Hacienda y Administraciones Públicas

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016 QUE AUMENTA EL 3,8 POR 100 EL GASTO SOCIAL

• La clara mejora de la situación económica pone de manifiesto que la política fiscal desarrollada desde el principio de la legislatura ha sido la correcta.
• Los Presupuestos para 2016 contemplan restituir el especial esfuerzo llevado a cabo por los empleados públicos, con un incremento salarial del 1 por 100, el primero en seis años.
• Conllevan un importante incremento de los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, cuyo principal gasto es sanidad, educación y servicios sociales.
• Dan continuidad a las inversiones del Plan CRECE, optimizando la aplicación de los Fondos comunitarios con las necesidades de inversión nacionales.
• Se incrementarán partidas fundamentales, como las destinadas a investigación civil y la financiación de la LOMCE, y se mantiene el gasto en inversiones.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, unas cuentas que tienen un destacado carácter social.

Estos Presupuestos ratifican la política económica implementada en los últimos años y potenciarán los buenos resultados obtenidos gracias a las medidas llevadas a cabo en estos cuatro años. Se trata, por tanto, de unas cuentas confeccionadas bajo la misma premisa de impulso del crecimiento de la economía española y de la creación de empleo. El cumplimiento de estas cuentas permitirá mantener el compromiso con el gasto social, que supone el 53,5 por 100, con un aumento de, 3,8 por 100.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 vienen a culminar la política fiscal desarrollada por el Gobierno desde aquel primer y difícil presupuesto realizado para el ejercicio 2012. Estos cinco Presupuestos han sido elaborados cada uno adaptándose a la realidad económica en la que se encuadraban, conteniendo los elementos necesarios para salir de la grave crisis económica en la que se hallaba España. Con esta política hemos logrado llegar al momento actual, creciendo a un ritmo cercano al 4 por 100 en términos anualizados, sin inflación y con una evolución muy positiva de todas las variables, consumo, inversión, exportaciones, y sobre todo generación de empleo. Así, se prevé abandonar a partir de 2016 el Procedimiento de Déficit Excesivo en el que está incursa España desde 2009.

Buenos resultados de la política fiscal aplicada

Esta clara mejora de la situación económica pone de manifiesto que la política fiscal desarrollada desde el principio ha sido la correcta: consolidación fiscal y reformas estructurales. Los Presupuestos para 2016 siguen igualmente la línea marcada de los anteriores y tienen como objetivo principal potenciar los buenos resultados alcanzados. Por tanto, su misión será consolidar el crecimiento y la creación de empleo.

Los Presupuestos Generales del Estado, que parten del adelanto de la reforma tributaria que debía entrar en vigor en enero de 2016, conllevan un importante incremento de los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, que servirán para mejorar las prestaciones en sanidad, educación y servicios sociales. De esta forma, la financiación de las Administraciones territoriales se incrementará en 2016 en 8.000 millones de euros (un 7,8 por 100) respecto al año anterior.

Ingresos

El total de ingresos no financieros para 2016 después de la cesión a los Entes Territoriales alcanzará los 134.773 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,8 por 100 respecto a los Presupuestos de 2015.

Los ingresos tributarios antes de la cesión a los Entes Territoriales supondrán en 2016 193.520 millones de euros, un 4 por 100 más que en el Presupuesto de 2015. Por figuras impositivas, la recaudación por IRPF llegará a los 75.432 millones, con un incremento del 3,4 por 100.

La recaudación por el Impuesto de Sociedades registrará un incremento del 5,5 por 100, hasta los 24.868 millones de euros. Los ingresos por IVA crecerán, por su parte, el 4 por 100 hasta los 62.663 millones, mientras que los ingresos por Impuestos Especiales suben el 0,8 por 100 hasta los 20.053 millones de euros.

Gastos

El impacto favorable del crecimiento y el efecto en la recaudación hacen que el presupuesto de gastos venga marcado por la recuperación social. La reducción del gasto en desempleo y de la carga financiera de la deuda pública va a permitir incrementar el gasto social, que aumenta un 3,8 por 100.

Cabe destacar que se trata de unos Presupuestos en los que se incrementarán partidas fundamentales, como las destinadas a la investigación civil, la financiación de la LOMCE, la cooperación internacional, el fomento del empleo, la mejora de las ayudas a familias y el sistema de dependencia, así como el Plan especial de reubicación de refugiados.

Empleados públicos

Las cuentas públicas para el año que viene recogen, asimismo, el cumplimiento por parte del Gobierno de su compromiso de compensar, en la medida de lo posible, los esfuerzos realizados por los ciudadanos como consecuencia de las medidas de ajuste que fueron necesarias acometer. Los empleados públicos, cuya aportación fue esencial para salir de la crisis, van a ver actualizadas sus retribuciones al 1 por 100, después de la rebaja de 2010 y de los años de congelación salarial, y se les restituirá el 50 por 100 de la paga extra que no cobraron en el año 2012. De igual manera, se recupera el sexto día por asuntos particulares, y hasta otros tres días en función de la antigüedad. Por otro lado, se establece una tasa de reposición del 100 por 100 para sectores prioritarios y del 50 por 100 para el resto.

Son unos Presupuestos que también dan continuidad a las inversiones del Plan CRECE, plan que está procurando alinear los objetivos de los fondos comunitarios con las necesidades de inversión nacionales, apoyando el crecimiento económico de la forma más eficiente posible.

En la Ley, que ahora deberá ser tramitada en el Congreso de los Diputados, primero, y en el Senado, después, se recoge, asimismo, la exigencia de emisión de informes tendentes a asegurar que las actuaciones de apoyo a Pymes, a empresas de base tecnológica y a jóvenes emprendedores se configuran de forma que resulten compatibles con la financiación concedida por la Unión europea para este tipo de actuaciones con el fin de maximizar la capacidad de absorción de fondos comunitarios de las políticas emprendidas

 

 

Asuntos Exteriores y de Cooperación

APROBADO EL PROYECTO DE LEY SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS ESTADOS EXTRANJEROS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España. Además, ha solicitado la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.

Las inmunidades soberanas son un principio básico del Derecho Internacional. Consisten, básicamente, en que los tribunales de un Estado deben abstenerse de ejercer su jurisdicción en procesos incoados contra otro Estado (inmunidad de jurisdicción) y de adoptar medidas coercitivas sobre sus bienes (inmunidad de ejecución). Constituyen una obligación para todos los Estados. Su incumplimiento genera responsabilidad internacional.

Este tipo de inmunidades se han extendido en los últimos tiempos también a otros sujetos de Derecho Internacional (organizaciones internacionales, celebración de conferencias internacionales) y tiene manifestaciones específicas en el ámbito de determinadas personalidades (jefes de Estado, presidentes de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores), buques y aeronaves de Estado o Fuerzas Armadas extranjeras presentes en España con consentimiento del Estado.

Régimen jurídico disperso

El régimen jurídico internacional sobre inmunidades se encuentra disperso en normas recogidas en tratados internacionales y Derecho consuetudinario. La principal fuente normativa es la Convención de Naciones Unidas, del 2 de diciembre de 2004, sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, a la que España ya se ha adherido. Aún no está en vigor, aunque buena parte de su contenido es obligatorio como Derecho consuetudinario/costumbre internacional. Se trata de una materia compleja de no siempre fácil acceso para los operadores jurídicos nacionales.

Los jueces están obligados a cumplir con las obligaciones internacionales existentes en la materia (derivadas de tratados internacionales, de costumbre internacional y, en su caso, de jurisprudencia de tribunales internacionales), pero carecen de legislación interna que regule esta cuestión de manera clara.

