28 Abril 2013 - elpais.com
Ni iglesias, ni casas de playa o recintos monumentales. El
Gobierno ha decidido eximir a estas construcciones de los imperativos de la
eficiencia energética por lo que no tendrán que contar con certificados sobre su
gasto eléctrico, someterse a controles, ni recibir consejos de ahorro por parte
de las autoridades competentes. Un Real Decreto publicado el 13 de abril obliga
a que todas las viviendas que se vendan o arrienden a partir del 1 de junio
tengan certificados de eficiencia energética, que cuestan una media de 200
euros, y se sometan a controles periódicos. También están sometidos los
edificios privados de más de 500 metros cuadrados frecuentados por el público,
independientemente de que se vendan o no.
Con este Real Decreto, el Gobierno ha integrado en la normativa española dos
directivas europeas, una de 2002 y otra de 2010. La última da la opción a los
países miembros de que liberen a una serie de construcciones de la
obligatoriedad de tener estos certificados, entre los que están las iglesias,
inmuebles habitados un máximo de cuatro meses al año o cuyo consumo anual de
energía no supere el 25% del anual de ese tipo de vivienda, es decir, las
segundas residencias; edificios protegidos por su valor histórico o inmuebles
menores de 50 metros cuadrados, entre otros. Industria, de quien depende esta
normativa, ha optado por eximir a todos los que le permite la UE y añadir una
excepción más: la de los edificios que se compren para reformas importantes o
demolición.
Estos certificados se exigían en España desde 2007, pero solo a las
construcciones nuevas. En 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
obligó al Estado español a que adaptara por completo la directiva de 2002 y que
los reclamara también al parque de viviendas existente. La sentencia se ha
acatado con casi tres años de retraso. En Francia, por ejemplo, los anuncios de
venta o alquiler de casas ya se acompañan de su calificación energética.
A pesar de que no se exigirá estos certificados a las casas de veraneo, algo que
constituiría un gran nicho de mercado, el sector de la construcción y de las
energías renovables lo ha recibido con los brazos abiertos. “Es una esperanza
para la formación de empresas y trabajadores en un campo de futuro, para el
ahorro energético y para la recuperación del sector de la construcción sobre
nuevas bases”, contempla el arquitecto Carlos Hernández Pezzi, expresidente del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y gran defensor de la
rehabilitación de viviendas como salida a la crisis que atraviesa el sector.
“Supondrá un desembolso de unos 200 euros para los propietarios, pero desde el
punto de vista de quien alquila o compra, poder ahorrar un dinero al año en
electricidad o calefacción puede hacerles decantarse e incluso pagar algo más”,
opina Francisco Valverde, presidente de la Asociación de Consumidores de
Energía, fundada en 2010. En la Fundación Renovables, grupo que busca cambiar el
modelo energético con ahorro, eficiencia y energías renovables, calculan que el
precio de las viviendas se puede incrementar hasta un 20% con la máxima
calificación energética.
Las comunidades autónomas serán las encargadas de controlar estos certificados.
Tienen hasta el 14 de julio para elaborar los listados de edificios con estas
acreditaciones y han de informar cada seis meses al Ministerio de Industria de
los cambios, inspecciones y resultados. El periodo de validez máxima de los
certificados es de 10 años.
Jorge Marco, socio de la Red de certificadores energéticos, lleva dos años
preparándose para este momento. “Hemos creado un grupo de 145 técnicos
energéticos repartidos por el país a los que hemos evaluado en el manejo de los
programas informáticos oficiales”, explica. Marco asegura que desde que se
anunció este Real Decreto, el 5 de abril, ha recibido numerosas peticiones de
información de particulares, empresas o patrimonialistas.
El Gobierno no ha concretado aún los profesionales que podrán emitir los
certificados, lo deja para una orden posterior que tienen que redactar entre los
ministerios de Industria, Energía, Turismo y Fomento. “Es bastante ambiguo”,
opina Adrián Sánchez, presidente de la Asociación Española para la Calidad en la
Edificación. Este colectivo ya ha solicitado al Gobierno que acelere los
trámites, ya que debe concretarse antes del 1 de junio. En el sector entienden
que se encargarán de ello arquitectos, aparejadores o ingenieros industriales.
Sin embargo, la puerta está abierta a otros técnicos.
Las estafas, los engaños y el intrusismo sobrevuelan este nuevo mercado. Las
regiones se encargarán de comprobar que los inmuebles cuentan con estas
acreditaciones y que las categorías que se les atribuyen sean las correctas.
Cuando un comprador o arrendador tenga dudas sobre la veracidad de algún
certificado podrá consultarlo en los registros, que serán públicos.
A más largo plazo, el Real Decreto fija la obligatoriedad de que todos los
edificios levantados a partir de 2020 tengan un consumo de energía casi nulo.
Abrirán camino los inmuebles públicos, que deben cumplir este requisito en 2018.