Empleo y Seguridad Social

APROBADO EL PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO PARA 2015

• Consolida la reforma de las políticas activas de empleo y las Comunidades Autónomas recibirán 1.543 millones de euros en 2015 para políticas activas, un 17 por 100 más que en 2014.
• El Consejo de Ministros adelanta a las Comunidades Autónomas el 40 por 100 del reparto de fondos para actuaciones en el marco del Programa de Activación para el Empleo.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2015, que supone la consolidación del nuevo modelo de políticas activas aprobado sobre los principios de la evaluación y la orientación hacia los resultados.

Este Plan, acordado por unanimidad con todas las Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, contiene las políticas de activación para el empleo que tienen previsto llevar a cabo, tanto los servicios públicos de empleo autonómicos, como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos competenciales.

El Plan fija cinco objetivos estratégicos: la empleabilidad de los jóvenes; favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo, en especial los mayores de 45 años; mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo; reforzar la vinculación entre las políticas activas y las políticas pasivas de empleo e impulsar el emprendimiento.

Para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, el Plan 2015 incorpora un completo sistema de veintisiete indicadores, elaborado sobre la base de la participación activa de las Comunidades Autónomas.

El presupuesto total del Plan 2015 asciende a 4.788 millones aportados por el Estado. Un total de 1.543 millones de euros serán objeto de distribución para su gestión por las Comunidades, cifra un 17 por 100 superior a la de 2014. El 60 por 100 de los fondos distribuidos de este año atenderá al grado de consecución de los objetivos establecidos para 2014, medido con indicadores de consecución de objetivos para Comunidad Autónoma. Se prevé que esta cifra se eleve al 70 por 100 en 2016.

Como novedades en el plan de 2015, destaca la consolidación de la financiación para la colaboración con Agencias de Colocación, y el incremento de la dotación destinada a financiar los programas y servicios de orientación para el empleo y para mejorar la modernización de los Servicios Públicos de Empleo.

Programa de Activación para el Empleo

Dentro de los 1.543 millones que recibirán las Comunidades Autónomas en el marco del Plan se incluyen 129 millones de euros dedicados específicamente para la aplicación de las medidas contenidas en el Programa de Activación para el Empleo en 2015.

Se trata de las medidas que las Comunidades Autónomas desarrollan en el ámbito de sus competencias en políticas activas y, en especial para la atención personalizada de los desempleados por parte de los servicios públicos de empleo.

El 40 por 100 (51,5 millones) de estos fondos se distribuyen a las Comunidades Autónomas en función del colectivo de potenciales beneficiarios por comunidad autónoma, mientras que el 60 por 100 restante (77,5 millones) lo hará en función de la evaluación de los resultados de inserción de los beneficiarios que se observen entre el 15 de febrero y el 31 de julio de este año.

Durante los primeros seis meses de funcionamiento del Programa se han recibido ya 103.146 solicitudes, de las que cerca del 70 por 100 ya están siendo atendidas. En este sentido, hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero un crédito extraordinaria de 850 millones para hacer frente en 2015 al pago de las ayudas de acompañamiento reguladas en el citado programa, cuyo abono es competencia del Estado.

Precisamente para reforzar la implantación de este programa, el Consejo de Ministros ha acordado adelantar ya a este mes de junio la distribución del primer 40 por 100 de los fondos (51,5 millones), mientras que los restantes 77,3 millones se distribuirán cuando concluya la evaluación de los resultados de inserción hasta 31 de julio.
 

El desglose por Comunidades Autónomas es el siguiente:

 

 

 

Empleo y Seguridad Social

APROBADO EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

• Las ventajas del sistema de facturación directa de las cotizaciones sociales llegarán a fin de año a cinco millones de trabajadores y la Seguridad Social ha notificado la obligatoriedad al nuevo sistema a 208.480 empresas, con lo que ya son dos millones los trabajadores a los que puede incorporar
• El nuevo modelo simplifica a los empresarios la obligación de liquidar las cuotas y permite al trabajador conocer de forma transparente su desglose

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla el sistema de liquidación directa de las cotizaciones a la Seguridad Social. Se trata de un procedimiento que a final de 2015 llegará a cinco millones de trabajadores. Los datos registrados en el mes de julio indican que este sistema puede beneficiar a más de dos millones de trabajadores encuadrados en 208.480 empresas a lo largo de todo el territorio nacional.

Esta cifra corresponde a las notificaciones comunicadas desde la Seguridad Social por las que las sociedades quedan obligadas a integrarse en el nuevo procedimiento de liquidación e ingreso de cuotas sociales.

Se trata de un modelo que supone la simplificación en la obligación de los empresarios a la hora de liquidar las cotizaciones y que garantiza al trabajador información -transparencia total- en el desglose e ingreso de las cotizaciones. Los empresarios adjuntarán junto a la nómina los documentos en los que se establecen los conceptos por los que se cotiza a la Seguridad Social, así como el justificante del ingreso correspondiente.

El texto aprobado hoy dota de mayor simplicidad y uniformidad a la obligación de cotizar por parte de los empresarios, ya que es la propia Tesorería General de la Seguridad Social la que efectúa la liquidación, una vez recibidos los datos de los trabajadores desde la empresa.

Reducción de plazos y novedades en la gestión

En el Real Decreto se establece la reducción de los plazos para comunicar bajas y variaciones de datos de empresas y trabajadores, fijados en los tres días naturales siguientes a que se produzcan, gracias al uso generalizado de medios electrónicos.

Además, se generaliza el uso de medios electrónicos para comunicar cualquier variación de datos personales que afecten al trabajador o sus circunstancias laborales (procesos de incapacidad temporal, cambio de puesto, etcétera).

Se completa la información que consta en las bases de datos de los diferentes organismos (Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal...), de forma que cualquier variación en la situación del trabajador provoca automáticamente el recálculo de la liquidación mensual. Se incorpora también el convenio colectivo en el que está encuadrado cada asalariado.

El objetivo del desarrollo reglamentario del Sistema de Liquidación Directa es dotar de una mayor simplicidad y uniformidad a los actos de encuadramiento de los trabajadores en la Seguridad Social.

Se trata de lograr los objetivos de simplificación del cumplimiento de la obligación de cotizar, reducción de costes para la Seguridad Social, consecución de una mayor efectividad en el control de la gestión recaudatoria y mejora de la calidad de la información utilizada para la liquidación de cuotas.
 

Interior

CREADA LA FUNDACIÓN CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

• S. M. El Rey será el Presidente de Honor de la Fundación, con sede en Vitoria, y cuyos objetivos son preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo; construir la memoria colectiva de las víctimas, y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio del Interior la constitución de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, más conocido como Centro Memorial, y de la que Su Majestad el Rey será presidente de honor. Con sede en Vitoria, sus objetivos son preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo; construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo.

El Acuerdo hoy aprobado, contiene también los estatutos por los que se va a regir la Fundación. La configuración del Centro Memorial como fundación del sector público estatal permite contar con un órgano de gobierno de carácter colegiado, el patronato, que integra, tanto a representantes del Gobierno de España, como de las Comunidades Autónomas, las Cortes Generales, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de las víctimas del terrorismo. En suma, el patronato refleja el gran consenso político y social que ha inspirado su puesta en funcionamiento.