En concreto, la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 21 y 23) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 36), en lugar de regular la cuestión, realizan una remisión genérica al Derecho Internacional. Ello genera en ocasiones inseguridad jurídica sobre el alcance concreto de las obligaciones existentes en Derecho Internacional.

Por otro lado, en ocasiones existen trabas jurídicas para la celebración en España de conferencias internacionales y reuniones de determinadas organizaciones internacionales.

Ventajas

Esta Ley Orgánica ofrece una serie de ventajas. La codificación en un texto único, sistemático y coherente, de todo el régimen jurídico de las inmunidades aplicables en España facilita su correcta aplicación por los operadores jurídicos españoles y, por ende, el cumplimiento por España de sus obligaciones internacionales. Supone la incorporación al ordenamiento jurídico español del contenido del Convenio de Naciones Unidas de 2004, que ya ha sido ratificado por España, y favorece la instalación en España de sedes u oficinas de organizaciones internacionales. Además, facilita la celebración en España de conferencias internacionales y reuniones de organizaciones internacionales, lo que a su vez suponen ventajas de índole política y también económica, al igual que la colaboración de las Fuerzas Armadas españolas con las de otros países.

Frente al exterior, ofrece la imagen de España como un país vanguardista con un marco jurídico claro, previsible y solvente, equiparable a Estados que ya disponen de una ley sobre la materia: por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza, Argentina o Nueva Zelanda.

La Ley colma una relevante laguna legislativa, clarifica el régimen jurídico de inmunidades aplicable en España y establece su alcance concreto. Ello genera una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos y facilita la labor de los jueces en una materia particularmente compleja.

Su aprobación culminaría el cuadro normativo en materia de Derecho Internacional realizado por el Gobierno. Completa la Ley de acción y del servicio exterior del Estado, la Ley de tratados y otros acuerdos internacionales y la aprobación del Reglamento de la carrera diplomática. Este nuevo cuadro normativo dota a España de instrumentos jurídicos adecuados para desplegar una política exterior eficaz.
 

Industria, Energía y Turismo

REGULADA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXTRAPENINSULAR

• La norma pretende reducir costes de generación en estos sistemas, favorecer la competencia e incorporar señales de precio eficientes para los consumidores.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares y el régimen de funcionamiento de las centrales. Fija un mecanismo de despacho económico y técnico más eficiente que permita garantizar suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables.

Los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares de Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla presentan una serie de singularidades respecto al sistema peninsular, derivados de su reducido tamaño, características propias, menores economías de escala y el aprovisionamiento de combustibles, que no permiten la creación de un mercado de generación como en el sistema peninsular.

Esta regulación forma parte de la reforma del sector que se ha acometido durante esta Legislatura y que ha permitido alcanzar el equilibrio entre ingresos y costes en el sistema eléctrico para este año. En el mismo se desarrollan las singularidades previstas por la Ley del Sector Eléctrico, del 26 de diciembre de 2013, en estos territorios, de acuerdo con los principios que establece la citada Ley.

Así, se determina la retribución de la actividad de producción en estos sistemas eléctricos para cubrir los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada, mediante la aplicación de criterios homogéneos. Estos regímenes económicos permitirán la obtención de una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo.

Objetivos de la regulación

El Real Decreto pretende la consecución de tres objetivos fundamentales: reducir costes de generación en estos sistemas, favorecer la competencia e incorporar señales de precio eficientes para los consumidores.

De este modo, el régimen retributivo en estos territorios se basa en el establecimiento de instalaciones tipo y la fijación de los parámetros retributivos revisables cada seis años, como en el resto de actividades. Este régimen favorecerá el mantenimiento y renovación de las centrales, por parte de sus titulares, convirtiéndolo en un modelo que prima la eficiencia tecnológica y de gestión.
 

Aumento de la competencia

Igualmente, el nuevo régimen favorecerá el aumento de la competencia. En este sentido se establece un procedimiento en concurrencia competitiva para otorgar el régimen económico a nuevas instalaciones, y queda restringida la participación a aquellos grupos empresariales que tengan más de un 40 por 100 del mercado en esos sistemas.

Este Real Decreto completa el marco retributivo de las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos aprobado durante el año 2014. La regulación de los mecanismos de despacho de las centrales posibilitará la incorporación de energía de origen renovable, abaratando el coste de generación en estos sistemas.

Finalmente, el Real Decreto posibilita dar señales eficientes de precio a los consumidores para que puedan adaptar su comportamiento en función de los costes energéticos en cada momento.
 

Interior

REPETICIÓN DE LAS ELECCIONES LOCALES EN CUATRO MUNICIPIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se convocan elecciones locales parciales en cuatro municipios para el próximo 27 de septiembre por haberse declarado la nulidad de las elecciones celebradas el pasado 24 de mayo.

Se repetirán las elecciones en los siguientes municipios:

• Tébar (Cuenca), perteneciente a la Junta Electoral de Zona de Motilla del Palancar (Cuenca).

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimó el 25 de junio de 2015 el recurso contencioso-electoral interpuesto por Independientes por Tébar contra la proclamación de electos por la Junta Electoral de Zona de Motilla del Palancar. Se anularon las elecciones en la única mesa electoral del citado municipio y el Tribunal declara la necesidad de que se proceda a una nueva convocatoria limitada a la repetición del acto de votación. Básicamente, las causas de la anulación son que dos personas cuya inscripción en el censo del citado municipio no constaba votaron, además, pasadas las 20 horas y, por otra parte, que se computó un voto por correo que no venía dentro de ningún sobre.

• Dúrcal, perteneciente a la Junta Electoral de Zona de Órgiva (Granada).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó el 30 de junio pasado el recurso contencioso-electoral interpuesto por Somos Dúrcal contra la proclamación de electos por la Junta Electoral de Zona de Órgiva. Además, anuló las elecciones en una mesa electoral del citado municipio y declaró la necesidad de que se proceda a una nueva convocatoria limitada a la repetición del acto de votación en esa mesa, que deberá tener lugar en el plazo improrrogable de tres meses, es decir, antes del 30 de septiembre. La causa de la anulación es que una persona votó dos veces (contra ella se deduce testimonio por si hubo delito electoral), lo cual afecta directamente al reparto de concejales en la localidad.

• Hurones (Burgos).

Tras la presentación de un recurso por el Partido Socialista Obrero Español, la Junta Electoral Central resolvió el 5 de junio de 2015 que no procedía la proclamación de electos en dicho municipio, y el 21 de julio de 2015 aclaró que ello implicaba la anulación de la proclamación de electos por la Junta Electoral de Zona de Burgos en la única Mesa Electoral de la localidad y que debían celebrarse elecciones locales parciales limitadas al acto de votación. En este caso (se trata de un municipio en el que el sistema de votación es con listas abiertas por tener entre 100 y 250 habitantes) había papeletas marcadas en imprenta con aspa en la casilla de los dos candidatos del Partido Popular. En dos casos otras personas con bolígrafo marcaron las casillas de los candidatos del Partido Socialista Obrero Español. Esas papeletas fueron anuladas por la Mesa al no mostrarse de modo claro la voluntad del elector. La Junta Electoral Central anula la votación al tratarse de una irregularidad grave y teniendo en cuenta la escasa diferencia de votos entre los candidatos.

• En la entidad local de ámbito inferior al municipal de Llánaves de la Reina (Ayuntamiento de Boca de Huérgano, en León).

En este caso la Junta Electoral de Zona de Cistierna (León) resolvió no proceder a la proclamación de ningún candidato a alcalde pedáneo a la vista de las irregularidades del acta de escrutinio de la única mesa electoral de la localidad: venía en blanco, sin computar personas censadas, ni votantes, ni votos en blanco, ni votos nulos, ni ningún número de votos.

