3 Mayo 2013 - rrhhmagazine.com

Así lo recoge el Plan Nacional de Reformas 2013, en el que explica que ya se está desarrollando un nuevo sistema de gestión que detecta mejor los incumplimientos que cometen los beneficiarios de estas ayudas.

El fraude en el cobro de prestaciones por desempleo aumentó el pasado año un 38%, según se supo el martes. No obstante, desde el Ministerio de Empleo aún no han facilitado el detalle de este incremento. De momento se desconoce el número de infractores y el volumen de dinero defraudado.

Pero sean cuales sean estas cifras, Empleo considera que es necesario atajarlas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que este Departamento tuvo que solicitar el pasado año al Ministerio de Hacienda un suplemento de crédito de 4.290 millones para costear el pago de todas las prestaciones y subsidios por desempleo, cuyo monte total superó los 32.000 millones de euro.

Esta circunstancia ha llevado al Gobierno a intentar atajar el fraude. En 2012 ya introdujo un mayor control sobre el cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones, exigiéndoles que acreditaran qué estaban haciendo para buscar efectivamente empleo.

Aún no se conocen los resultados de este mayor control, pero desde el ministerio que dirige Fátima Báñez ya han dado otro paso este año para endurecer más el control de estas ayudas e intentar reducir el fraude.

Para ello, el Plan Nacional de Reformas, indica que durante 2013 “se va a desarrollar un nuevo sistema de gestión de las prestaciones por desempleo que permita detectar mejor los incumplimientos de las obligaciones de activación de empleo y formativas de los beneficiarios de dichas prestaciones”. Esto significa que permitirá acotar el fraude consistente en ponerse a trabajar al tiempo que se cobra la prestación, entre otro tipo de irregularidades.

Los técnicos de Empleo introducirán nuevas metodologías y herramientas informáticas, “que han resultado efectivas en otros ámbitos como el tributario o financiero”. Se tratará de operar de forma más efectiva con sistemas de información complementaria y cruces de datos de todas las Administraciones como hace ya con más éxito la Agencia Tributaria.

Además, el Gobierno especifica que ha optado porque sea una empresa privada la que desarrolle estas herramientas de gestión. Y ya hay un proyecto piloto en marcha.

El Plan Nacional de Reformas también explica cómo se avanzará en la colaboración público-privada en materia de intermediación laboral. En concreto, Empleo prevé que a finales de octubre de 2013, esté ya firmado el Acuerdo Marco (previsto para el primer semestre del año) y las comunidades autónomas adheridas a él. Esto servirá para que los servicios regionales de empleo puedan contratar a las agencias privadas (generalmente ETT autorizadas) para que busquen empleo a los parados. Los servicios públicos pagarán a las ETT en función del perfil de los parados que coloque y según el tiempo que dure ese empleo.