Composición del Patronato

Igualmente, debe destacarse que el patronato estará presidido por el presidente del Gobierno. Respecto al resto de su composición, de sus veinte patronos -ejercerán su cargo gratuitamente-, diez representarán a la Administración General del Estado, tres al Gobierno vasco, uno al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra y otro a los gobiernos de las restantes Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. El alcalde de Vitoria-Gazteiz también será patrono, al igual que dos miembros de las Cortes Generales: uno, a propuesta del Congreso de los Diputados y, otro, del Senado. La cifra de veinte se completa con dos patronos en representación de las víctimas del terrorismo una será quien ostente, en cada momento, la presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo, y un segundo patrono rotatorio, por periodos de un año, será designado a propuesta de la Fundación de las Víctimas del Terrorismo entre los patronos que de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo.

En todo el proceso de constitución del Centro Memorial, el Ministerio del Interior ha considerado imprescindibles las aportaciones de las víctimas del terrorismo y, por eso, se han mantenido abiertos diversos cauces de participación. Ello se constata porque, además de su necesaria participación en el gobierno de la Fundación, se crea un Consejo Asesor de Víctimas del Terrorismo, con funciones de propuesta y asesoramiento.

Asimismo, el Centro Memorial contará con un director, que será nombrado por el patronato a propuesta de su presidente y cuyas funciones serán, entre otras, la gestión y ejecución de los acuerdos y directrices adoptados por el patronato. Para ocupar este cargo, el Ministerio del Interior propondrá al patronato al periodista y escritor Florencio Domínguez, quien ya dirigió la Comisión de Expertos para la definición del Centro Memorial. Por su parte, un equipo de trabajo se encargará de la gestión cotidiana del Centro bajo la responsabilidad del director.

Rendir justo homenaje a las víctimas del terrorismo

La Fundación desarrollará principalmente, actividades de sensibilización, educativas y pedagógicas, así como expositivas a través de una muestra permanente y otras temporales. Igualmente, entre sus actividades se encuentran las de investigación, archivo, biblioteca y publicaciones, y la difusión nacional e internacional.

La decisión de impulsar la constitución del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, previsto en el artículo 57 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, del 22 de septiembre de 2011, y más conocido como Centro Memorial, no sólo supone dar respuesta a los objetivos marcados por la ley, sino rendir un justo homenaje a las víctimas del terrorismo. De esta manera, se salvaguarda el recuerdo del sacrificio de las víctimas del terrorismo con especial atención a su significado político, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente. La significación política de las víctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo.

Frente al terrorismo en sus diferentes manifestaciones, la sociedad democrática española tiene una obligación de reparación, de dignificación, de protección y, muy especialmente, de memoria, para que la historia recoja la verdad de lo sucedido, sin neutralidades o equidistancias entre aquellos que asesinan y los asesinados.

La Fundación Centro Memorial pone de manifiesto, una vez más, que el Ministerio del Interior está comprometido con el impulso decidido del reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo, ámbito en el que se han llevado a cabo numerosas iniciativas legislativas y programas de atención psicosocial que han venido a reforzar el sistema de protección español como un referente a nivel mundial.
 

Presidencia

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Consejo de Ministros ha recibido de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia el informe trimestral sobre el seguimiento de la ejecución del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)

El informe presentado recoge que, a fecha de hoy, se encuentran totalmente implantadas 172 medidas de las 222 previstas en el Informe CORA, lo que supone el 77,4 por 100 del total, y otras 37 notablemente avanzadas. En este último trimestre se han terminado 25 medidas, muchas de ellas vinculadas a las Leyes de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Entre las medidas aprobadas en este trimestre pueden destacarse la simplificación de trabas administrativas en materia de gestión de residuos, ayudas al despliegue de infraestructuras de banda ancha, especialmente en lo que afecta a colegios, gestión integral de determinados servicios de distintos organismos de la Administración General del Estado para ahorrar en la contratación administrativa o fórmulas más fáciles para liquidar deudas ante la Administración.

Balance de dos años de la CORA

En los casi dos años de funcionamiento del Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas se han suprimido 2.297 entes públicos, es decir, 103 más que las que se habían suprimido hasta el trimestre anterior: 107 por parte del Estado, 754 por las Comunidades Autónomas y 1.436 por las Entidades Locales.

En cuanto a los ahorros, superan los quinientos de euros sólo en la centralización de contratos de los ministerios y organismos públicos estatales, mientras que la cifra total de ahorro entre todas las Administraciones asciende a 22.300 millones de euros. a lo que hay que añadir 2.300 millones de ahorro para ciudadanos y empresas. A todo ello hay que sumar 5.000 millones de euros de ingresos por ventas de participaciones empresariales. En total, 29.600 millones de euros de ahorro por la aplicación, hasta el momento, de las medidas contenidas en el Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas.

 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

APROBADO EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

• El objetivo es dotar de una mayor seguridad jurídica a una regulación caracterizada por una continua sucesión de normas que modifican la Ley de 2006 con la aprobación de un texto único

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto Legislativo el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que nace de la necesidad de dotar, con la aprobación de un texto único, de una mayor seguridad jurídica a una regulación caracterizada por una continua sucesión de normas que han ido modificando la Ley de 2006.

El texto, que tiene como objetivo armonizar y aclarar estas modificaciones, se ha ajustado a la ubicación y numeración de los artículos, y ha homogeneizado la terminología empleada en las normas que se han ido desarrollando desde 2006 para modificar la citada Ley de 2006. La elaboración del texto ha contado con la participación autonómica y local a través del trámite de audiencia y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Las principales modificaciones que ha sufrido la Ley en los últimos años se han hecho para mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, garantizar su sostenibilidad, además de otras relacionadas con la farmacovigilancia y la prevención de la entrada de medicamentos falsificados.

En concreto, desde que se aprobó esta Ley en 2006, éstas son las principales modificaciones que se refunden en el texto aprobado hoy:

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
• Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
• Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.
• Real Decreto Ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, convalidado por Resolución del Congreso de los Diputados de 14 de abril, que modifica la Ley 29/2006 con la finalidad de introducir los necesarios cambios en el sistema de financiación pública de medicamentos y productos sanitarios para reducir, de forma inmediata, el gasto farmacéutico y asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
• Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, convalidado por Resolución del Congreso de los Diputados de 27 de mayo, que modifica la Ley 29/2006 con el objetivo, una vez más, de reducir el gasto farmacéutico público y contribuir con ello a la disminución del déficit español y a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
• Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
• Real Decreto Ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.
• Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
• Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.
• Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios
   

Asuntos Exteriores y de Cooperación

Defensa

PARTICIPACIÓN DE FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN UNA OPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL MEDITERRÁNEO CENTRAL MERIDIONAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la participación de las fuerzas armadas en la operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional (EUNAVFOR MED).

La actual situación en el Mediterráneo central y meridional en relación con la inmigración irregular constituye una tragedia, por lo que la Unión Europea ha decidido aumentar su presencia en el mar para luchar contra los traficantes, prevenir los flujos de migración irregular y reforzar la solidaridad y la responsabilidad internas.

La inestabilidad en Libia crea un entorno propicio para las actividades delictivas de los traficantes. Sin perjuicio de apoyar activamente todos los esfuerzos dirigidos por las Naciones Unidas con el objetivo de restablecer la autoridad del gobierno en Libia, la Unión Europea ha realizado el planeamiento de una operación militar en el Mediterráneo central meridional, con el nombre de EUNAVFOR MED, conforme al mandato del Consejo de la Unión Europea sobre esta cuestión y de acuerdo con el contenido de la Decisión comunitaria del 18 de mayo.

La misión consiste en interrumpir el modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito y trata de personas en el Mediterráneo central y meridional, mediante esfuerzos sistemáticos para identificar, capturar y eliminar las embarcaciones y medios utilizados o que se sospeche son utilizados por los traficantes, de conformidad con el Derecho Internacional.