 

Hacienda y Administraciones Públicas

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY QUE REFORMA LA NORMA REGULADORA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUÑA

El Consejo de Ministros ha decidido interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia.

Este artículo añade a la Ley dos disposiciones adicionales relativas a la integración voluntaria (reconocimiento del derecho) de funcionarios en los Cuerpos Superior de Inspectores Tributarios y de Técnicos de Gestión Tributaria, ambos de la Generalidad de Cataluña.

Este derecho se aplica a dos tipos de funcionarios: los que presten servicios en otras Administraciones Públicas, que tienen asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo y que tengan destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña, y a los que tengan asignadas funciones sustancialmente coincidentes con las propias del Cuerpo, que pertenezcan a cuerpos y escalas del subgrupo A1 o A2 de otras administraciones públicas, que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalidad o en los entes del sector público que de ella dependen.

El problema radica en el primer grupo y, concretamente, en el hecho de requerir el destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña, pues de esta forma se excluye el derecho de acceder en condiciones de igualdad al resto de interesados del resto de España, permitiendo a funcionarios que no prestan servicios en la Administración autonómica acceder por integración a la función pública de ésta, lo que por otra parte constituye una manera de acceder ex novo a la función pública.

Razones de la impugnación

Las razones por las que se impugna este artículo son:

• Se vulnera el derecho fundamental del artículo 23, por el que los ciudadanos de toda la nación tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
• Se vulnera el artículo 103.3 de la Constitución que establece el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
• Se vulneran los artículos 55 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público, relativos al acceso al empleo público y la adquisición de la relación de servicio. Este Estatuto señala que los sistemas de selección de funcionarios de carrera serán, con carácter general, los de oposición y concurso-oposición y sólo en virtud de ley, y con carácter excepcional, el sistema de concurso. El proceso de integración que plantea la norma catalana es contrario al Estatuto Básico del Empleado Público, que no regula este tipo de proceso.

 

Hacienda y Administraciones Públicas

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY DE ARAGÓN DE AGUAS Y RÍOS

El Consejo de Ministros ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con determinados preceptos de la Ley de Aragón 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón.

Los preceptos que se impugnan son los siguientes: los artículos 1.2.b), c) y d); 4.aa); 5.a) y p); 7.1; 8; 12.2.b) y 4; 15.1.b), c), y n); 19.2.a)1º, y c)2º y c)3º; 50; 67; 69.a), d) y f)1º; 70.a) y c); 71.3; 72; y 76.3; disposición transitoria primera; y disposición final primera.

El motivo de impugnación común a todos estos artículos radica en que otorgan a Aragón competencias exclusivas, así como competencias asumidas por transferencia o encomienda del Estado, en materia de aguas intra e intercomunitarias. Además, otorga competencias exclusivas en materia de determinadas obras públicas.

Las aguas intercomunitarias que discurren por Aragón, pertenecientes a las cuencas del Ebro, del Tajo y del Júcar, son competencia exclusiva y plena del Estado, según el artículo 149.1.22ª de la Constitución. Por otro lado, la referencia a competencias asumidas por transferencia o encomienda del Estado, o que la Ley aragonesa asuma que van a existir convenios para transferir determinadas competencias del Estado para la gestión de las aguas, resulta igualmente inconstitucional.

El hecho de que el Estado cuente con competencias exclusivas plenas en aguas intercomunitarias busca asegurar el principio de unidad de cuenca y una gestión homogénea del recurso. Por este motivo, la norma autonómica no puede prefigurar la existencia de encomiendas y transferencias en relación con aguas intercomunitarias, ya que estos instrumentos sólo pueden ser posibles en el marco de la legislación estatal y por una decisión del Estado que respete el principio de unidad de cuenca e impida una gestión fragmentada del agua.

 

Hacienda y Administraciones Públicas

AUTORIZADAS OPERACIONES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 260 millones de euros, con el fin de refinanciar préstamos ya formalizados para mejorar sus condiciones financieras, adaptándolas a la situación actual del mercado, por lo que las operaciones autorizadas no supondrán un aumento de endeudamiento de Andalucía al finalizar el ejercicio.

La necesidad de esta autorización deriva de los artículos 14 de la LOFCA y 20 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta última señala que las operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas incumplidoras de los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto precisarán autorización del Estado mientras persista el incumplimiento y no tengan aprobado un Plan Económico Financiero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Andalucía incumplió el objetivo de estabilidad en el año 2014, por lo que precisa autorización.

En el ejercicio de esta autorización deberá respetarse el principio de prudencia financiera y sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2015. Andalucía deberá supeditar las operaciones de endeudamiento al cumplimiento del objetivo de deuda pública fijado por el Acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de septiembre de 2014 para el año 2015 (19 por 100 PIB regional).

 

Hacienda y Administraciones Públicas

AUTORIZACIÓN A LA COMUNITAT VALENCIANA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FINANCIERAS

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunitat Valenciana y al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dependiente de aquella, a garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras de entes públicos dependientes de la Comunitat, derivadas de operaciones de endeudamiento que formalicen en ejecución de los Acuerdos del Consejo de Ministros del 13 de marzo y del 29 de mayo de 2015, por un importe máximo de 64 millones de euros.

Ese acuerdo del pasado 13 de marzo autorizaba a la Comunitat Valenciana a formalizar préstamos y emitir deuda pública por un importe máximo de 2.500 millones de euros. Por su parte, el Acuerdo del 29 de mayo autorizaba a la misma Comunidad Autónoma a formalizar operaciones financieras a corto plazo por valor máximo de 242,55 millones de euros.

La necesidad de esta autorización deriva del artículo 20 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que dispone que la concesión, por parte de las Comunidades Autónomas de avales, reavales u otra clase de garantías a las operaciones de crédito de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, precisará de autorización del Estado hasta que se constate que se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. La Comunitat Valenciana incumplió el objetivo de estabilidad en el año 2014, por lo que precisa autorización.

Las entidades concedentes de las garantías son: Comunitat Valenciana (por importe máximo de 61,5 millones de euros) y el IVF (por importe máximo de 2,5 millones de euros). Las entidades beneficiarias son: Feria Muestrario Internacional de Valencia, que recibirá 23,5 millones de euros, y la Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A., que recibirá 40,5 millones de euros.

La ejecución de esta garantía no afectará al déficit ni a la deuda de la Comunidad Autónoma.
 

Defensa

CONTRATO UNIFICADO DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato unificado de seguros para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos, por un valor estimado de 25.840.000 euros por los años 2016 y la posible prórroga a 2017.

Los lotes del contrato y sus valores estimados incluido el año de prórroga son:

• Lote 1: Seguros de vida y accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas, por 8.600.000 euros.
• Lote 2: Seguro de responsabilidad civil para vehículos de suscripción obligatoria y voluntaria, accidentes de conductores y ocupantes de vehículos, defensa jurídica y reclamación de daños, asistencia en viaje y rotura de lunas de vehículos del Ministerio, por 12.482.000 euros.
• Lote 3: Seguro de responsabilidad civil sanitaria, por 800.000 euros.
• Lote 4: Seguros de accidentes, por 2.240.000 euros.
• Lote 5: Seguros de responsabilidad civil/patrimonial, por 1.157.000 euros.
• Lote 6: Responsabilidad civil de embarcaciones, por 50.000 euros.
• Lote 7: Transporte de mercancías, por 16.000 euros.
• Lote 8: Responsabilidad civil de aviación, por 495.000 euros.

Actualmente hay vigentes más de 120 pólizas de seguro en el Ministerio de Defensa, suscritas por distintos órganos de contratación del Departamento y cuyas coberturas no son homogéneas.

