12 Abril 2013 - expansion.com
Así sucedió en el caso que estudia la sentencia, del pasado 13 de
marzo, donde Navantia –participada al 100% por Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (Sepi)–, controlaba el 51% del accionariado de la
empresa afectada, Sociedad Anónima Electrónica Submarina (Saes).
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012 estableció que las retribuciones del sector público no podrían experimentar
ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
Los representantes de los trabajadores habían reclamado ante la Audiencia
Nacional que se obligara a pagar el incremento salarial del 1,4% en los términos
en que se firmó en el acuerdo colectivo de revisión salarial de 16 de marzo de
2012, y se condenara a la empresa demandada a abonarlo con efectos de 1 de enero
de 2012.
Basaban su pretensión en que el mero hecho de ser contratistas de una sociedad
pública estatal, como es Navantia, no le daba derecho a la empresa a establecer
la aplicación de la Ley de Presupuestos del Estado, no pudiendo considerarse a
la demandada como una sociedad mercantil estatal.
Respuesta negativa
La respuesta que la Audiencia Nacional da a este planteamiento es desestimatoria,
ya que el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que
a los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público,
entre otros entes, las sociedades mercantiles en cuyo capital social la
participación, directa o indirecta, de entidades de titularidad pública sea
superior al 50% (artículo 3.1a).