Fases de la operación

La EUNAVFOR MED se llevará a cabo en fases consecutivas y de conformidad con los requisitos del Derecho Internacional:

A) En una primera fase apoyará la detección y el seguimiento de las redes de migración mediante la recopilación de información y las patrullas en alta mar de conformidad con el Derecho internacional.

B) En una segunda fase:

• Procederá a visitar, registrar, apresar y desviar en alta mar los buques sospechosos de ser utilizados para el tráfico ilícito o la trata de seres humanos, en las condiciones previstas en el Derecho internacional aplicable, incluidos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes.
• De conformidad con cualquier resolución aplicable del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el consentimiento del Estado ribereño en cuestión, procederá a visitar, registrar, apresar y desviar, en alta mar y en las aguas interiores de dicho Estado, los buques sospechosos de ser utilizados para el tráfico ilícito o la trata de seres humanos, en las condiciones establecidas en dicha resolución o consentimiento.

C) En una tercera fase, de conformidad con cualquier resolución aplicable del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el consentimiento del Estado ribereño en cuestión, adoptará todas las medidas necesarias, incluso la eliminación o inutilización, contra un buque y los medios relacionados que se sospeche que se utilizan para el tráfico ilícito o la trata de seres humanos, en el territorio de dicho Estado, en las condiciones establecidas en dicha resolución o consentimiento.

El Consejo de la Unión Europea evaluará si se han cumplido las condiciones para ir más allá de la primera fase teniendo en cuenta cualquier Resolución aplicable del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el consentimiento, en su caso, de los Estados ribereños afectados.

La duración inicial de la operación será de doce meses, desde que alcance la capacidad operativa plena.

Participación española

Ante el drama de la muerte en el mar de miles de personas, España, como socio responsable, una vez obtenida por una amplia mayoría el pasado 15 de julio la autorización del Congreso de los Diputados, ha decidido que las Fuerzas Armadas españolas participarán en la misión militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional EUNAVFOR MED, con las siguientes aportaciones:

• Participación en el Cuartel General de la Operación en Roma y en el Cuartel General de la Fuerza hasta un máximo de doce efectivos.
• Participación inicial de un avión de vigilancia marítima y sus unidades de apoyo, con un máximo de cincuenta efectivos.
• Dependiendo de la evolución de la situación y el posible avance a las sucesivas fases de la Operación, la participación española podría incluir la contribución con medios marítimos, de apoyo o aéreos hasta un máximo de 250 efectivos. Estos medios serían definidos en consonancia con el objeto de la misión y según los acuerdos que se adopten en la Unión Europea.
   

Industria, Energía y Turismo

OCHENTA MILLONES EN AYUDAS PARA IMPLANTAR SOLUCIONES TIC EN PYMES DE TODA ESPAÑA

• Dos programas de impulso a la oferta y la demanda de "Cloud Computing", con una inversión de 65 millones, beneficiarán a más de trece mil Pymes
• También se aprueba una nueva convocatoria para mejorar los servicios wifi en alojamientos turísticos, dotada de con quince millones.

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Entidad Pública Empresarial Red.es a la convocatoria y concesión de ayudas destinadas a fomentar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las Pymes. Este conjunto de programas de ayudas se enmarca en los planes específicos de la Agenda Digital para España y contribuirá a desarrollar la economía, la sociedad digital y el empleo.

El presupuesto global de esta iniciativa es de ochenta millones de euros y se articulará mediante tres convocatorias. Las ejecutará el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la entidad pública Red.es. Parte de las actuaciones se cofinanciarán a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Soluciones de computación en la nube

El primero de los Acuerdos recoge la aplicación de 65 millones de euros a estimular la oferta y demanda de soluciones en la nube, mediante dos convocatorias de ayudas.

La primera de las convocatorias, "'Ayudas para la adopción de soluciones cloud", está dotada con cuarenta millones de euros. De ella se beneficiarán unas trece mil empresas de toda España, que recibirán entre 625 y 15.000 euros.

El objeto de esta actuación es proporcionar financiación a las pymes para que adopten soluciones basadas en la tecnología "cloud computing". De esta forma, podrán impulsar el ahorro de costes, la accesibilidad y la eficiencia energética de los sistemas de información.

Los solicitantes podrán elegir distintas soluciones de un catálogo, con categorías como gestión económica, gestión de negocio, presencia en Internet, comercio electrónico, centralita virtual o puesto de usuario, entre otras. Recibirán financiación por valor de entre el 50 y el 80 por 100. El presupuesto global está repartido entre las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas.

Esta estrategia se complementa con la segunda convocatoria de "Ayudas para el desarrollo de soluciones cloud", que cuenta con un presupuesto de veinticinco millones de euros y está destinado a empresas del sector TIC de todas las Comunidades Autónomas.

Las ayudas tienen por objeto aumentar la oferta de soluciones en modo "Software as a Service" (SaaS) de las empresas tecnológicas para, así, mejorar su competitividad y posicionamiento. Red.es financiará entre el 50 por 100 y el 80 por 100 del coste de cada proyecto, cantidad que se situará entre un mínimo de 12.500 euros y un máximo de 60.000. De la primera convocatoria, aún en ejecución, se beneficiaron 145 pymes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Mejora de las instalaciones wifi en alojamientos turísticos

Después de que más de cuatrocientos establecimientos hoteleros ya se estén beneficiando del programa "Alojamientos con Red", el Gobierno ha aprobado lanzar una segunda convocatoria, que dará cobertura a más de mil empresas. Está dotada con quince millones de euros de presupuesto y, en esta ocasión, se abre a todas las ciudades y Comunidades Autónomas.

Consiste en una convocatoria pública de ayudas económicas para el despliegue o la mejora de las redes inalámbricas en establecimientos hoteleros (hoteles, alojamientos turísticos y campings). El objetivo es ofrecer un servicio de acceso a Internet gratuito y de calidad a los clientes, desde cualquier parte del establecimiento, y que permita absorber el aumento de dispositivos móviles disponibles por persona. Las ayudas cubrirán entre el 50 por 100 y el 80 por 100 de cada proyecto, con un máximo de veinticinco mil euros y un mínimo de 3.125 euros.

Los distintos programas de ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros son susceptibles de cofinanciarse a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuya finalidad es fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea y corregir los desequilibrios entre sus regiones.
 

Fomento

PUESTA EN MARCHA DEL FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE PORTUARIA

• Contará con una dotación plurianual de 350 millones en el período 2016-2019 y mediante el mismo los puertos participarán en la financiación de proyectos de conexión viaria y ferroviaria fuera de su zona de servicio

El Consejo de Ministros ha aprobado, el reglamento que permitirá la puesta en marcha del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria.

La puesta en marcha de este Fondo, creado por el Real Decreto Ley 8/2014, permitirá a los puertos participar en la financiación de los proyectos de conexión viaria y ferroviaria fuera de su zona de servicio, necesarios para dotar de adecuada accesibilidad a sus instalaciones, y potenciará la competitividad de los puertos favoreciendo el transporte intermodal de mercancías viario y ferroviario, y la sostenibilidad del sistema de transporte.

El Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, que será administrado por un comité en el que participarán todos los presidentes de los puertos, se nutrirá de las aportaciones de las Autoridades Portuarias, en forma de préstamo, que corresponderán a un porcentaje que no podrá superar el 50 por 100 de los beneficios de cada ejercicio. Con las cantidades aportadas, que tendrán un período de amortización de veinte años y que devengarán intereses a favor de los puertos, se financiarán los proyectos aprobados por el Comité de Distribución. Además, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias podrán realizar aportaciones voluntarias al Fondo, que tendrán el mismo carácter de préstamo. Igualmente, las inversiones realizadas por los puertos en su propia conectividad tendrán la consideración de aportaciones al Fondo.

