27 Abril 2013 - lavanguardia.com

Cumplir el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) sobre las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial costaría a la Seguridad Social más de 1.900 millones de euros anuales.

Así lo explicó ayer el secretario de Estado Tomás Burgos durante su comparecencia en la comisión parlamentaria del “pacto de Toledo” donde informó de la situación financiera del Fondo de Reserva que alcanzó en marzo una dotación de 63.469 millones de euros.

La decisión del TC ha revolucionado el sistema público de pensiones y ha forzado una rápida negociación del Ministerio de Empleo con los agentes sociales y los grupos parlamentarios para buscar una solución.

El Tribunal (con fecha de 14 de marzo) declaró nulo el método empleado para calcular el tiempo cotizado de los trabajadores a tiempo parcial, lo que conlleva, entre otros efectos. respecto de la cuantía de las pensiones, el cumplimiento de los períodos de carencia, aumentando con ello el número de pensiones a reconocer.

Tal como explicó Tomás Burgos, las reclamaciones de pensiones no concedidas en los años anteriores supondrían un gasto superior a los 1.500 millones de euros.

Mientras el número de nuevas pensiones a reconocer anualmente se traduciría en un aumento de gasto anual próximo a los 100 millones de euros, cifra que es acumulativa en el tiempo con las nuevas altas que se produzcan cada año.

En suma, el sistema llegaría a tener un aumento de gasto anual del orden de 1.900 millones de euros.

Los sindicatos han propuesto que cada jornada de estos trabajadores que representan n torno al 13% de la población activa compute como un día completo, igual que el resto de trabajadores que trabajan más de 8 horas.

Sin embargo, los grupos políticos estudian distintas alternativas más equitativas.

Como explicó el secretario de Estado, tenemos que buscar una solución “adecuando los niveles de protección del tiempo parcial pero sin incluir despropósitos que terminen por desajustar completamente el sistema”, abriendo nuevas discriminaciones y dejando en nada los principios de contributividad y equidad básicos para un sistema como el nuestro.

Burgos añadió que el acuerdo entre Gobierno y agentes políticos y sociales debería permitir, además, dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional; dotar de mayores niveles de sostenibilidad y viabilidad al sistema de prestaciones económicas; y evitar situaciones fraudulentas o irregulares, así como la desincentivación de la cotización al Sistema de la Seguridad Social.

Tal como explicó, cerró el pasado año con un valor total de 63.008,57 millones de euros, el 5,93% del PIB. Durante el pasado año, la gestión financiera de estos recursos permitió situar la rentabilidad en términos anualizados en un 4,20%.

Al finalizar 2012 el Fondo había generado 2.970 millones de euros en rendimientos netos -753 millones más que en 2011-, la cifra más alta de la serie.

En este sentido destaca la recuperación en 2012 del 42% de los 7.003 millones de euros utilizados durante el pasado ejercicio para garantizar el pago de las prestaciones en momentos de mayor tensión de liquidez, como cuando se abonó la paga extra de Navidad.

Propuesta alternativa

Estas dotaciones no resuelven el problema financiero de la Seguridad Social. Por esta razón el Gobierno ha iniciado intensas negociaciones con los agentes sociales y el Pacto de Toledo para aprobar un “factor de sostenibilidad” que reduzca la revalorización de las pensiones. El objetivo es reducir el gasto, que representa el 11% del PIB.

Esta misma semana el grupo de expertos impulsado por Unespa, que preside Juan Manuel Eguiagaray y del que forman parte José María Fidalgo, Rafa Doménech, José Luis Leal y Victor Pérez Díaz, han puesto de manifiesto que al finalizar la aplicación de la reforma se habrá producido un importante recorte de las pensiones.

En estos momentos la prestación equivale al 80% del último salario (es lo que se denomina la tasa de reposición) y cuando la reforma esté ultimada se limitará al 72%.

Por esta razón proponen un sistema alternativo, no exento también de inconvenientes, un sistema de cuentas nocionales. Es decir, Su propuesta consiste en que los pensionistas cobren según sus aportaciones.

Esto supone la creación de una cuenta virtual que reflejaría las aportaciones de cada trabajador y esto le permitiría saber la cuantía de su pensión y decidir la edad a la que jubilarse a partir de un mínimo de 61 años.