya lo creo”.

Andrés Boix, profesor de Derecho de la Universidad de Valencia, califica esta norma como “revolucionaria”. “La Constitución no reconoce la Sanidad como derecho, pero se reconoce por medio de una ley que ha cambiado radicalmente el país. Cuando todo el mundo tiene asistencia sanitaria garantizada da una seguridad que permite programarse la vida de otra manera. Si comparamos esa ley con el otro gran servicio público prestado por el Estado, que es la Educación y también se reformó en esa época, vemos que en Sanidad hay mucha más igualdad e integración”.


Ley del Ejército profesional

De los años de Aznar también hay una ley que quienes la recuerdan lo hacen con plena satisfacción, sobre todo los nacidos en la década de los años 70. Es la supresión del servicio militar obligatorio. Ángel lo recuerda así: “Si no querías hacer la mili, tenías que pasar por un servicio de voluntariado que duraba un año entero. Perdías mucho tiempo. Recuerdo que había gente que había ido agotando todas las prórrogas y se plantaba con treinta años, que igual ya tenía un hijo y un trabajo, y no le quedaba más remedio que ir, porque te llamaban a filas. Yo pasé un año en un colegio, de voluntario, perdiendo soberanamente el tiempo”. Igual que Alberto: “Yo había pedido una prórroga, ya había ido a que me tasaran, unas pruebas médicas que te hacían en el ambulatorio médicos militares. Cuando de repente Aznar la eliminó fue quitarme un peso de encima que no te puedes imaginar. Y luego en el curriculum, estaba la preocupación de que si no ponías que tenias el servicio militar cumplido igual no iban a querer contratarte”.

Ley de Asistencia Jurídica gratuita

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, quiere destacar que a la hora de integrar a la población menos favorecida fue de gran importancia la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita: “Es la que desarrolla los artículos 24 y 25 de nuestra Constitución. La justicia gratuita es la última esperanza de defensa de sus derechos de los ciudadanos más desfavorecidos. Sobre todo, es una inversión en paz social. Es un servicio muy valorado por los españoles que se encuentra a la vanguardia a nivel mundial de la asistencia jurídica a los ciudadanos más vulnerables”.

En este sentido, el profesor Boix considera que la democracia española “ha funcionado bien a la hora de dotarnos de derechos colectivos”. Joaquín Bosch, juez y portavoz de Jueces para la democracia coincide en el diagnóstico y cree que lo más destacable que se ha hecho para mejorar la vida son las legislaciones “en materia de protección de determinados derechos o libertades o de no ingerencia del Estado en determinadas conductas”.

Ley del matrimonio homosexual

Esta última norma, la conocida como la de las ‘bodas gais’, es la que más recuerda la población joven. La mayoría de los entrevistados nacidos en los noventa, de citar alguna, sólo suelen referirse a ésta. Aunque lo normal es que consideren que ninguna ley ha mejorado su vida. En este caso, Díaz Arias opina que “quien dice eso es porque ha nacido en democracia, en un estado relativamente próspero y social, y desconoce el progreso de este país en todos los aspectos”.

Pero esa es claramente la percepción de los jóvenes. Hablamos con un skater en la calle, se queja incluso de un endurecimiento progresivo de la ley: “recuerdo que antiguamente las leyes eran menos rígidas, ahora cada vez lo son más”. Porque es casi imposible encontrar un joven actual que sea mínimamente entusiasta con el periodo democrático del que ha sido testigo. “No veo que la política sea un instrumento para mejorar mi vida, no la usan así”, dice el aludido skater. “Ninguna ley ha habido que yo haya celebrado con mis amigos o con mi familia”, comenta otro.