Financiación con el Plan Juncker

El Fondo, que no supondrá incremento del gasto público al ser financiado por el propio sistema portuario, y que será financiado por el "Plan Juncker" con el objeto de acompasar las anualidades de los proyectos a las aportaciones de los puertos, contará con una dotación plurianual de 350 millones de euros en el período 2016-2019, y se pondrá en marcha en 2016.

El Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria será, en definitiva, un instrumento para acelerar la construcción de accesos terrestres a los puertos, al considerarse la adecuada conectividad de los mismos como un factor estratégico para la economía española y su capacidad exportadora, así como un elemento fundamental para potenciar su papel como plataforma logística al servicio del transporte marítimo internacional, habida cuenta de su posición geoestratégica.
 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

MODIFICADO EL REAL DECRETO SOBRE PILAS Y ACUMULADORES PARA RESTRINGIR EL USO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y CONTAMINANTES

• Se prohíbe el contenido de mercurio en las pilas botón y se limita el cadmio en las pilas y acumuladores portátiles

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Industria, Energía y Turismo y Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, un Real Decreto que modifica la normativa sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. El objetivo es incorporar al Derecho español la Directiva europea para restringir la utilización de sustancias peligrosas y contaminantes en las pilas y baterías.

Con el fin de eliminar riesgos para la salud, esta nueva normativa prohíbe el uso de mercurio y cadmio por encima de determinadas cantidades mínimas en pilas y acumuladores destinados a aplicaciones específicas.

Así, a partir del próximo 1 de octubre se prohíbe el mercurio (más de 0,0005 por 100 de mercurio en peso) en todas las pilas de botón, que se utilizan normalmente en relojes, mandos a distancia, juguetes, etcétera.

Asimismo, se prohíbe a partir del 31 de diciembre de 2016 el cadmio (más de 0,002 por 100 de cadmio en peso) en las pilas y acumuladores portátiles destinados a herramientas eléctricas inalámbricas, tales como las taladradoras, sierras eléctricas portátiles, etcétera.

Los stocks fabricados hasta esas fechas y ya puestos en el mercado se podrán seguir comercializando hasta el fin de las existencias.

Con la modificación de este Real Decreto se refuerzan las obligaciones de aportar una información clara en las instrucciones de las pilas y en su extracción tanto a los consumidores como a los agentes que han de manipularlos. Con esta modificación se introducen, además, otros cambios, como un mayor control de la venta "on line" de pilas, acumuladores y baterías.

Sustitutos en el mercado sin riesgos para la salud

La razón de estas prohibiciones del mercurio y del cadmio se debe a la necesidad de eliminar riesgos para la salud. La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que ya existen sustitutos en el mercado que pueden hacer las mismas funciones, como son las tecnologías de pilas de níquel-hidruro metálico, los iones de litio o las pilas botón sin mercurio.

Por otra parte, en el Real Decreto de pilas y acumuladores se mantienen los elementos esenciales del régimen jurídico de estos residuos. En primer lugar, es obligatorio que los residuos de pilas y acumuladores que todos generamos sean depositados separadamente de otros residuos en puntos específicos de recogida, tales como puntos limpios municipales, marquesinas de autobuses, contenedores en centros comerciales o en los establecimientos de ventas de estos productos, en el momento de comprar otras pilas y acumuladores nuevos.

Igualmente, se mantiene el régimen de organización y financiación de la recogida y gestión de estos residuos por parte de los productores, importadores y fabricantes, a través de los denominados Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor.

Ampliación de los objetivos de recogida de estos residuos

El nuevo Real Decreto, por otro lado, amplía el conjunto de objetivos de recogida de estos residuos para su tratamiento y reciclaje final. De esta forma, se pretende mantener el estímulo e impulso suficientes que garanticen, durante los próximos cinco años, un adecuado incremento del ritmo de recogida de las pilas, acumuladores y baterías, sin que en ningún caso se puedan producir retrocesos en los niveles de recogida ya alcanzados en España.

Con ello se continuará avanzando en los esfuerzos que los sectores de la fabricación, la distribución y la gestión, así como los ciudadanos, han hecho hasta el momento, de manera que se continúen cumpliendo los objetivos comunitarios de este flujo de residuos y se sigan incrementando las tasas de recogida al ritmo que lo han ido haciendo hasta el momento.

Con el nuevo Real Decreto, por último, se abordan algunas actualizaciones y adaptaciones a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, con el objetivo de adaptar el régimen de las autorizaciones, comunicaciones e inscripciones en el Registro a las previsiones de simplificación y reducción de cargas administrativas previstas en la Ley.
 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

35 MILLONES PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA FINCA EN LA CORONA FORESTAL DE DOÑANA

• Se trata de llevar a cabo un proyecto de restauración hidrológico-forestal, con lo que se contribuye a solucionar el problema del agua en el Parque Nacional de Doñana y se palia la sobreexplotación de acuíferos que abastecen a este emblemático espacio natural protegido

El Consejo de Ministros ha acordado conceder un suplemento de crédito de 35 millones de euros en el presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la adquisición de la finca "Cortijo de Los Mimbrales", ubicada en el sureste de la Corona Forestal de Doñana (Huelva) e incluida como tierras agrícolas de regadío en el Plan Especial de Regadíos de esta Corona Forestal.

Con este acuerdo se persigue llevar a cabo un proyecto de restauración hidrológico-forestal en la finca, de manera que se restituya la red de drenaje natural y se restaure su cubierta forestal. Pasará de ser una finca agrícola a ser forestal, con lo que se contribuye a solucionar el problema del agua en el Parque Nacional de Doñana.

Paliar la sobreexplotación

Se pretende, así, paliar la sobreexplotación de acuíferos que abastecen de agua a este emblemático espacio natural protegido, motivo que ha hecho que la Unión Europea haya abierto una carta de emplazamiento por incumplimiento de la Directiva de Aguas y de Hábitat.

Al adquirir las 922 hectáreas de la finca de los Mimbrales se obtendrían con ella 6,8 hectómetros cúbicos de derechos de la finca para poner a disposición de las demandas ambientales de la masa de agua subterránea y para reducir las tensiones entre disponibilidad del recurso y demandas asociadas. De este modo, se produce un efecto medioambiental añadido con la posibilidad de reducir el volumen de los trasvases demandados por los regantes de la zona.

Efecto isla

La explotación de la finca de "Los Mimbrales" produce un efecto isla y ocasiona una clara desconexión entre los nuevos terrenos incorporados al espacio natural y los ya existentes. La implantación agrícola de la finca dio lugar a una profunda alteración y modificación del sistema hidrográfico en las superficies ahora agrícolas, originando una grave perturbación en la hidrología del Parque Nacional de Doñana.

Dicha finca tiene una superficie de 1.061 hectáreas, dedicadas actualmente en su mayoría al cultivo de cítricos, fresas y arándanos. Posee quince sondeos perfectamente equipados y una amplia red de canales artificiales de drenaje (unos 30 km.), que sustituye a la red de drenaje natural.

El valor estimado de la expropiación de la totalidad de la finca supera los cincuenta millones de euros. No obstante, y con vistas a su financiación con el Programa Operativo FEDER Andalucía, se está analizando la posibilidad de no incluir en la expropiación aquellos elementos que no son de interés para el fin perseguido, por lo que el valor podría disminuir.
 

