El importe total a
repartir asciende a
2.055,1 millones de
euros. De ellos, un
total de 2.054,8
millones proceden
del presupuesto del
Servicio Público de
Empleo Estatal y los
restantes 314.673,10
euros se asignan
como ayudas previas
a la jubilación
desde el Ministerio
de Empleo y
Seguridad Social.
La cantidad total supone un aumento del 8,5 % respecto a la distribución
de abril de 2017. Una diferencia destinada a financiar el coste salarial
de personas con discapacidad, contratadas en Centros Especiales de
Empleo, derivado del fuerte incremento del Salario Mínimo
Interprofesional en 2017 y 2018.
Desde el año 2013, tras la reforma del marco de coordinación de las
políticas activas, la distribución de fondos a las Comunidades Autónomas
para la gestión de las políticas activas de empleo, ha pasado de
realizarse en función de las condiciones sociolaborales de cada
Comunidad a vincularse plenamente al cumplimiento de los objetivos
fijados anualmente en el marco de los Planes Anuales de Políticas de
Empleo (PAPE).
Los datos en los que se ha basado la evaluación del PAPE de 2017,
muestran una mejoría del desempeño del conjunto de los Servicios
Públicos de Empleo en la consecución de los Objetivos Estructurales,
acumulando un incremento superior al 18 % desde el año 2014.
El Acuerdo, que cuenta con el informe favorable del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, adelanta sustancialmente la distribución de
fondos a las Comunidades Autónomas a la primera mitad del año. De esta
forma, da cumplimiento a lo acordado en la Conferencia de Presidentes de
enero de 2017 y a lo recogido en la Estrategia Española de Activación
para el Empleo 2017-2020 que, en este sentido, fija con todo detalle el
ciclo de preparación, ejecución y evaluación de los PAPE para que se
aprueben antes de que comience el ejercicio en que han de realizarse y
permita adelantar la aprobación de criterios de distribución de fondos y
su reparto