Ahorros

Debido a ello esta medida tiene por objetivo reducir el gasto, racionalizar las coberturas mediante el pertinente análisis de riesgos, establecer un adecuado seguimiento de siniestros, e incrementar el nivel de satisfacción de los beneficiarios finales, cambiando el modelo de gestión mediante la realización de un contrato unificado de seguros para el Departamento y sus Organismos Autónomos.

Además, con la contratación centralizada puede lograrse un ahorro en el crédito dispuesto en la mejor coyuntura posible de hasta el 10 por 100, lo que supondría 1.292.000 euros/año y 2.584.000 euros a lo largo de los dos años de vigencia, incluida la posible prórroga.

La adjudicación se llevará a cabo por el procedimiento abierto, con distintos criterios de valoración de ofertas basados en el precio de las primas a pagar y otras mejoras.

 

Economía y Competitividad

CONCESIÓN DE CRÉDITOS PARA PROYECTOS EN URUGUAY, GABÓN Y SRI LANKA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de tres créditos, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, para la financiación de proyectos en Uruguay, Gabón y Sri Lanka, por un importe de 104,54 millones de euros. Su desglose es el siguiente:

Uruguay

En primer lugar, se concede un crédito de hasta 55,65 millones de dólares, reembolsable en condiciones de mercado, a la sociedad concesionaria R del Este, S.A., para financiar el Parque Eólico Maldonado II.

Este proyecto es una ampliación del parque eólico Maldonado I el cual ha contado también con financiación FIEM. En vista de la buena ejecución y gestión de dicho proyecto, la entidad pública Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) ha adjudicado a R del Este un segundo contrato en idénticas condiciones, lo que supone la ejecución de un nuevo parque de 50MW en Maldonado.

Se trata de un proyecto en un sector en el que las empresas españolas ocupan una posición de liderazgo. De hecho, se estima un arrastre exportador por encima del 70 por 100 con la consecuente creación de empleo y riqueza en nuestro país. Asimismo, el proyecto implica el apalancamiento de fondos uruguayos y la participación de Pymes españolas como proveedoras.

Gabón

Por su parte, un crédito de hasta 16.388.670 euros se destina para un proyecto de diseño y construcción de una planta potabilizadora en Ntoum (Gabón), situada a 37 kilómetros de la capital, Libreville. El proyecto incluye la realización de la ingeniería, aprovisionamiento y construcción de una estación de tratamiento de agua potable de 140.000 m3/día de capacidad.

La financiación de esta operación se realiza en cofinanciación con un crédito comercial con cobertura de CESCE y con financiación local lo que supone un importante apalancamiento de recursos financieros para un proyecto por un importe total de 43.637.544 euros. Este proyecto supone un notable efecto arrastre exportador global para España del 82,20 por 100 del importe total del proyecto, con la participación de más de cincuenta proveedores y suministradores al contratista principal, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas de los sectores de bienes de equipo e ingeniería.

La ejecución del proyecto tendrá importantes efectos sobre el empleo. La carga de trabajo supondrá, tanto la contratación, como el desplazamiento, de técnicos españoles a dicho país y el mantenimiento y la creación de empleo dentro de España. El resultado previsible de esta operación es un impulso de las exportaciones tecnológicas españolas a Gabón, en uno de los sectores en los que las empresas españolas son líderes mundiales. Supondrá el refuerzo de la imagen de las empresas españolas de construcción e ingeniería, y posiblemente, la consecución de nuevos contratos. Tendrá, finalmente, un importante efecto arrastre sobre la economía española.

Sri Lanka

Finalmente, se concede un crédito de hasta 29.501.875 euros para un proyecto que incluye la captación de agua, diseño y construcción de una planta de suministro y tratamiento de agua conducciones, bombas, válvulas e instrumentación en Anamaduwa (Sri Lanka).

La financiación de esta operación ha permitido el apalancamiento de fondos locales, ya que se realiza en cofinanciación con la banca local de Sri Lanka. Este proyecto conlleva un notable efecto arrastre exportador para España, que representa el 70 por 100 del importe total del proyecto, y permitirá la participación de un importante número de Pymes españolas como proveedores y suministradores del contratista principal. La realización del proyecto supondrá, asimismo, una sustancial carga de trabajo en los sectores de bienes de equipo e ingeniería.

Se trata de un proyecto llave en mano, cuyo importe total es de 42,2 millones de euros, que incluye la captación de agua, diseño y construcción de una planta de suministro y tratamiento de agua para el Consejo Nacional de Suministro de Agua y Alcantarillado. Comprende la formación de personal cualificado para garantizar la continuidad y mantenimiento de la planta.

La realización de este proyecto contribuirá al posicionamiento de las empresas españolas en Sri Lanka, al impulso de las exportaciones españolas y al refuerzo de la imagen tecnológica de nuestro país.
 

Fomento

MÁS DE 358 MILLONES PARA NUEVAS ACTUACIONES EN CARRETERAS A TRAVÉS DE SEITTSA

• Esta aportación proviene de la firma de un nuevo convenio de gestión directa mediante el que se refunden los convenios vigentes hasta el momento y se aminora la aportación de la Administración.

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción del convenio de gestión directa entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. (SEITTSA), para la promoción y construcción de determinadas infraestructuras de carreteras de titularidad estatal.

Asimismo, ha acordado autorizar la suscripción del convenio de gestión directa entre la Administración General del Estado, SEITTSA y las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF Alta Velocidad para la promoción y construcción de determinadas infraestructuras ferroviarias.

Carreteras

En materia de carreteras, el convenio refunde los seis convenios vigentes entre la Administración General de Estado y SEITTSA en materia de construcción de carreteras, recogiendo la situación real y actual de las actuaciones contempladas, unificando y regularizando su financiación en atención al principio de unidad de caja con el que han sido gestionados por SEITTSA, lo que permitirá la liquidación unitaria de actuaciones y aportaciones.

En este sentido, los compromisos de aportación de la Administración General del Estado serán menores con respecto a los pendientes en los seis convenios vigentes. Así, de un total de 690,6 millones de euros, la aportación se reducirá a menos de la mitad, alcanzando los 332,5 millones de euros entre 2015 y 2017.

De esta manera, los 358,1 millones de euros restantes se invertirán en nuevas actuaciones en carreteras que se encomendarán a SEITTSA.

Ferrocarriles

En el caso de los ferrocarriles, mediante este convenio se refunden los de 2006, 2007, 2008 y 2009. Además, también se aprueba un gasto de 417,9 millones de euros entre 2015 y 2017, lo que supone una minoración de la cantidad pendiente de aportar por la Administración General del Estado y el ahorro asciende a cerca de 278 millones de euros.

Además, el convenio que se aprueba establece que, tras la supresión de la Dirección General de Ferrocarriles por la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), la dirección facultativa de las obras y de los contratos de asistencia técnica asociados que correspondía a la Dirección General de Ferrocarriles se llevará a cabo por el personal de ADIF o de ADIF Alta Velocidad, en función de las competencias que corresponde a cada entidad.
 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

REGULADO EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES DE PLANTACIONES DE VIÑEDO

• A partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2030 las plantaciones de viñedo deberán realizarse bajo la concesión de una autorización.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el potencial vitícola y se desarrolla a nivel nacional la normativa del nuevo régimen de autorizaciones de plantaciones de viñedo acordado en la reforma de la Política Agraria Común de 2013.

A partir del 1 de enero de 2016, el régimen de derechos de plantación que ha estado vigente en las tres últimas décadas dará paso a un sistema de autorizaciones de plantación, que permite continuar con la limitación de la producción y asegurar un crecimiento ordenado de las plantaciones de vid.