Hacienda y Administraciones Públicas

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA IMPRENTA DE BILLETES S.A., QUE PRODUCIRÁ E IMPRIMIRÁ LOS BILLETES EURO EN ESPAÑA

• La nueva sociedad se creará mediante la aportación por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de su rama de actividad de impresión de billetes euro y será controlada por el Banco de España

El Consejo de Ministros ha autorizado a la entidad pública empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda a la constitución de la sociedad mercantil pública IMPRENTA DE BILLETES S.A. para la producción e impresión de billetes euro en el ámbito del Sistema Europeo de Bancos Centrales.

La creación de esta sociedad ya estaba prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y deriva de la exigencia del Banco Central Europeo de que esa impresión de billetes euro se gestione por los Bancos Centrales Nacionales.

El Banco de España ha optado por un modelo según el cual la cuota nacional de producción de billetes para el Sistema Europeo de Bancos centrales sea realizada a través de una sociedad mercantil pública que actuará como medio propio y servicio técnico del Banco de España.

Cincuenta millones de capital

Para ello, la Fábrica Nacional de Moneda ha procedido a la creación de la nueva sociedad suscribiendo la totalidad del capital inicialmente previsto, que será de cincuenta millones de euros, aportando su rama de actividad que actualmente está dedicada a la impresión de billetes de euro.

No obstante, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa comunitaria, el mismo día de la constitución de la sociedad se suscribirá un contrato de venta al Banco de España del 80 por 100 del capital, manteniendo transitoriamente la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el 20 por 100 restante hasta el 31 de diciembre de 2017.

La nueva sociedad se regirá por el Derecho privado y le será de aplicación el régimen patrimonial, presupuestario y de contratación de personal y de bienes y servicios del Banco de España.

La segregación por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la aportación a la nueva sociedad de la rama de actividad de producción de billetes euro implica el traspaso de todos los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de su actividad.

Este hecho no impedirá que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pueda seguir realizando directamente una actividad de fabricación de billetes para países no pertenecientes a la zona euro. También continuará con la acuñación de las monedas euro correspondiente a la cuota española.

Traspaso de medios humanos y materiales

Además, está previsto que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no sólo consolide, sino que potencie en el futuro, su actual rama de negocio de prestación de todo tipo de servicios relacionados con la seguridad; desde la tradicional elaboración e impresión de documentos como DNI, pasaporte, sellos o billetes de lotería, hasta las actividades de certificación electrónica segura que se relacionan con una de las áreas más relevantes para alcanzar el objetivo de modernización de la Administración Pública, como es el impulso de la Administración electrónica.
 

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ACUERDO SOBRE AUTORIDADES COMPETENTES PARA INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma conocimiento del Acuerdo multilateral entre autoridades competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.

España y otros 52 Estados y Jurisdicciones firmaron el 29 de octubre de 2014, en Berlín, un Acuerdo para el intercambio automático de información fiscal internacional. Frente al tradicional intercambio de información "a petición", el presente Acuerdo establece un intercambio automático de datos sobre las cuentas bancarias y otros activos que se encuentren en el extranjero. El Acuerdo, calificado como acuerdo internacional administrativo, se suscribe en el marco del Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal de 1988, y su Protocolo de 2010, del Consejo de Europa y la OCDE, haciendo uso del Estándar Común de Comunicación desarrollado por de ésta última Organización internacional.

España forma parte del grupo de cinco países (Alemania, Francia, España, Italia y el Reino Unido) que han promovido este Acuerdo. Permitirá, junto con el que nuestro país ha suscrito con Estados Unidos para la aplicación de la ley estadounidense "Foreign Account Tax Compliance Act" -FATCA- (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras) y con las disposiciones de la Unión Europea aplicables al intercambio bilateral de información entre Estados miembros, que se logre una amplia cobertura internacional para el intercambio automático de información sobre cuentas bancarias, que se ampliará en la medida en la que en un próximo futuro otras jurisdicciones, además de las 52 que ya lo han hecho, suscriban el nuevo Acuerdo.

Identificación de cuentas y titulares

El Acuerdo prevé la identificación de los números de las cuentas, de los titulares sujetos a comunicación, ya sean personas físicas o jurídicas, los saldos o valor efectivo de los seguros, intereses, dividendos y rentas e ingresos derivados de la enajenación de bienes.

El calendario de aplicación para las partes signatarias del Acuerdo será, primero, un intercambio de información: en septiembre de 2017 referente a datos del año 2016; posteriormente, la calificación como cuentas preexistentes las que estén abiertas a 31 de diciembre de 2015 y, finalmente, la aplicación de las normas de diligencia debida respecto de cuentas nuevas a partir del 1 de enero de 2016, si bien para algunas jurisdicciones estas fechas se podrán retrasar hasta el año 2018.

Los países promotores del Acuerdo ya trabajan para promover la adhesión al mismo de otros países, en particular aquellos en vías de desarrollo que aún no lo hayan suscrito.
 

Hacienda y Administraciones Públicas

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL IMPUESTO CATALÁN SOBRE PROVISIÓN DE CONTENIDOS POR PRESTADORES DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

El Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión cultural digital, con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que se produzca la suspensión de los citados preceptos de dicha Ley.

La regulación del impuesto citado incurre en extralimitación competencial y, por tanto, invade las competencias estatales que corresponden al Estado en materia de Hacienda. El motivo de la impugnación es la vulneración del artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), del 22 de septiembre de 1980, que especifica que "los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado".

Entre el impuesto catalán y el impuesto estatal aplicable al caso (el IVA) existe solapamiento. El impuesto catalán grava "la disponibilidad del servicio de acceso a contenidos existentes en redes de comunicaciones electrónicas, mediante la contratación con un operador de servicios, con independencia de la modalidad de acceso al servicio"; mientras que la Ley estatal 37/1992, que regula el IVA, establece como hecho imponible "las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen". La Ley 37/1992 añade que dentro del concepto de prestaciones de servicios se deben entender incluidos los servicios de telecomunicaciones y electrónicos.

A pesar de que la definición del hecho imponible no es gramaticalmente idéntica, las diferencias de redacción no son óbice para apreciar la identidad de hechos imponibles.
 

Hacienda y Administraciones Públicas

AUTORIZACIÓN DE DEUDA A CATALUÑA

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 141.057.912,27 euros para refinanciar amortizaciones de operaciones de deuda a corto plazo. Estas operaciones no supondrán un aumento del endeudamiento de Cataluña al finalizar el ejercicio.

La necesidad de esta autorización deriva del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que señala que todas las operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas incumplidoras de los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto precisarán autorización del Estado mientras persista el incumplimiento y no tengan aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera un Plan Económico Financiero. Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2015 y en el ejercicio de la misma deberá respetarse el principio de prudencia financiera.

Cataluña deberá supeditar las operaciones de endeudamiento al cumplimiento del objetivo de deuda pública fijado por el Acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de septiembre de 2014 para el año 2015 (30,4 por 100 PIB regional).
 

Hacienda y Administraciones Públicas

SEGUNDA FASE DE LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

• Se estima que el ahorro que generarán las dos fases del contrato durante toda la vigencia del mismo superará los diez millones de euros

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a realizar la Fase II del contrato centralizado de limpieza de edificios, locales y dependencias ubicados en la Comunidad de Madrid.

En esta segunda fase se centraliza el contrato de servicio de limpieza correspondiente a veinte edificios de uso administrativo de ocho nuevos Ministerios u organismos de la Administración General del Estado, entre los que se encuentran el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El valor estimado del contrato asciende a 15,5 millones de euros y agrupa servicios que actualmente están englobados en once contratos diferentes, con un ahorro estimado de 425.000 euros.

