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Del total de fondos, 48 millones corresponden a la lucha contra la pobreza
infantil y la desigualdad; 27,4 se destinarán a prestaciones básicas de
servicios sociales; 9,5 millones para la lucha contra las adicciones; 6 millones
a la asistencia de mujeres y menores víctimas de violencia de género y 400.000
euros a programas para la inserción del pueblo gitano.
El reparto de los fondos, que se ha realizado a propuesta del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con cargo a su presupuesto, ha sido
acordado con las Comunidades Autónomas anteriormente en los correspondientes
órganos territoriales.
Más ayudas para cubrir necesidades básicas
Los 48 millones destinados a la lucha contra la pobreza infantil y la
desigualdad provienen del Plan de Apoyo a la Familia y la Infancia, creado por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2014. Desde entonces
su presupuesto se ha ido multiplicando, pues en 2014 fue de 17 millones de
euros, en 2015 de 32 millones y ha ascendido a 48 este año; es decir, ha
aumentado en 31 millones, el 155 por 100, desde su creación.
Esta financiación llegará a las entidades locales vía Comunidades Autónomas y se
dirigirá a proyectos destinados a paliar situaciones de carencia material de las
familias que lo necesiten por bajos ingresos. Serán ayudas para alimentación,
ropa, aseo, gastos escolares o del hogar, entre otros conceptos.
Este crédito, al igual que sucedió el año pasado, no tiene compromiso de
financiación ni por parte de las Comunidades Autónomas, ni de las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, ni tampoco de los Ayuntamientos.
Violencia de género
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado el reparto de seis millones
de euros para la asistencia a mujeres y menores víctimas de violencia de género,
un 25 por 100 más que en 2015 y superando el importe del crédito transferido en
2011.
En concreto, el reparto de fondos establece 3,25 millones de euros para el
desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a
la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género, por una
parte; 1,75 millones de euros para la atención a menores expuestos a violencia
de género y un millón más para el desarrollo de planes personalizados y medidas
para la mejora de la coordinación en las Comunidades Autónomas.
Apoyo a la política social de los Ayuntamientos
Asimismo, se ha aprobado la partida para financiar el Plan de Desarrollo de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, también llamado Plan Concertado, que
tiene como objetivo apoyar la política social de las corporaciones locales. Se
destinarán este año 27,4 millones de euros, la misma cantidad que en 2015.
En este caso, y como en ejercicios anteriores, se mantendrá el compromiso de
financiación por parte de las Comunidades Autónomas, que aportarán, al menos, la
misma cantidad del Ministerio. En relación a esto, serán las Comunidades
Autónomas las que acordarán con las Corporaciones Locales de su territorio la
gestión y aportación económica a los proyectos de los que sean responsables.
Plan de Desarrollo Gitano
Otro de los repartos aprobados por el Consejo de Ministros ha sido el reparto de
los 412.500 euros que destinan los Presupuestos Generales del Estado de este
año, al igual que el año anterior, al Plan de Desarrollo Gitano. Esta cantidad
se destinará a proyectos de intervención social integral para la prevención de
la marginación e inserción de los grupos de gitanos más desfavorecidos.
Estrategia Nacional sobre Drogas
Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado transferir 9,5 millones de euros
a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas en el marco de la
Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 con cargo a los presupuestos
generales de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
El objetivo de los fondos es contribuir al desarrollo de la Estrategia en los
planes autonómicos, con el impulso de programas de prevención, de reinserción
social y laboral y de formación, dirigidos al público general y, en especial, a
menores, presos y personas en riesgo de exclusión social.
También servirán como apoyo a tareas de investigación y estudios, así como a la
recogida de datos que facilitan las Comunidades Autónomas al Plan Nacional sobre
Drogas para el análisis por parte del Observatorio Español sobre Drogas.
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