Tal como se recoge en el Real Decreto, para que se pueda plantar viñedo se deberá contar con una autorización que podrá obtenerse de tres formas diferentes: por conversión de derechos de plantación que el viticultor tenga en su poder a 31 de diciembre de 2015, obteniendo una autorización del cupo anual para nuevas plantaciones o por arranque de una plantación de viñedo.

Conversión de viñedos

En lo que se refiere a la conversión de derechos, el plazo de presentación de solicitudes comienza el próximo 15 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2020, a decisión de España, con el objetivo de dar facilidad a los viticultores para planificar sus estrategias empresariales.

Autorización del cupo

En segundo lugar, se podrán obtener anualmente autorizaciones para nuevas plantaciones dentro de un cupo que deberá ser, como máximo, del 1 por 100 a nivel nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio del año anterior. Este porcentaje podrá ser inferior y se podrá limitar la concesión de autorizaciones en zonas geográficas que están amparadas bajo alguna Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegidas (DOP/IGP), si se justifica un riesgo de excedentes de mercado o una devaluación de estas Denominaciones o Indicaciones.

Antes del 1 de febrero de cada año, el Ministerio de Agricultura deberá hacer públicas las decisiones del porcentaje y de las limitaciones a aplicar. La Interprofesional del Vino de España y los órganos gestores de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas podrán realizar recomendaciones al respecto.

Si las solicitudes que se presentan son mayores que la superficie puesta a disposición, se dará prioridad a jóvenes nuevos viticultores y a solicitantes que demuestren un buen comportamiento por no tener, entre otras cuestiones, plantaciones ilegales o viñedo abandonado.

Arranque de viñedos

En tercer lugar, todos los arranques de viñedo que se produzcan a partir del 1 de enero de 2016, podrán solicitar una autorización de replantación.

Como novedad, y a diferencia del régimen de derechos, las autorizaciones de plantación concedidas no podrán venderse entre distintos titulares, debiendo ser ejercidas por el titular al que se le concedió.

Además, el Real Decreto aprobado hoy incluye las disposiciones por las que las Comunidades Autónomas deben autorizar las variedades de uva de vinificación para poder ser plantadas en su ámbito territorial, para lo que se recoge un listado de las variedades que pueden ser plantadas en cada una de las Comunidades Autónomas.

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

APROBADO UN NUEVO SISTEMA SOBRE DECLARACIONES OBLIGATORIAS EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA

• Dotará al sector vitivinícola de una mayor transparencia de mercado y se basará en un Registro General de Operadores del Sector Vitivinícola y en declaraciones mensuales.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola.

El Real Decreto establece un nuevo Sistema de Información de Mercados del sector vitivinícola, que venía siendo demandado por las principales organizaciones representativas del sector, para disponer de un instrumento que permita realizar un seguimiento preciso de la evolución del mercado, con el fin de que administraciones y el sector puedan adoptar decisiones con mayor conocimiento.

El sistema se basa en un Registro General de Operadores del Sector Vitivinícola y en declaraciones mensuales que deberán realizar los operadores de forma telemática, antes del día veinte de cada mes, en relación con producción, existencias, entradas y salidas de vino y mosto.

Dada la estructura del sector productor, caracterizado por tener un número elevado de bodegas de pequeño tamaño, pero que representan poco volumen en el conjunto del sector, se ha optado por eximir de la obligación de declaraciones mensuales a las bodegas con producciones medias inferiores a mil hectolitros por campaña. Estos productores, que se estima suponen en torno a dos tercios del total, sólo deberán realizar tres declaraciones al año.

La base de datos a través de la cual se deben presentar las declaraciones será gestionada por la Agencia de Información y Control Alimentarios y estará disponible para su uso en septiembre, cuando los operadores tendrán que realizar la primera declaración de la campaña 2015/16.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pondrá a disposición del conjunto del sector vitivinícola la información agregada de los datos que contenga el sistema con el fin de conseguir el objetivo de conocimiento y transparencia en el mercado del vino y del mosto. El sistema también podrá ser utilizado en caso de que la Organización Interprofesional del Vino de España decida aplicar una extensión de norma.
 

Defensa

CONTRATO PARA EL DESARROLLO DE INTEGRACIÓN DE SENSORES EN MÁSTIL Y SCOMBA F-110

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para el desarrollo de integración de sensores mástil y Scomba F-110, por un importe máximo de 135.314.364 euros.

El objeto de este contrato de servicios I+D+i es la realización de tres programas de estudios tecnológicos que desarrollarán la integración de sensores en el mástil, la incorporación de nuevas capacidades en el sistema de combate SCOMBA de buques de la Armada, y el desarrollo de un sistema de actuación y control de misiles para ser instalados en las futuras fragatas F-110.

Los prototipos y desarrollo se probarán en el mástil integrado y formarán parte de los sistemas que se instalen en las fragatas F-110 de la serie. Además, se pretende desarrollar el Sistema de Combate de los buques de la Armada (SCOMBA). Se trata de un sistema unificado con el que desde el año 2002 se equipa a la mayor parte de los buques de la Armada y que fue desarrollado a partir del sistema de combate Aegis estadounidense, basado en la conexión entre el radar de detección temprana de posibles alertas y el armamento de los buques.

El Ministerio de Industria y Energía anticipará la cantidad mencionada en seis anualidades repartidas entre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, por importes de 20.862.164, 37.275.284, 29.276.987, 25.952.272, 14.368.761 y 7.578.896 euros, respectivamente.

La financiación de estos programas se encuadra dentro de los "Programas especiales de Armamento" de manera que el Ministerio de Industria y Energía correrá con los gastos de pre-financiación y el Ministerio de Defensa devolverá las cantidades anticipadas de una sola vez en el ejercicio 2021.

 

Defensa

CONTRATO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS AL FUTURO VEHÍCULO DE COMBATE SOBRE RUEDAS 8x8

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para el desarrollo de los programas tecnológicos asociados al futuro vehículo de combate sobre ruedas 8x8 (VCR 8x8), por un importe total de 89.298.000 euros.

Al igual que en el contrato sobre integración de sensores en mástil y Scomba F-110, el Ministerio de Industria y Energía anticipará la cantidad mencionada en tres anualidades repartidas entre 2015, 2016 y 2017, por importes de 40.801.200, 30.637.200 y 17.859.600 euros, respectivamente.

La financiación de estos programas se encuadra dentro de los "Programas Especiales de Armamento", de manera que el Ministerio de Industria y Energía correrá con los gastos de la pre-financiación y el Ministerio de Defensa devolverá las cantidades anticipadas de una sola vez en el ejercicio 2018.

El objeto de este contrato de servicios I+D+i es la realización de seis programas de estudios tecnológicos que desarrollarán los prototipos del futuro vehículo.

La futura entrada en servicio del VCR 8x8 permitirá, en el corto-medio plazo, dotar a los actuales batallones de Infantería de las Brigadas Orgánicas Polivalentes BOP-Ruedas y, en el medio-largo plazo, dar de baja a los actuales BMR y algunos vehículos de cadenas, como el TOA M-113.

También permitirá la sustitución progresiva de los VEC y BMR de los Grupos de Reconocimiento de Caballería, y de los Vehículos de Combate de Zapadores (VCZ) de los Batallones de Zapadores.

 

Economía y Competitividad

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES EN 2014

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución del resultado obtenido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante el ejercicio de 2014, que asciende a 8.955.816,33 euros.