Primera fase

La primera fase del contrato, en la que se centralizó la limpieza de 401 edificios correspondientes a 61 organismos, permitió obtener un ahorro para todo el período de vigencia del contrato de 9,6 millones de euros, por lo que el ahorro que generarán las dos fases superará los 10 millones de euros.

La ejecución del contrato de la Fase II empezará el 1 de enero de 2016, con una duración de dieciocho meses, con posibilidad de prórroga de otros dieciocho meses.

Para conseguir la máxima concurrencia posible en la licitación y permitir el acceso a la misma de empresas pequeñas y medianas, el contrato se ha dividido en tres lotes.

Con este nuevo contrato se persigue, no solamente la obtención de ahorros sino, fundamentalmente, mejorar la eficiencia en la contratación de los servicios de limpieza, aplicando un planteamiento integral, homogeneizando las prestaciones y frecuencias, y garantizando los máximos estándares de calidad.
 

Justicia

CONCEDIDA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A TRES DEPORTISTAS DE ÉLITE Y A UN CIUDADANO JORDANO

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante cuatro Reales Decretos, la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza al gimnasta de origen guineano Thierno Boubacar, a los atletas cubanos Orlando Ortega y Javier Sotomayor, y al ciudadano jordano Walid Bujuq.

Thierno Boubacar Diallo, originario de Guinea Conakry, es un gimnasta con un gran potencial para la gimnasia artística en los seis aparatos de esta especialidad. En 2014 fue el primer clasificado de su categoría y edad en España, por lo que contaría con grandes opciones en el Campeonato Europeo Junior que se celebrará en 2016.

Orlando Ortega Alejo, de nacionalidad cubana, es un atleta especialista en los 110 metros vallas. En 2015 ha conseguido la tercera mejor marca mundial, por lo que uno de sus objetivos es representar a España en los Juegos Olímpicos de 2016.

Javier Sotomayor Sanabria, también nacional de Cuba, ostenta desde los años 80 los récords del mundo en salto de altura y está considerado el mejor deportista de la historia en esta especialidad.

Walid Bujuq Badran, de nacionalidad jordana, ha trabajado para la Embajada española en Amman desde el año 1990. Destaca por su conocimiento extraordinario del idioma y la cultura españolas, así como por su eficacia y dedicación en la defensa de los intereses españoles en Jordania.

La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente por Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales y después de tramitar un expediente para cada caso particular, como ha ocurrido en los que ha resuelto hoy el Gobierno.

Posteriormente, el solicitante debe jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes, y renunciar a su anterior nacionalidad, salvo los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.
 

Fomento

TOMA DE RAZÓN DE ACTUACIONES TRAS EL HUNDIMIENTO DEL BUQUE "OLEG NAYDENOV" POR IMPORTE DE 31 MILLONES

El Consejo de Ministros ha tomado razón de determinadas actuaciones realizadas por el procedimiento de emergencia por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) para la reparación de los daños ocasionados por el accidente del buque pesquero "Oleg Naydenov" en aguas de Canarias, por un importe de 31.049.920 euros.
 

Justicia

ENTREGA A ESTADOS UNIDOS DEL PAKISTANÍ ABDUL WAHAB CHISHTI, RECLAMADO POR TRÁFICO DE ARMAS

El Consejo de Ministros ha acordado la entrega en extradición a Estados Unidos del ciudadano pakistaní Abdul Wahab Chishti, reclamado por las autoridades estadounidenses para su enjuiciamiento por presuntos delitos contra la salud pública, asociación ilícita y tráfico de armas.

Wahab Chishti es sospechoso de pertenecer a una organización criminal internacional dedicada al tráfico de armas y drogas. Las autoridades norteamericanas sostienen que desde abril a junio de 2014, en Barcelona y Dubái, entre otros lugares, el acusado mantuvo reuniones con personas que trabajaban para el Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) que se hacían pasar por representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el fin de adquirir heroína y armas para derribar aviones de Estados Unidos en dicho país. En los encuentros que mantuvieron se habría acordado la entrega de tres misiles aire-tierra por tres millones de dólares y el envío de heroína desde Pakistán a Nueva York a través de la República Dominicana.

Abdul Wahab fue detenido en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) el 17 de junio de 2014 junto a otro ciudadano pakistaní y dos de origen indio. El 26 de junio de 2015 el Consejo de Ministros ya acordó la entrega a Estados Unidos de otro de estos cuatro detenidos, el nacional indio Sohail Kaskar, considerado jefe de la organización.
 

Hacienda y Administraciones Públicas

APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA

• 19,1 millones de euros serán para reparar daños causados por inundaciones en las cuencas de los ríos Ebro y Júcar, y 6,5 millones para producciones agrícolas y ganaderas, por daños ocasionados por tormentas

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia para las siguientes finalidades:

• 19.084.600 euros con el fin de financiar un suplemento de crédito en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente para la realización de obras de emergencia para reparar los daños causados en el dominio público hidráulico en las cuencas de los ríos Ebro y Júcar, desde enero a marzo de 2015.

El Real Decreto Ley del 6 de marzo de 2015 por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en enero, febrero y marzo de 2015, en su artículo 5 faculta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para declarar zona de actuación especial para la restauración del dominio público hidráulico de las zonas afectadas y para declarar la emergencia de las obras a ejecutar por dicho Departamento en determinadas materias.

El importe estimado para reparar los daños en el dominio público hidráulico asciende a 7,2 millones de euros en la Cuenca del Río Ebro y a 11,9 millones de euros en la Cuenca del Río Júcar, lo que determina un importe total de 19,1 millones de euros.

• 6.500.000 euros para la concesión de dos créditos extraordinarios en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y en el Organismo Autónomo Entidad Estatal de Seguros Agrarios para financiar ayudas por daños en producciones agrícolas y ganaderas.

La concesión se realiza de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Ley del 6 de marzo pasado por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. La mayor parte de los daños en producciones agrarias corresponden a los producidos por inundaciones en los alrededores del río Ebro a su paso por Álava, Burgos, La Rioja, Navarra y Zaragoza.

Serán beneficiarios de las ayudas los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido pérdidas superiores al 30 por 100 de su producción, en virtud de los criterios establecidos por la Unión Europea para la concesión de ayudas de estado al sector agrario, siempre que tengan pólizas en vigor amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados y que sus explotaciones estén ubicadas en el ámbito de aplicación señalado en el anexo I de la Orden del Ministerio del Interior del 17 de abril de 2015.

• 1.199.550,47 euros para la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Fomento para financiar las ayudas excepcionales previstas en el Real Decreto Ley del 13 de mayo de 2011 por el que se adoptaron medidas urgentes para paliar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011, en Lorca (Murcia). Se trata de los gastos derivados de la reparación, rehabilitación y reconstrucción de las viviendas dañadas, de conformidad con las certificaciones de concesión de ayudas que la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha remitido al citado Departamento Ministerial.
   

Industria, Energía y Turismo

APROBADOS LOS REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS A PRESIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de equipos a presión, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad. De esta manera, se procede a la trasposición de una Directiva comunitaria de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de este tipo de equipos.

La normativa establece los requisitos esenciales de seguridad de los equipos a presión. Además, regula los procedimientos de evaluación de la conformidad del producto con los requisitos establecidos y, finalmente, fija los requisitos obligatorios, a cumplir por los organismos de control y las entidades independientes, que deseen ser notificados para prestar servicios de evaluación de la conformidad.

El texto recoge la aplicación del régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley de Industria, del 16 de julio de 1992.
 