Plan de regularización de inmigrantes

Sólo una chica de 24 años cita sin dudar una ley que le supuso un cambio a mejor. Pero claro, es argentina y se refiere a la regulación de inmigrantes del gobierno de Zapatero, que dio papeles a 700.000 de los que residían en España: “Nosotros nos íbamos a ir a Estados Unidos, que tenía un acuerdo de visados con nuestro país, pero el de la agencia de viajes estafó a mi padre, le robó el dinero de cuatro billetes de avión y una estancia de un mes para cuatro en un hotel, todos sus ahorros. Entonces decidió ir a Galicia, donde tenía un contacto, pero tuvo que hacerlo como turista. Aquí empezó a trabajar en negro, no cotizaba, que es un problema para un hombre de 45 años. Nos empadronamos, lo que nos dio Sanidad, aunque podrían habernos echado cuando hubieran querido porque ahí estaba donde vivíamos. Después, con esta ley a mi padre le dieron la residencia, pudo trabajar en condiciones, y a los seis años obtuvo la nacionalidad, que yo también tengo ahora”.

¿Por qué el desencanto?

No obstante, esta chica es la excepción a la norma. La distancia entre los jóvenes españoles y las instituciones democráticas es notable. Elsa González Díaz, presidenta, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, explica este fenómeno por la ausencia de ejemplaridad: “Vivimos un momento falto de referentes en todos los órdenes de la vida, la política, le economía, hasta en el periodismo. Es preciso reforzar la ética, porque las leyes las tenemos, pero hay que cumplirlas y respetarlas. Hemos vivido una etapa que deja mucho que desear y eso ha contagiado esa sociedad viciada; ha contagiado hasta a las capas medias e inferiores de la sociedad. Atravesar esta situación tan dura, vernos en esta imagen es deleznable”.

Para Joaquim Bosch el problema reside en un problema estructural de los partidos: “hay muy poca comunicación entre las cúpulas de los principales partidos y la sociedad. Los partidos tienen una estructura interna muy jerarquizada, poco democrática, esto hace que la organización política se convierta en un fin en si mismo, primen más los intereses de conservación del poder y de los aparatos a su servicio. En otros países con democracias más avanzadas es habitual que los políticos atiendan a los ciudadanos, escuchen sus quejas. Aquí hay confusión entre el partido y el gobierno cuando ocupan las instituciones; aquí se aísla a los gobernantes. Son necesarias formulas para poder escuchar de forma real a la ciudadanía”.

Justo esa es una de las razones que daba un chico para mostrar su desencanto: “mientras el pueblo no tenga verdadera soberanía… el ejemplo lo tienes en la ILP (Iniciativa legislativa popular), se reunieron un millón y medio de firmas en la calle, pero todo se desvirtuó completamente en la tramitación parlamentaria, cuando una verdadera iniciativa legislativa popular debería ser votada en referéndum”.

Es también lo que apunta Boix: “En nuestra democracia tenemos el problema de que las leyes se hacen con poco debate, con poca participación. Es una cultura legal y jurídica de poca discusión, poca integración, se mejoran poco los proyectos. En otros países, como Italia, tienen modelos de participación de iniciativa popular más generosos. La desconfianza hacia la interacción con los ciudadanos penaliza la calidad de la democracia y de las decisiones que se terminan adoptando”.

Díaz Arias, en este punto, no es muy optimista: “por supuesto, el sistema puede complementarse con instituciones de democracia directa y de democracia participativa. Pero luego ¿quién quiere participar? ¿Cuántos asisten a las juntas de las comunidades de vecinos? ¿cuántos padres y madres participan en asociaciones y en consejos escolares? Para el Senado ya hay listas abiertas ¿quién escoge a los candidatos y quién la papeleta de su partido sean cual sean los nombres? Es más fácil echarle la culpa de todo a partidos y los sindicatos mientras que las empresas y cada uno de nosotros parecemos seres angélicos”.

Volvemos a preguntar en la calle. Ahora conversamos con un jubilado que está paseando: “Ninguna ley ha cambiado mi vida. Yo viví fuera antes de que llegase la democracia y estuve mucho mejor. En España se han montado un tinglado los políticos que no podemos pagar. El sistema es muy caro, nos cuesta mucho dinero. Como no podemos mantener lo que han organizado, hay que recortar donde más nos duele. Ahora en Madrid quieren reducir el número de parlamentarios. ¿Crees que ellos mismos se van a dejar?”