Esta cantidad se incorporará como ingreso del Estado, según lo previsto en el artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores. Dicho precepto establece que los beneficios de cada ejercicio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrán destinarse a:

• Cubrir pérdidas de ejercicios anteriores.
• Crear reservas necesarias para la financiación de las inversiones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores deba llevar a cabo para el cumplimiento adecuado de los objetivos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.
• Crear las reservas que aseguren la disponibilidad de un fondo de maniobra adecuado a sus necesidades operativas.
• Su incorporación como ingreso del Estado del ejercicio en el que se aprueben las cuentas anuales del ejercicio que haya registrado el citado beneficio.

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordó elevar al Gobierno el 23 de junio de 2015 la distribución de dicho resultado, proponiendo la aplicación de la totalidad del resultado (8.955.816,33 euros) al Estado, al no haberse registrado pérdidas de ejercicios anteriores y encontrarse las reservas ajustadas a las necesidades de la Comisión.

 

Economía y Competitividad

APROBADOS EL BALANCE Y CUENTAS DEL BANCO DE ESPAÑA DURANTE 2014

El Consejo de Ministros ha aprobado el balance y cuentas del ejercicio 2014 del Banco de España, y ha dispuesto la aplicación de los beneficios pendientes de distribución.

Los beneficios del ejercicio 2014 imputables al Tesoro Público correspondientes al mencionado ejercicio ascienden a 2.519.215.645,48 euros.

De acuerdo con el Real Decreto de 12 de diciembre de 2008 sobre el régimen de ingreso en el Tesoro Público de los beneficios del Banco de España, éste ha efectuado ya dos ingresos a cuenta de los citados beneficios de la siguiente cuantía:

• Ingreso de 1.413.151.303,99 euros el día 1 de diciembre de 2014, correspondiente al 70 por 100 de los beneficios generados hasta el 30 de septiembre de 2014, una vez deducidos 811.366.473,19 euros en aplicación de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 1.1.a) del Real Decreto del 12 de diciembre de 2008.
• Ingreso de 854.142.776,94 euros el día 2 de marzo de 2015, correspondiente al 90 por 100 de los beneficios provisionales generados a 31 de diciembre de 2014, descontado el ingreso mencionado anteriormente.

El resto de beneficio imputable al Tesoro Público, que asciende a 251.921.564,55 euros, deberá ser ingresado por el Banco de España en el Tesoro Público con aplicación al Presupuesto de Ingresos del Estado.

 

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ADHESIÓN DE ESPAÑA AL PROTOCOLO QUE FACILITA LA FINANCIACIÓN DE LOS BIENES DE EQUIPO AERONÁUTICO

El Consejo de Ministros ha autorizado la adhesión de España al Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales, además de solicitar su tramitación por el procedimiento de urgencia.

España se ha adherido al Protocolo Aeronáutico del Convenio de Ciudad del Cabo sobre equipos móviles, elaborado en el marco del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado y por la Organización de Aviación Civil Internacional.

El Convenio de Ciudad del Cabo y su Protocolo Aeronáutico facilitan la financiación de los bienes de equipo aeronáutico que son bienes de un gran contenido tecnológico y valor económico. Establece un procedimiento para constituir y registrar derechos de garantía sobre unos bienes en constante movimiento, como son los aviones, helicópteros y sus equipos, que de otro modo serían difíciles de ejecutar por los acreedores en caso de impago de los créditos. Esta posibilidad de ejecución permite a las empresas que fabrican estos bienes obtener financiación de los bancos y otras instituciones de crédito en mejores condiciones financieras y a unos menores intereses.

El establecimiento de unas garantías internacionales y la creación de un Registro Internacional con normas sustantivas adaptadas permite una mejor identificación y control sobre los bienes móviles que son, en definitiva, los que garantizan el cobro de los créditos. Se facilitan, así, su financiación en mejores condiciones, ya que el ratio de riesgo de impago de los créditos desciende en torno a un diez por ciento con la consecuente disminución de los costes de financiación.

Este Protocolo Aeronáutico es de especial interés para España dada la creciente participación de las empresas y operadores de nuestro país en el sector aéreo y, en particular, en la construcción de aeronaves de todo tipo así como de sus equipos, que requieren de cantidades importantes para su financiación. La obtención de créditos en buenas condiciones permite abaratar los costes y mejorar la competitividad internacional, al igual que aumentar la producción y el empleo en un sector tan estratégico como el aéreo.

 

Justicia

MÓDULO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIONES A LOS JUZGADOS DE PAZ

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se fija el módulo para la distribución del crédito destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.

La distribución de esta ayuda se realiza anualmente en función del número de habitantes de cada municipio y su cuantía total se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, ascendiendo a 1.994.210 euros.

Este acuerdo será de aplicación a los Ayuntamientos de las Comunidades Autónomas que no tienen las competencias de justicia transferidas, como Castilla y León, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Extremadura. En cambio, no será de aplicación a las restantes Comunidades Autónomas, de conformidad con lo previsto en sus respectivos Reales Decretos sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

 

Industria, Energía y Turismo

APROBADO EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA JIJONA-CANTALAR

El Consejo de Ministros ha declarado de utilidad pública el proyecto de ejecución de la línea eléctrica aérea a 220 kV Jijona-Cantalar, entre los términos municipales de Busot y Aigües Su finalidad es aumentar la potencia y calidad de servicio eléctrico en el eje costero de la provincia de Alicante.

La línea tiene una longitud total de 34.794 metros y afecta a los municipios de Aigües, Alicante, Benidorm, Busot, Finestrat, La Nucía, Orxeta, Polop de la Marina, Relleu y Villajoyosa.

El proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable otorgada en abril de 2015 por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, siempre que el promotor cumpla con las medidas preventivas y correctoras contempladas en la evaluación de impacto ambiental.

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES EN LAS CUENCAS DEL EBRO Y DEL JÚCAR

El Consejo de Ministros ha tomado razón de las obras de emergencia, por un importe total de 10.576.600 euros, destinadas a la reparación de los cauces, las infraestructuras hidráulicas y los daños en el dominio público hidráulico en las cuencas del Ebro y del Júcar causados por las avenidas y los temporales registrados a finales del mes de marzo.

Cuenca del Ebro

En concreto, el Consejo ha autorizado, por un importe de 7,2 millones de euros, las obras de emergencia para reparar los daños causados por el episodio de crecidas generalizadas que sufrió la cuenca del Ebro y que afectó a la mayoría de los afluentes del río, especialmente en la margen derecha (en las cuencas de los ríos Iregua, Leza, Cidacos, Alhama, Queiles, Huecha, Jalón, Huerva, Guadalope y Matarraña), provocadas por una gota fría.

Los trabajos están dirigidos, principalmente, a restituir los cauces e infraestructuras hidráulicas afectadas, a la retirada de tapones, restos vegetales y otros objetos depositados en el cauce, la reparación de defensas y reposición de márgenes, el arreglo de las estaciones de aforo que resultaron dañadas, la reposición o reparación de elementos de medida o control afectados por las avenidas y la reparación de los deslizamientos producidos en los accesos de la presa de Enciso.

Cuencas del Júcar

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha tomado también razón de las obras de emergencia que, por un importe de 3.376.600 euros, irán destinadas a reparar los daños causados en el dominio público hidráulico por los fuertes temporales de lluvia de finales del mes de marzo en las cuencas del Júcar, en concreto en las provincias de Albacete, Cuenca, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante.

Las intensas lluvias registradas entre los días 18 y 25 de marzo ocasionaron inundaciones en numerosos municipios de la cuenca, y provocaron daños en el dominio público que requieren la puesta en marcha de más de un centenar de actuaciones destinadas a reparar las infraestructuras hidráulicas y márgenes, la retirada de tapones y obstrucciones y arrastres, y el arreglo de taludes.