Asuntos Exteriores y de Cooperación

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

REMISIÓN A LAS CORTES DE LA ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO DE KIOTO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, y su aceptación.

Los países firmantes del Protocolo de Kioto adoptaron en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en la Cumbre Internacional de Cambio Climático, celebrada en Doha en 2012, un paquete de enmiendas denominadas "la Enmienda de Doha", cuya aceptación supone para España cumplir con el compromiso, asumido en la citada Cumbre, en el ámbito internacional y conjuntamente con la Unión Europea, de dar continuidad al marco jurídico e institucional del Protocolo de Kioto, referente de los instrumentos internacionales en materia de lucha contra el cambio climático. También se trata de impulsar y fortalecer el compromiso de todas las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático de adoptar, a más tardar en la Cumbre de Paris de diciembre de 2015, un nuevo instrumento jurídicamente vinculante aplicable a todas las partes a partir de 2020.

Los procedimientos nacionales para hacerse parte de la Enmienda deben haber finalizado en el tercer trimestre de 2015, con el fin de que la misma pueda entrar en vigor simultáneamente para todos los Estados miembros antes de la próxima Cumbre de París, tal como lo establece la Decisión de la Unión Europea sobre la celebración, en nombre de la Unión, de la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto.

La aceptación de esta Enmienda por parte de España no supondrá obligaciones económico-presupuestarias al margen de las ya establecidas en la legislación de la UE actualmente en vigor y se enmarca en la legislación de la UE vigente, transpuesta al ordenamiento jurídico español.

Contenido de la Enmienda

La Enmienda de Doha establece un nuevo período de compromiso 2013-2020 y modifica el Anexo B del Protocolo de Kioto con la inclusión de nuevos compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, jurídicamente vinculantes para las Partes mencionadas en dicho Anexo, tratándose de compromisos cuantificados de limitación o reducción de emisiones, aplicables a todas las actividades económicas. Además, se añade una lista revisada de los mencionados gases en la que aparece uno nuevo llamado trifluoruro de nitrógeno. Se establece, asimismo, la actualización de algunos artículos del Protocolo de Kioto, a fin de facilitar el proceso para que las Partes puedan aumentar el nivel de ambición de reducción de emisiones con respecto a su propio objetivo, sin el requisito de ratificación para su entrada en vigor.

El cumplimiento del Protocolo de Kioto supone un compromiso de reducción de emisiones contaminantes de un 20 por 100, como promedio a lo largo de 2013-2020, respecto al año de referencia (1990). Los Estados de la Unión Europea, en virtud del marco de políticas europeas en materia de cambio climático y energía, asumen objetivos nacionales de reducción de emisiones en los sectores no cubiertos por el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión. El objetivo de España de reducir sus emisiones en sectores difusos (sectores como el transporte, la agricultura o los residuos) es de un 10 por 100 en 2020 respecto a 2005. Mientras, las emisiones del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión se regulan conjuntamente y tienen que reducirse un 21 por 100 en 2020 respecto a 2005.

Tanto la Unión Europea como sus Estados miembros han acordado con Islandia llevar a cabo el cumplimiento conjunto de requisitos contraídos para el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto y, a tal fin, han concluido un Acuerdo, cuya ratificación tendrá lugar simultáneamente o con anterioridad a la aceptación de la Enmienda de Doha, para poder hacer efectivo dicho cumplimiento. Este Acuerdo con Islandia ha sido también aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
 

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO PARA QUE ISLANDIA PARTICIPE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE KIOTO POR LA UNIÓN EUROPEA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, e Islandia, por otra, sobre la participación de Islandia en el cumplimiento conjunto de los compromisos de la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia para el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y su ratificación.

Islandia se adhirió al Protocolo de Kioto en mayo de 2002 y solicitó que se iniciaran conversaciones formales sobre el anuncio del cumplimiento conjunto de sus compromisos con la Unión Europea y sus Estados miembros en el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto (desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020).

El objetivo del Acuerdo es establecer las condiciones que han de regir la participación de Islandia en el cumplimiento conjunto de los compromisos de la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia para el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto.
 

Hacienda y Administraciones Públicas

Fomento

AUTORIZACIÓN AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA EL USO DE UN INMUEBLE PARA ALMACENAMIENTO EN LAS PALMAS

El Consejo de Ministros ha acordado una autorización especial de uso de un inmueble situado en el puerto de Las Palmas a favor del Programa Mundial de Alimentos, programa autónomo conjunto de las Naciones Unidas y de la FAO que proporciona cada año alimentos a más de veinte millones de niños.

Este Programa podrá utilizar una nave del puerto de Las Palmas de casi 6.000 m2. para sus necesidades de preposicionamiento y transbordo de alimentos con destino a otras partes del mundo. La autorización se otorga por el tiempo que permanezca vigente este Acuerdo Administrativo de 2014, que prevé una duración de cinco años prorrogables por otros dos años y cinco meses si así lo acuerdan las partes.

Dos almacenes

Esta autorización de uso se encuadra dentro del Acuerdo Internacional que el Programa Mundial de Alimentos y el Reino de España suscribieron en el año 2012 para el establecimiento de oficinas e instalaciones en España, que se desarrolló posteriormente por un Acuerdo Administrativo entre ambas partes en el año 2014. Mediante ese Acuerdo se ponían a disposición del Programa, para sus operaciones en el Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria, una Antena o Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD por sus siglas en inglés) para la respuesta a emergencias en toda la región de África Occidental y una Plataforma Logística de Respuesta Humanitaria para el tránsito de grano y su preposicionamiento a granel.

El primero de dichos almacenes, la denominada Antena o Depósito de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas, ya fue cedido mediante autorización del Consejo de Ministros de 21 de marzo de 2014 e inaugurado oficialmente el 8 de julio de 2014. El segundo almacén es el hoy autorizado

La instalación del PMA en Las Palmas ha supuesto la designación de Las Palmas como base de operaciones para los envíos de ayuda alimentaria al Sahel, y sitúa a España en un punto estratégico para la respuesta humanitaria en el Sahel, ya que gran parte de la logística puede pasar por nuestro país.

Por lo que respecta al Programa Mundial de Alimentos, ya se han movilizado a través de Las Palmas desde 2011 un total de 55.000 toneladas.
 

Fomento

MODIFICADA LA NORMATIVA SOBRE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD MARÍTIMA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se transpone una Directiva comunitaria del 17 de diciembre de 2014 y, en consecuencia, semodifica el hasta ahora vigente Real Decreto del 24 de junio de 2011, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de la Administración marítima.

Este nuevo Real Decreto favorece la aplicación uniforme en toda la Unión Europea de los Convenios Internacionales relativos a seguridad marítima de acuerdo con los criterios de la Comisión Europea. En concreto, incorpora la nueva redacción que recoge la citada Directiva sobre la definición de "Convenios internacionales y normas nacionales", que cuenta con la aprobación de la Comisión Europea.

Este cambio normativo se ha realizado con la conformidad de las entidades y organizaciones más representativas del sector marítimo.
 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA PROMOVER MAYOR PRESENCIA DE LA MUJER EN LOS ÁMBITOS DE LAS TIC

El Consejo de Ministros ha aprobado la puesta en marcha de un convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Universidad de Santiago de Compostela con el fin de promover la creación de empresas de base innovadora y tecnológica a cargo de mujeres, así como para implantar la perspectiva de género en el campo del conocimiento y la investigación.

