10 Mayo 2013 - cincodias.com

Encallada desde principios de año por la complejidad técnica que entraña, la Ley de Emprendedores encara su recta final y todo apunta a que será aprobada en Consejo de Ministros en una o dos semanas. Conscientes de ellos, el Colegio de Registradores de la Propiedad, que ha colaborado intensamente con Hacienda, Economía y Justicia en la elaboración del borrador, dio el visto bueno a la norma. “Los cuatro ejes fundamentales son la constitución ultrarrápida de sociedades en 24 horas, la eliminación de la obligatoriedad de un capital mínimo (podrán constituirse con un euro) y la creación de dos nuevas figuras: el emprendedor de responsabilidad limitada y la ley de segunda oportunidad”, apuntó el viernes Luis Fernández, director del servicio de estudios de los Registradores. En su opinión, todas son técnicamente “viables e imprescindibles” para evitar que España siga ocupando el puesto 136 en la clasificación mundial que realiza el Banco Mundial para analizar las facilidades a la hora de crear un negocio. De hecho considera que la puesta en marcha de todas ellas permitiría a España pasar directamente del puesto 136 al 31 que ocupa Portugal y que el plazo medio de constitución de una sociedad bajaría de 30 a 10 días de media, en línea con otros países de la OCDE.

Y uno de los colectivos que más se va a ver beneficiado son los autónomos, que a diferencia de las empresas, responde hasta ahora con todo su patrimonio ante una situación de embargo. Con la nueva ley, a la espera de que no haya cambios sustanciales en el borrador, se les permitirá blindar parte de su patrimonio a través de un simple trámite electrónico dándose de alta como empresario individual. De este modo, una vez que haya constituido la sociedad podrá hacer una declaración con los bienes inembargables, como el domicilio habitual o el vehículo, en caso de que acumule deudas desde que se convierta en empresario individual. Lorenzo Amor, presidente de ATA, cree que esa medida no implica ningún cambio en la personalidad jurídica de los autónomos y a cambio generará seguridad. Asimismo espera que se vea acompañada de otras medidas que aún están siendo negociadas. Se trata, por ejemplo, de ampliar el plazo entre que se declara un embargo y se ejecuta.

“La ley marca un máximo de un año y se está estudiando la posibilidad de elevarlo a 24 meses”, recalca. Otro punto que aún está en el aire es la creación de un mínimo inembargable, como sucede con los asalariados. “El mínimo inembargable para los empleados por cuenta ajena es el salario mínimo, mientras que no hay límite para los autónomos”, apunta. Amor es consciente de que la responsabilidad limitada puede producir una mayor restricción del crédito. “Se está tratando de fijar máximos y mínimos para que esto no suceda, aunque otra buena idea sería la posibilidad de crear garantías mobiliarias”. Así, en el caso de un taxista, se optaría por retenerle la licencia y no el taxi, con lo que mantendría el medio para ganarse la vida.