Real Decreto Ley y Plan Fluvial

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente continúa, así, desarrollando el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno el pasado 6 de marzo por el que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

Este Real Decreto Ley contemplaba una inversión de 70,1 millones de euros para reparar todos los daños causados por el temporal. De esta inversión, 43,5 millones de euros estaban destinados a la puesta en marcha de las actuaciones necesarias para corregir las afecciones en el dominio público hidráulico (Plan Fluvial) gracias a un primer crédito extraordinario aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de mayo, que se amplió la pasada semana en 19 millones de euros más.

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

OBRAS DE EMERGENCIA EN LA RED FOROMÉTRICA DE LA DEMARCACIÓN DEL JÚCAR

• Se enmarcan en el Real Decreto de sequía en la cuenca del Júcar aprobado por el Gobierno, que cuenta con un crédito de 20,1 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha tomado razón de las obras de emergencia en la red forométrica de la estación del Júcar y sus infraestructuras, en las que ya se están invirtiendo 1.998.000 euros.

Esta actuación forma parte de los trabajos que, en el marco del Real Decreto de Sequía aprobado por el Gobierno, está acometiendo el Ministerio para minimizar los efectos de la escasez de agua en la demarcación.

El objetivo de las obras, que ya están en ejecución, es mejorar las estaciones de la red de aforos que controlan la salida de los embalses, las derivaciones y los caudales ecológicos, lo que permitirá llevar a cabo un control más riguroso de los usos del agua en los sistemas de explotación.

En concreto, los trabajos mejorarán la precisión de medida de los caudales bajos en las estaciones de aforos existentes en la red fluvial de varias provincias de la cuenca del Júcar, así como la medición de los caudales ecológicos, y permitirán también controlar sus derivaciones en canales y acequias de riego en las provincias de Teruel, Castellón y Valencia. Además, mejorarán la medición de caudales en los canales de salida del lago de La Albufera de Valencia.

Estas actuaciones se completarán con la construcción de una nueva estación de aforos en el río Arquillo, en el término municipal de El Jardín (Albacete).

Nueve obras de emergencia ya declaradas en el Júcar

En total, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ya ha declarado nueve obras de emergencia en la cuenca del Júcar para hacer frente al problema de la sequía, por un importe de 13,2 millones de euros, lo que representa el 65,4 por 100 de la inversión total prevista en el crédito extraordinario de 21,1 millones de euros aprobado por el Gobierno para atender las necesidades provocadas por la sequía en la demarcación del Júcar.

Estas actuaciones se enmarcan en el Real Decreto de sequía en la cuenca del Júcar aprobado el pasado 8 de mayo, por el que se adoptaban medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos en esta demarcación.
 

Educación, Cultura y Deporte

MODIFICADOS LOS REQUISITOS DE TITULACIÓN DEL PROFESORADO DE LOS MÓDULOS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican los anexos que establecen los requisitos de titulación del profesorado de los módulos de enseñanza deportiva de diversos Reales Decretos de Títulos de Técnico Deportivo.

Los objetivos a conseguir con la presente norma son:

• Incorporar nuevos títulos de graduado a los requisitos de titulación exigidos al profesorado de los módulos de enseñanza deportiva de los ciclos inicial y final de grado medio, en centros privados y de titularidad pública de Administraciones distintas a la educativa.
• Modificar los anexos de distintos reales decretos por los que se establecen los títulos de técnico deportivo en atletismo, buceo deportivo con escafandra autónoma, esgrima, espeleología, hípica, judo y defensa personal, salvamento y socorrismo, y vela con aparejo fijo y vela con aparejo libre.

Salto cualitativo en la formación de los técnicos

Las normas modificadas suponen un salto cualitativo en la manera de abordar la formación de los técnicos en las diferentes modalidades, que se apoya en la definición de nuevos estándares en la formación y que va a influir de forma significativa en la mejora de la calidad de los servicios que estos técnicos ofertan y desempeñan.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, dentro de las denominadas enseñanzas de régimen especial se encuentran las enseñanzas deportivas, divididas en las siguientes etapas:

• Enseñanzas deportivas de grado medio, dentro de la educación secundaria postobligatoria, que otorgan el título de técnico deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
• Enseñanzas deportivas de grado superior, dentro de la educación superior, que otorgan el título de técnico deportivo superior en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.

Preparación a los alumnos

Estas enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad profesional en relación con una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa, contribuyendo a que los alumnos adquieran las capacidades que les permitan:

1. Desarrollar la competencia general correspondiente al perfil de los estudios respectivos.
2. Garantizar la cualificación profesional de iniciación, conducción, entrenamiento básico, perfeccionamiento técnico, entrenamiento y dirección de equipos y deportistas de alto rendimiento en la modalidad o especialidad correspondiente.
3. Comprender las características y la organización de la modalidad o especialidad respectiva y conocer los derechos y obligaciones que se derivan de sus funciones.
4. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar su labor en condiciones de seguridad.

Por su parte, el artículo 49 del Real Decreto del 24 de octubre de 2007, por el que se estableció la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, determinaba que para ejercer la docencia en los módulos de enseñanza deportiva del bloque común se debe estar en posesión del título de licenciado, ingeniero, arquitecto o título de grado correspondiente. En el mismo artículo se indicaba que, junto con la regulación de las correspondientes enseñanzas mínimas de cada modalidad y, en su caso, especialidad deportiva, se indicará la concordancia de titulación del profesorado con el módulo que se vaya a impartir.

Carencias

Durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 se aprobaron sendos Reales Decretos que regularon los requisitos de titulación del profesorado de los módulos de enseñanza deportiva de los ciclos inicial y final de grado medio, en centros privados y de titularidad pública de Administraciones distintas a la educativa. Durante el proceso de implantación de los títulos de enseñanzas deportivas regulados hasta la fecha se han detectado determinadas carencias que hacen aconsejable la modificación de los citados anexos y, de esta manera, actualizar el perfil del profesorado de algunos de los módulos de enseñanza deportiva, incorporando nuevos títulos oficiales universitarios.

 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

El Consejo de Ministros ha autorizado el abono de seis contribuciones, correspondientes al año 2015, a organismos internacionales relacionados con el Sistema Nacional de Salud, por un importe conjunto de 473.470 euros. Su desglose es el siguiente:

• Contribución a la Organización Internacional para el Desarrollo de Estándares de Terminología Sanitaria (IHTSDO), correspondiente al año 2015, por un importe de 399.942 euros.

El Sistema Nacional de Salud está inmerso en un proceso de modernización en el que se enmarca el proyecto de Historia Clínica Digital y la Receta Electrónica, con lo que se persigue que la información relevante del paciente esté accesible para facilitar la asistencia sanitaria. Este intercambio de información clínica es posible gracias a que las Comunidades Autónomas adoptan un lenguaje estandarizado, la terminología clínica SNOMED CT., que son distribuidos por la Organización Internacional para el Desarrollo de Estándares de Terminología Sanitaria (IHTSDO). España pertenece a esta organización, junto a otros 26 países, desde 2009. El pago de la cuota permite a España disponer de esta termología, que es esencial para la modernización del sistema, e influir en su evolución.

• Contribución a la Alianza Europea de Organizaciones de Transfusión Sanguínea (EBA) por un importe de 29.400 euros.

El objetivo de esta Alianza en la que está España, es contribuir a la seguridad y la relación coste-eficacia del suministro de sangre, células y tejidos para los ciudadanos de Europa mediante el mantenimiento de una estrecha y eficiente relación entre los servicios de transfusión europeos. Esta Alianza proporciona a las autoridades nacionales y europeas apoyo en la preparación de recomendaciones, información actualizada sobre transfusión, actividades para fomentar la autosuficiencia y contribuye a la reducción de costes de mantenimientos de los sistemas de transfusión, a través de la centralización de compras a nivel europeo.