Así, tal y como consta en el citado convenio, los objetivos que se persiguen son los siguientes: por un lado, incrementar progresivamente la participación de las mujeres universitarias en el emprendimiento de alto valor añadido, acorde con su presencia y representatividad en el ámbito universitario y en el campo de la investigación, de modo que pueda diseñarse una alternativa profesional de calidad al empleo por cuenta ajena; por otro, aumentar el número de empresas innovadoras basadas en la tecnología y en el conocimiento, y dentro de la esfera de la investigación universitaria.

Ambos objetivos están encuadrados en el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades, aprobado en marzo del año pasado, ya que uno de sus ejes consiste en el impulso del emprendimiento femenino y en la apuesta por la incorporación de la mujer en terrenos laborales en los que estuviera infrarrepresentada, caso del ámbito tecnológico y de la esfera de la investigación. De hecho, el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, activó tiempo después el Plan de Igualdad para la Sociedad de la Información con el fin de desarrollar medidas específicas en favor de la mujer y en este terreno concreto. Cuarenta millones de euros fue su dotación económica.

El convenio que hoy aprueba el Consejo de Ministros busca, por tanto, dicho fin, al igual que implantar una metodología que integre la perspectiva de género en la creación de empresas de base innovadora y tecnológica en el contexto de la universidad española.

Durante los próximos tres años, gracias a este convenio, se promoverá en las universidades y centros de investigación de España esta metodología y las consecuentes herramientas de intervención ideadas, tanto por el Instituto de la Mujer, como por la Universidad de Santiago.
 

Fomento

MODIFICADAS LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS DE CINCO AEROPUERTOS Y ESTABLECIDAS EN EL DE LOGROÑO

El Consejo de Ministros ha aprobado seis Reales Decretos por los que se modifican las servidumbres aeronáuticas de los aeropuertos de Almería, Córdoba, El Hierro, Federico García Lorca Granada-Jaén e Ibiza, y se establecen en el Aero-puerto de Logroño-Agoncillo, que carecía de servidumbres aeronáuticas.

Estos Reales Decretos modifican las servidumbres aeronáuticas de estos aeropuertos y sus instalaciones radioeléctricas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley sobre Navegación Aérea, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 del Decreto del 24 de febrero de 1972 de Servidumbres Aeronáuticas.
 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

MODIFICADO EL CONVENIO DEL PROGRAMA DE CAMINOS NATURALES NO MOTORIZADOS DE GALICIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación y prórroga del Convenio de colaboración entre el suprimido Ministerio de Medio Ambiente y la Xunta de Galicia para el desarrollo del Programa de puesta en valor de la Red de Caminos Naturales no Motorizados de Galicia.

El Convenio inicial se suscribió el 29 de octubre de 2007 con el objetivo de cooperar en la ejecución, conservación y mantenimiento de diversos itinerarios en los Caminos Naturales promovidos por Galicia, dentro de la Red de Itinerarios Naturales de Interés Nacional.

La aportación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la financiación de este Convenio era de 2.448.808 euros, mientras que la Xunta de Galicia aportaba la cantidad de 1.800.000 euros.

Tras el acuerdo de modificación aprobado hoy, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va a aportar 400.000 euros más en los ejercicios 2015 y 2016, con lo que la cantidad total se eleva a 3.248.808 euros.

Está previsto que las actuaciones que corresponden al Ministerio de Agricultura sean cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Por su parte, las actuaciones que son ejecutadas y financiadas por la Xunta de Galicia podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80 por 100, en el Marco Operativo FEDER Galicia 2007 y los Programas que se aprueben en el período 2014-2020.
 

      BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

D elegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.-

D. ANTONIO SÁNCHEZ-SOLÍS DE QUEROL.

Nacido el 29 de noviembre de 1958, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Región de Murcia.

Ha sido secretario general de las consejerías de Política Territorial y Obras Públicas, de Turismo y Cultura, de Presidencia, de Universidades, Empresas e Investigación y de Economía y Hacienda. Fue director de Estudios, Planificación y Coordinación de Proyectos, y director general de Comunicación y Relaciones Sociales. Actualmente era director general de Transportes, Costas y Puertos.

D elegada del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León.-

Dª MARÍA JOSÉ SALGUEIRO CORTIÑAS.

Nacida el 23 de junio de 1956, es Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y pertenece al Cuerpo Técnico Superior de la Administración.

Ha sido Letrada del Fondo de Garantía Salarial, jefa de servicio en la viceconsejería de Trabajo de la Junta de Castilla y León y presidenta del Consejo Consultivo de Castilla y León. Fue consejera de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León y consejera de Cultura y Turismo. Actualmente era viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio de la consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León.
 

Defensa

Almirante de la Flota.-

Almirante General de la Armada D. FRANCISCO JAVIER FRANCO SUANZES.

Nacido el 16 de marzo de 1953 en Madrid, ingresó en 1972 en la Escuela Naval Militar.

Ha estado destinado en el destructor "Jorge Juan", en el dragaminas "Júcar", en la fragata "Santa María", en la Escuela de Guerra Naval y en la 41 Escuadrilla-Jefatura de Órdenes. Fue comandante del patrullero "Javier Quiroga", de la corbeta "Cazadora" y de la fragata "Numancia", así como director de la Escuela Naval Militar, Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada, comandante del y almirante jefe de la Fuerza de Acción Marítima. Desde septiembre de 2012 era segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.

Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.-

Almirante General de la Armada D. JOSÉ ANTONIO RUESTA BOTELLA.

Nacido el 17 de agosto de 1955, ingresó en la Armada en 1973.

Entre otros destinos, ha sido comandante del remolcador de altura "Ferrol", del buque de desembarco "Pizarro" y del buque anfibio "Castilla". Ha estado destinado en la Escuela Naval Militar, en la Escuela de Guerra Naval, en el Estado Mayor de la Flota y en el Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey. Fue jefe de la Sección de Planes de Definición de Medios y Sistemas del Estado Mayor de la Armada, jefe del Gabinete del Jefe del Estado Mayor de la Armada, director de Enseñanza Naval, segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada. Desde octubre de 2013 era almirante jefe de Personal de la Armada.
 

Almirante Jefe de Personal.-

Almirante General de la Armada D. JUAN RODRÍGUEZ GARAT.

Nacido el 21 de mayo de 1956.

Estuvo destinado en las cobertas "Infanta Elena" y "Diana", y en las fragatas "Cataluña" y "Andalucía". Ha sido comandante del patrullero cañonero "Alsedo", de la corbeta "Diana", de la fragata "Alvaro de Bazán" y de la 31ª escuadrilla. Fue jefe de sección en la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, almirante jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada y comandante del Grupo de Unidades de Proyección de la Flota y del Grupo de Acción Naval. Actualmente era almirante de Acción Naval.

Interior

D irector general de Política Interior.-

D. JUAN JOSÉ MOLINOS COBO.

Nacido en 1958, pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. Ha sido profesor de Derecho Civil y profesor del Master de Derecho tributario en la Universidad de Granada.

Ha sido abogado del Estado en el Ministerio de Justicia, donde fue secretario de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, y abogado del Estado en Granada, además de vocal de la Comisión de Garantía de Videovigilancia de Andalucía. Desde julio de 2007 era Consejero coordinador para Asuntos Jurídicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

Educación, Cultura y Deporte

D irector general de Evaluación y Cooperación Territorial.-

D. JOSÉ LUIS BLANCO LÓPEZ.

Nacido el 26 de julio de 1970, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y pertenece al Cuerpo de Inspectores de Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Ha sido profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Economía, jefe de estudios del Instituto de Enseñanza Superior "El Marqués de Manzanedo" en Santoña, e inspector de Educación. En 2011 fue nombrado director general de Ordenación e Innovación Educativa de la consejería de Educación del Gobierno de Cantabria