El Plan refuerza el control de la contratación temporal injustificada,
de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos.
Además, para asegurar el cumplimiento de las normas de igualdad y no
discriminación, será prioritario actuar en el ámbito de discriminación
por género, se lanzarán campañas específicas, incluyendo las referidas a
los planes de igualdad en las empresas, y se potenciará la supervisión
de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar
cláusulas discriminatorias.
Otras líneas de actuación previstas en el Plan Estratégico son el mayor
control de las horas trabajadas y del tiempo de trabajo, el refuerzo de
actuaciones en relación con subcontratas y empresas multiservicio, la
puesta en marcha de nuevas unidades de Inspección especializadas en
prevención de riesgos laborales, la supervisión de la economía de
plataformas y actuaciones específicas en relación con falsos autónomos,
becarios y prácticas no laborales y formación para el empleo.
Esta nueva estrategia de la Inspección incide en aquellos aspectos que
han dado buenos resultados en los últimos años y que se han convertido
en elementos vertebradores de la propia institución: la inversión en
capital humano, el fortalecimiento del marco institucional y el uso
intensivo de las nuevas tecnologías.
Así, el Plan contempla diversas actuaciones para dotarse de unos
recursos humanos suficientes en número, altamente cualificados y
especializados en materias concretas. En este sentido, se prevé la
continuación de los esfuerzos por mejorar la dotación de las plantillas,
el despliegue de los nuevos Subinspectores Laborales de la Escala de
Seguridad y Salud en el Trabajo y la potenciación de la Escuela de
Inspección.
Evaluación del Plan de lucha contra el fraude
El nuevo Plan incluye una evaluación del Plan de Lucha contra el Fraude,
aprobado por el Consejo de Ministros en 2012.
El notable incremento en los efectivos de la Inspección de Trabajo
-desde 2012 y con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo en
marcha se habrán incorporado una cifra de hasta 845 nuevos Inspectores y
Subinspectores- y una coordinación más intensa en la lucha contra el
fraude entre la Inspección de Trabajo, otros organismos de la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas han
mejorado la eficacia de las actuaciones inspectoras.
Desde 2012 y hasta el pasado mes de febrero de 2018 se han aflorado
519.056 empleos irregulares, que eran empleos sin derechos; se han
detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, creadas
con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. Así
mismo se ha logrado la conversión de más de más de 359.191 contratos
indebidamente temporales en contratos indefinidos. El impacto económico
global estimado es de 21.198 millones de euros.
Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Asimismo, se ha aprobado un Real Decreto que pone en marcha a la vez una
estructura organizativa nueva, el Organismo Estatal Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Se trata de una norma que desarrolla la Ley ordenadora del Sistema de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue aprobada durante la
pasada legislatura con un elevado nivel de consenso parlamentario y con
las Comunidades Autónomas.
La piedra angular del nuevo modelo organizativo de la Inspección de
Trabajo establecido por dicha Ley era la transformación de la actual
Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un Organismo Autónomo de
nueva creación, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, cuyos Estatutos han sido aprobados por este Real Decreto.
La creación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad
Social permite configurar a ésta como un servicio común a la
Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, que
presta servicios a cada una de las administraciones en función de las
materias sociolaborales de su competencia. El nuevo organismo permitirá
una mayor implicación en la Inspección de Trabajo de las Comunidades
Autónomas -forman parte de su Consejo Rector- y de las organizaciones
empresariales y de los sindicatos.
El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social será
además el encargado del despliegue y de la completa ejecución del Plan
Estratégico 2018-2020.
El Organismo integrará a todo el personal que hasta ahora presta
servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, unos 3000 empleados públicos entre Inspectores,
Subinspectores y personal de apoyo. Asimismo, estará desplegado en las
17 Comunidades Autónomas, en todas las provincias españolas, y en las
Ciudades de Ceuta y Melilla.
Dentro del Organismo se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el
Fraude, que permitirá una colaboración institucional más intensa con las
comunidades autónomas y con otros organismos implicados (Agencia Estatal
de Administración Tributaria, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del
Estado, Fiscalía General del Estado, Juzgados y Tribunales).
Además, la Oficina Nacional será el organismo español de enlace con la
Plataforma Europea contra el trabajo no declarado en el ámbito de la
Unión Europea que ha entrado en funcionamiento en mayo de 2016.
Para la elaboración del Plan y los Estatutos se ha contado con la
participación de las Comunidades Autónomas. Asimismo, el texto se ha
presentado a los interlocutores sociales, y se ha debatido en la
Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
La aprobación del Plan Estratégico y la entrada en funcionamiento del
nuevo Organismo permitirán hacer de la Inspección de Trabajo una
estructura administrativa mejor organizada, relacionada de una forma más
directa con las comunidades autónomas y con los interlocutores sociales
y, sobre todo, más capacitada para ofrecer un servicio público de
calidad a las empresas y a los trabajadores.
