El grupo de trabajo, que estará presidido por el secretario de Estado
para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, estará integrado
por nueve ministerios (Economía, Industria y Competitividad, Hacienda y
Función Pública, Presidencia y Administraciones Territoriales, Empleo y
Seguridad Social, Educación, Cultura y Deporte, Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
Fomento), así como la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.
El grupo se pone en marcha para asegurar una coordinación eficiente
entre los departamentos ministeriales que permita maximizar las
sinergias que existen entre todas las actuaciones dirigidas hacia la
digitalización de sus respectivos ámbitos.
En este sentido, el Plan deberá incluir una definición precisa de las
actuaciones que cada departamento deberá desarrollar, especificando un
calendario y los instrumentos que emplearán.
Las medidas de este plan se integrarán en la Estrategia Digital para una
España Inteligente, que actualmente prepara el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, y serán coherentes con lo establecido en los
respectivos planes y estrategias sectorial de los departamentos que
conforman el grupo de trabajo.
37,6 MILLONES EN SUBVENCIONES PARA
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS EN 2018
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por el que se regula la
concesión directa de subvenciones por valor de
37,6 millones de euros, en el ejercicio de 2018
al Consejo General de la Abogacía Española y al
Consejo General de Procuradores de España, en
materia de asistencia jurídica gratuita, y al
Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicólogos para la asistencia psicológica a las
víctimas de delitos.
De acuerdo con el Real Decreto, se destinarán, en el ámbito del
Ministerio de Justicia, 33,9 millones de euros al Consejo General de la
Abogacía Española y 2,8 millones al Consejo General de Procuradores de
España para la prestación de la asistencia jurídica gratuita. Los
servicios que se financian con cargo a esta subvención son el
asesoramiento previo a quienes quieran reclamar la tutela judicial de
sus derechos e intereses, la asistencia por parte de un abogado al
detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, así como la
defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el
procedimiento judicial.
Pagos
El pago de las subvenciones se distribuirá entre los colegios del ámbito
territorial del Ministerio de Justicia en función del número de
actuaciones profesionales realizadas y de los baremos establecidos y se
efectuará mensualmente, en lugar de una vez finalizado cada trimestre
como se venía haciendo hasta ahora. Se trata de una iniciativa
ampliamente demandada por la abogacía y la procura para agilizar la
percepción de sus correspondientes retribuciones y permitir que los
profesionales puedan cobrar con más inmediatez.
En 2017 se atendieron 276.695 asuntos mediante el servicio de asistencia
jurídica gratuita en el territorio gestionado por el Ministerio, de los
cuales 22.360 fueron asuntos relativos a violencia de género.
Asistencia psicológica
Por lo que respecta a la asistencia psicológica a las víctimas de
delitos, se destinarán 914.000 euros para la atención especializada en
las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de
Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del
Terrorismo de la Audiencia Nacional, así como para el apoyo en la
emisión de informes periciales. Estas subvenciones se articularán
mediante la firma de convenios de colaboración con el Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos.
El total de personas atendidas el pasado año por los profesionales de la
psicología en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Ministerio
de Justicia fue de 32.881.
Antecedentes
La asistencia jurídica gratuita está reconocida en la Constitución
Española que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de
aquellas personas que no disponen de recursos para litigar y
desarrollada posteriormente en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,
del 10 de enero de 1996, que establece que se financiará con cargo a las
administraciones públicas. La subvención destinada a los Colegios de
Psicólogos tiene su fundamento en la Ley del Estatuto de la víctima del
delito, del 27 de abril de 2015, que reconoce el derecho de toda víctima
a acceder de forma gratuita a los servicios de asistencia y apoyo
facilitados por las administraciones públicas, así como a los que
presten las oficinas de asistencia a las víctimas.
La tramitación de este Real Decreto se realiza a
través del procedimiento previsto en la Ley General de Subvenciones que
establece que podrán concederse ayudas de forma directa para supuestos
en los que se acrediten razones de interés público, social o
humanitario. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de
2017 no se extiende a este tipo de subvenciones y es necesaria la
aprobación de una norma para el mantenimiento de este gasto una vez
vencido el ejercicio económico.
