El incremento para el próximo año es fruto del Acuerdo Social sobre el Salario Mínimo Interprofesional 2018-2020, alcanzado el pasado día 26, entre el Gobierno, los secretarios generales de CCOO y UGT, y los presidentes de CEOE y CEPYME. Para fijar dicha subida se ha tenido en cuenta la mejora de las condiciones generales de la economía, a la vez que se continúa favoreciendo su competitividad, acompasando la evolución de los salarios en el proceso de recuperación del empleo.

Otros colectivos

El Real Decreto regula, también, el Salario Mínimo para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días, que queda fijado en 34,85 euros por jornada. Asimismo, para los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el Salario Mínimo será de 5,76 euros por hora efectiva trabajada.

La norma incorpora dos disposiciones adicionales con la finalidad de habilitar los mecanismos necesarios que impidan afectación de las nuevas cuantías del SMI a la negociación colectiva y a las normas no estatales y acuerdos privados

En el Acuerdo Social sobre el Salario Mínimo Interprofesional, suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales, se acordó también fijar un aumento del 5 por 100 para el año 2019, que equivale a 773 euros al mes y 10.819 al año, y del 10 por 100 para 2020, alcanzando los 850 euros al mes y 11.901 euros al año, siempre que la economía registre un crecimiento del PIB real del 2,5 por 100 o superior y un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las 450.000 personas en términos interanuales, según los últimos datos publicados en el momento de determinar el SMI de cada año. En caso de incumplimiento de estas condiciones, y que por tanto no se materialicen automáticamente los términos del acuerdo, el Gobierno abriría un nuevo proceso de negociación con los interlocutores sociales.

 APROBADA LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA SOCIAL 2017/2020

Su redacción ha estado coordinada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social incorporando propuestas de todos los Ministerios, Comunidades Autónomas, entidades locales, organizaciones empresariales y sindicales, así como las de entidades representativas del sector.

Una vez finalizado el período de vigencia del Programa de Fomento e Impulso de la Economía Social 2015-2017, el Gobierno aprueba esta Estrategia para abordar con mayor profundidad los cambios emergentes, el reto de la globalización, la era digital, el envejecimiento poblacional y la inclusión social.

Con la Estrategia, el Gobierno da un nuevo impulso a un sector que, según las asociaciones más representativas, representa un 12,5 por 100 del empleo y un 10 por 100 del PIB, y que ha demostrado ser pionero en la recuperación y el crecimiento económico sostenible en nuestro país, basándose en los principios de igualdad, solidaridad, compromiso con el desarrollo local y respeto al medioambiente. Mientras el conjunto del tejido empresarial ha recuperado el 59 por 100 del empleo perdido durante la crisis, las cooperativas han recuperado ya el 92 por 100.

Se trata de una Estrategia transversal, que integrará al sector de la economía social en el conjunto de las políticas públicas. Se promocionarán los valores de este modelo empresarial a través de la puesta en marcha de 65 medidas concretas.

Creación de un empleo inclusivo, de calidad y estable

La Estrategia de Economía Social 2017-2020 contiene acciones dirigidas a la creación de empleo y de apoyo en el ámbito de la economía social, como la realización de análisis sobre el sector; la generación de incentivos, tanto al empleo estable, como al emprendimiento en este modelo empresarial; y una mayor presencia en sectores de actividad y de prestación de servicios vinculados a los pilares del Estado del Bienestar, como el del ámbito de la dependencia.

En la línea seguida en los últimos años, se seguirá potenciando la labor de los centros especiales de empleo, de las empresas de inserción y de las cooperativas de iniciativa social, para facilitar las posibilidades de inserción laboral de aquellos colectivos que presentan mayores dificultades de empleabilidad. La partida destinada al Programa de oportunidades de Empleo para personas con especiales dificultades es la que más ha crecido en materia de políticas activas desde 2012, con un incremento del 82'17 por 100.

Uno de los elementos más novedosos de esta Estrategia es la habilitación del Registro Telemático de Cooperativas de Ámbito Estatal, con el fin de eliminar trabas administrativas y agilizar la relación entre los ciudadanos y el Registro de Cooperativas.

Asimismo, el documento avanza en medidas que puedan facilitar el relevo generacional, apoyando la transformación de empresas mercantiles ordinarias en entidades de la economía social.

Más visibilidad a las entidades de la economía social

La Estrategia Nacional de Economía Social 2017-2020 da respuesta a una demanda histórica del sector y da un primer paso para crear el primer Catálogo nacional de las entidades de la Economía Social, que se elaborará en coordinación con las comunidades autónomas.

Además, el Gobierno aprobará una orden ministerial para crear un Sello de Entidad de la Economía Social que distinguirá a todas y cada una de las empresas que conforman el sector, y, así, dotarlas de una mayor visibilidad de manera que sean reconocidas por la sociedad en su conjunto.

Otra de las novedades en este sentido es la creación de un certificado de profesionalidad específico para la "Puesta en marcha y gestión de entidades de la economía social" dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Día Europeo

La Estrategia aprobada hoy promociona transversalmente los valores de la Economía Social, generando instrumentos y mecanismos para incrementar el conocimiento de la ciudadanía española y visibilizar el peso, valor añadido y la contribución de estas empresas al desarrollo socioeconómico del país. En este sentido, se institucionalizará el Día Europeo de las empresas de la Economía Social.

La Estrategia también promueve mecanismos comunes de coordinación en favor de la economía social y de su internacionalización entre los Estados miembros, así como con países no pertenecientes a la Unión Europea, especialmente con Iberoamérica y del Mediterráneo. Para ello, se prevé la puesta en marcha de iniciativas de impulso, asistencia y asesoramiento para que las entidades de la economía social vean la salida al exterior como una oportunidad de negocio y de expansión.