• Contribución al Comité de Salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por un importe de 18.000 euros.

La OCDE es una de las fuentes más importantes de datos comparables sobre los sistemas sanitarios y su relación con factores económicos y sociales. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad apunta, desde 2004, la importancia que tienen para la mejora de la salud los informes de este organismo. Para que estos estudios tengan la calidad y profundidad necesaria se necesitan fondos que provienen de las aportaciones voluntarias de los países.

• Contribución al grupo MEDEV, Evaluación de Medicamentos de la Plataforma Europea de Seguridad Social-ESIP por un importe de 13.068 euros. El Comité de Evaluación de Medicamentos MEDEV, coordinado por la Plataforma Europea de Seguridad Social (ESIP), se estableció para representar los intereses de los organismos financiadores de medicamentos para la evaluación y la fijación de precios en Europa. Para España es importante formar parte de esta red, en la que participan otros dieciséis Estados de la Unión Europea, ya que la información es importante a la hora de establecer el sistema de precios de medicamentos. Por ello, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad apuesta por mantener el acuerdo que se estableció con MEDEV en 2.011 y pagar la cuota anual para tener acceso a la información y participar en las reuniones que se celebren este año.
• Contribución a la Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), por un importe de 9.089,21 euros. Esta organización facilita la coordinación entre los servicios de inspección nacionales, procedimientos y formación de expertos con el objetivo de estrechar la cooperación entre los servicios de inspección farmacéutica de los Estados miembros y fomentar el intercambio de información y de experiencias.
• Contribución al Proyecto Europeo Integrado para la Base de Datos sobre Precios de Medicamentos, el Proyecto EURIPID, de 3.971,00 euros. EURIPID es una base de datos que aporta información sobre precios de medicamentos, principalmente de países europeos que tiene actualización regular según los datos aportados por las autoridades nacionales. Ahora participan veintiséis países.

 

Educación, Cultura y Deporte

CREADA EN MELILLA LA ESCUELA INFANTIL "DOÑA JOSEFA CALLES ALCALDE"

El consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Escuela Infantil "Doña Josefa Calles Alcalde", de la Ciudad de Melilla.

La creación de esta escuela no conlleva la realización de gasto público por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de conformidad con lo dispuesto en el Convenio suscrito el 18 de marzo de 2015, entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, para la creación de la citada Escuela. La Consejería asume íntegramente la responsabilidad jurídica y económica que le corresponde como titular de la Escuela y cumplirá las obligaciones que contrae con el personal que preste servicios en la misma.

Para el funcionamiento de esta Escuela Infantil se prevé un presupuesto anual que asciende a un total estimado de 970.000 euros, de los cuales 143.000 euros se destinarán a gastos corrientes de funcionamiento y 825.000 euros corresponde al personal de la misma.

El personal previsto será de treinta personas repartidas así:

• Un/a director/a.
• Dos maestros/as de educación infantil.
• Un/a maestro/a de pedagogía terapéutica.
• Doce técnicos/as Superiores en Educación Infantil.
• Nueve Asistentes/as Infantiles.
• Tres camareras/os limpiadoras/es.
• Un/a ayudante de cocina.
• Un conserje de portería.

Y el número de alumnado ascenderá a un total de 127 con la siguiente distribución:

• Dos aulas de 0-1 años: 16 niños/as.
• Tres aulas de 1-2 años: 39 niños/as
• Cuatro aulas de 2-3 años: 72 niños/as.
   

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

CONTRATACIÓN DE HELICÓPTEROS DE TRANSPORTE PARA LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación, por el procedimiento de emergencia, de diecinueve helicópteros de transporte de las Brigadas de Refuerzo para la lucha contra los Incendios Forestales destinados a la campaña de verano de 2015. El importe estimado máximo de este contrato asciende a 12.340.500 euros.
 

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO CON MOLDAVIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA ADUANERA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Moldavia sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera y su ratificación.

La oportunidad de intensificar el intercambio de información sobre investigaciones relativas a tráficos ilícitos aconsejó llevar a cabo la negociación del presente Acuerdo.

Si bien la Comunidad Europea y sus Estados miembros concluyeron en 1994, junto con el Acuerdo de colaboración y de cooperación con la República de Moldavia, un Protocolo con este país sobre asistencia mutua entre autoridades administrativas en materia de aduanas, este Acuerdo reforzará las relaciones entre las administraciones aduaneras de los dos países, al tiempo que incorporará materias no incluidas en el Acuerdo europeo, como la cooperación en la lucha contra el contrabando de drogas y otras mercancías ilícitas y la realización de entregas controladas.

 

       BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores y de Cooperación

Embajador jefe de la Delegación Permanente de España ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).-

D. JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA.

Nacido el 18 de febrero de 1950, es Licenciado en Derecho y Máster en Sociología Política por el Instituto de Estudios Políticos. Pertenece a la plantilla de Titulados Superiores de RTVE, donde fue director del Gabinete de Investigación de Audiencia.

Ha sido director técnico del Centro de Investigación Sociológicas, vocal del Consejo de Administración de RTVE, concejal del Ayuntamiento de Madrid, diputado al Congreso de los Diputados por A Coruña, consejero delegado y presidente de Demoscopia, director general de Relaciones Corporativas del Grupo BBVA, y presidente de Kantar Media y de Inspire Consultores, así como de la Asociación Profesional Global de Investigadores de Opinión y Mercado. Profesor de Sociología Política en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid. En diciembre de 2011 fue nombrado ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Embajadora delegada permanente de España en la UNESCO.-

Dª MARÍA TERESA LIZARANZU PERINAT.

Nacida en 1968 en Madrid, es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Derecho Comunitario por la Universidad Libre de Bruselas, e ingresó en la Carrera Diplomática en 1997.

Ha estado destinada en la Embajada de España en Finlandia y ha sido cónsul general adjunta en Jerusalén. Fue jefa adjunta del Gabinete Técnico del Subsecretario y subdirectora general adjunta de Oriente Próximo. En 2006 fue nombrada consejera en la Embajada de España en Alemania y, posteriormente, subdirectora general del Magreb. Desde enero de 2012 era directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro.
 

Embajador representante permanente adjunto de España ante la Unión Europea.-

D. JUAN DE ARÍSTEGUI LABORDE.

Nacido el 2 de julio de 1963 en San Sebastián, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1990 en la Carrera Diplomática.

Fue consejero técnico en el Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y estuvo destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Finlandia y Turquía. Ha sido subdirector general de Asuntos Generales en la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, coordinador del COREPER, en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y subdirector general de Asuntos Sociales en la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios, y de Europa Oriental y Asia Central. En septiembre de 2011 fue nombrado director del Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea.

Educación, Cultura y Deporte

D irector general de Política e Industrias Culturales y del Libro.-

D. JOSÉ PASCUAL MARCO MARTÍNEZ.

Nacido el 13 de febrero de 1958 en Madrid, es Licenciado en Filosofía y en Derecho, e ingresó en 1983 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Pakistán y Nicaragua. Fue cónsul general de España en Melbourne, subdirector general de la Oficina de Planificación y Evaluación, jefe de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Turquía, segundo jefe en la Embajada de España en Sudáfrica y consejero y coordinador en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. En 2002 fue nombrado director adjunto del Gabinete de la Ministra de Asuntos Exteriores y, posteriormente, embajador de España en la República Democrática del Congo y en la República del Congo. Fue segundo jefe de la Embajada de España en Estados Unidos y, en septiembre de 2010, fue designado embajador Representante Permanente Adjunto de España ante la Unión Europea, cargo que desempeñaba en la actualidad.