26 Abril 2013 - cincodias.com

El pasado 16 de marzo se transpuso en España la directiva europea de plazos de pago, que obliga a las Administraciones públicas a pagar sus facturas comerciales a un máximo de 30 días y a las empresas, a 60 días. Ninguno de los dos plazos se cumplen en la actualidad (las Administraciones pagan a una media de 160 días y las empresas a 92), lo que ha levantado las suspicacias entre las pequeñas y medianas empresas respecto a que los deudores se adapten a esos nuevos parámetros. “La Comisión Europea va a aplicar una política de tolerancia cero con la morosidad. Aquellas empresas y Administraciones que retrasen el pago de sus facturas se verán obligadas a pagar el interés de demora (ahora situado en el 9%) y si el conflicto llega al Tribunal de Luxemburgo, se exponen a multas diarias”, apuntó Daniel Calleja, director general de Empresa e Industria en la Unión Europea, para tratar de disipar esos temores.

En un encuentro informativo con pymes y autónomos organizado por la Comisión Europea, los representantes empresariales solicitaron a Calleja que antes de hacer cumplir los plazos marcados por la directiva es imprescindible abonar las deudas que se han acumulado desde el 1 de enero de 2012. Este segundo plan de pago a proveedores forma parte de la negociación que el Gobierno mantiene con Bruselas para la flexibilización del objetivo de déficit, por lo que el Ejecutivo ultima el diseño de un segundo plan de pago a proveedores para saldar las cuentas pendientes y obligar a empresas y Administraciones a que cumplan lo marcado por la ley. Fuentes empresariales consultadas por CincoDías apuntan a que el montante del nuevo plan rondaría los 10.000 millones (los autónomos acumulan 4.500 millones y los proveedores sanitarios, cerca de 7.000 millones) y que las previsiones del Ejecutivo es que se ponga en marcha antes de verano.

Una vez que se hayan saldado todas las deudas, el Ejecutivo establecerá un nuevo mecanismo para que los plazos de pago de las Administraciones con sus proveedores no superen en ningún caso los 30 días. Para ello, cualquier pyme o autónomo que no cobre una factura en ese plazo podrá ir a la ventanilla de Hacienda y pedir que se le abone la deuda. Posteriormente, Hacienda se encargará de recuperar el dinero detrayendo su importe de las transferencias que anualmente realiza a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En esos dos meses que previsiblemente quedan para la presentación oficial del nuevo plan de pago a proveedores, el Ejecutivo tendrá que limar algunos aspectos sin detallar y que han sido denunciados insistentemente. Por ejemplo, cómo va a recuperar el dinero de entidades, como hospitales o universidades, a las que no realiza transferencias presupuestarias, cómo va a obligar a las empresas a cumplir los plazos fijados en la ley (existe un fuerte clamor a favor de un régimen sancionador) o qué mecanismo va a establecer para que las grandes contratas estén obligadas a pagar sus deudas a las subcontratas, algo que no sucede ahora.

La estrecha relación entre impagos y desempleo

Desde el estallido de la crisis en España han echado el cierre 450.000 empresas y más de 3,8 millones de puestos de trabajo han sido destruidos. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), achacó ese deterioro al repunte de la morosidad, “que ha sido el principal foco de destrucción de puestos de empleo en España”. En este sentido, destacó el hecho de que las tres comunidades que mejor se ciñen a los plazos de pago (País Vasco, Navarra y La Rioja) son las que menor desempleo registran. “Sin embargo, aquellas que peor pagan, como Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, son las que más tasa de desempleo acumulan”, remarcó. La autonomía presidida por Alberto Fabra ilustra a la perfección esta estrecha relación entre el impago y el desempleo. De los 4.500 millones que las Administraciones adeudan a los autónomos en toda España, 400 corresponden a los impagos de la Comunidad Valenciana con las oficinas de farmacia (el equivalente a cuatro meses de negocio), lo que les ha obligado a despedir a 2.500 empleados cualificados.

Al mismo tiempo que se celebraba la jornada, el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, hizo oficial la designación de Amor como embajador de la CE para la vigilancia del cumplimiento de los plazos de pago que establece la directiva europea de lucha contra la morosidad. Amor dijo que asumía el cargo con plena responsabilidad.

“La lucha contra la morosidad es una batalla que ATA emprendió hace muchos años. La morosidad, especialmente la de las Administraciones, es una de las principales lacras que afectan a los autónomos españoles en su quehacer diario”, aseguró.