Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

APROBADA LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL PARA PERSONAS SIN HOGAR

• Se trata del primer plan nacional para reducir el número de personas que viven en la calle y restaurar su papel en la sociedad
• Entre las principales medidas destacan favorecer el acceso a rentas mínimas, el fomento de la mediación familiar, impulsar apoyo en situaciones de pérdida de vivienda, mejorar la empleabilidad, favorecer contrataciones o crear una red de recursos

El Consejo de Ministros ha aprobado la primera Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar, un proyecto que forma parte del Plan de Inclusión Social y cuyo objetivo es mejorar la atención, reducir el número de personas que viven en la calle y restaurar su papel en la sociedad. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ha liderado la elaboración de la Estrategia, ha consensuado el documento con las organizaciones del Tercer Sector, con otros ministerios y con las Comunidades Autónomas, que lo aprobaron en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a 2012, último año con cifras al respecto, en España hay unas 23.000 personas sin hogar que acuden a los centros repartidos por el territorio nacional. La Estrategia reconoce que existen fuentes dispares de información al respecto entre las Comunidades Autónomas y las principales ciudades españolas, si bien diferentes recuentos apuntan a que el número ha aumentado durante los últimos años.

Asimismo, distintos informes indican que se ha incrementado el número de personas sin hogar más jóvenes, que hay más mujeres y más mayores de 45 años, y que esta situación se hace crónica en muchos casos, aunque también apuntan a que sube el alojamiento en pisos y pensiones, y baja ligeramente el uso de los centros destinados a ello.

Por otro lado, el perfil se distancia de personas con adicciones a drogas o a alcohol y mejora considerablemente la valoración de los servicios a su alcance, en buena parte porque, como recalca la Estrategia, ha subido la inversión en asistencia. También apuntan los informes que se registran más delitos de odio.

La Estrategia aprobada hoy parte de un enfoque integral, que se basa en la defensa de los derechos humanos, en la unidad de acción, en la prevención y actuación temprana, y en la orientación de soluciones hacia la disposición de una vivienda.

Las líneas estratégicas son cinco: la prevención, la sensibilización, la seguridad, la restauración del proyecto de vida y la mejora de la información. Entre las principales medidas destacan algunas como favorecer el acceso a sistemas de rentas mínimas, fomentar la mediación familiar, impulsar apoyo en situaciones de pérdida de vivienda, mejorar la empleabilidad, favorecer contrataciones por las empresas de inserción o crear una Red de Recursos para estas personas, a efectos informativos.

"HousingFirst"

Precisamente, uno de los aspectos esenciales de la Estrategia guarda relación con esta Red de Recursos, ya que diferentes experiencias, en especial en Canadá y en Estados Unidos, concluyen que destinar a una persona sin hogar a una vivienda, dentro de un amplio programa de acompañamiento social para lograr su reintegración, arroja notables mejoras en su situación personal, principalmente en su estado de salud. En relación con ello, la Estrategia contempla también la mejora del acceso a la sanidad de estas personas.

El programa "housing first", en su expresión original, es una línea de trabajo de los proyectos de atención a personas sin hogar que el Ministerio financia y cuya inversión total en 2014 llegó a 12,7 millones. Es uno de los pilares de la Estrategia, que traslada a las administraciones autonómicas y locales esta solución que se articula por primera vez, si bien el Ministerio viene invirtiendo desde hace dos años en proyectos de estas características a través de las subvenciones del IRPF: 1,1 millones de euros desde 2013.

 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

PRIMERA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

• Contempla líneas de actuación en la atención en los ámbitos de la sanidad, la cultura, el empleo y la educación, y, los objetivos principales incluyen proteger el derecho de las personas con este trastorno a la vida independiente, la autonomía, la igualdad y la accesibilidad

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), una demanda histórica del colectivo que persigue la mejora de la calidad de vida en diversos ámbitos, sobre todo en educación y empleo, de las personas afectadas por este tipo de trastornos y sus familias.

Es la primera vez que se aborda la problemática a la que se enfrentan las personas con TEA y sus familias a nivel estatal, y se ha hecho a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con las entidades del Tercer Sector, que han participado activamente en su elaboración, así como del resto de ministerios y de las Comunidades Autónomas. El documento plantea quince líneas estratégicas que, en el plazo de un año, han de reflejarse en un plan de acción donde se establecerán las medidas y acciones concretas.

Investigación, Diagnóstico temprano y empleo

El índice de prevalencia de TEA ha aumentado en las últimas décadas, situándose en la actualidad en un caso por cada cien habitantes para Europa. Esto cifraría en unas 450.000 afectados por TEA en España, que se eleva a un millón si se considera que afecta a todo el entorno familiar. Se estima, además, que estos trastornos aparecen cuatro veces más en hombres que en mujeres.

Puesto que se trata de estimaciones, uno de los principales objetivos de la Estrategia es promover la investigación y el conocimiento de TEA favoreciendo el desarrollo de sistemas de información coordinados entre comunidades. Asimismo, para mejorar el grado de conocimiento de la sociedad sobre el trastorno, la Estrategia se marca también como objetivo el fomento de campañas de concienciación y facilitar el acceso a información fiable.

Por otro lado, los TEA afectan al neurodesarrollo desde las etapas prenatales y es posible diagnosticarlos hacia los dos años. Sin embargo, tanto España, como la mayoría de los países europeos, tienen dificultades para hacer un diagnóstico temprano, aspecto que es necesario mejorar y que es otro de los principales objetivos que establece la Estrategia.

En este afán, se han tenido en cuenta los avances en el conocimiento sobre el trastorno del autismo y los trastornos generalizados del desarrollo, que han implicado cambios en los criterios de diagnóstico y valoración y, por tanto, en los modos de intervenir en los ámbitos sociales.

Además, con la llegada a la vida adulta, los afectados se enfrentan a dificultades para acceder o mantener un empleo. Por ello, la Estrategia persigue proteger el derecho de las personas con TEA a la vida independiente, la autonomía, la igualdad y la accesibilidad. Para conseguirlo se ha de promover una educación inclusiva mediante la especialización, innovación y flexibilización de las modalidades de escolarización a lo largo de todas las etapas de la vida. También el empleo, para lo que la Estrategia propone fomentar apoyos al trabajador con TEA y a los empleadores.

Marco de Acciones estatales, autonómicas y locales

Con este documento, el Gobierno establece un marco de referencia con el que se reconoce la necesidad de establecer unos parámetros mínimos que contribuyan a evitar disparidades territoriales, sobre todo a nivel autonómico.

Además de las mencionadas, las líneas estratégicas están relacionadas con la salud y atención sanitaria, favoreciendo los procesos asistenciales integrados, la atención especializada y multidisciplinar; la mejora del tejido asociativo y el acceso de las personas con TEA a los recursos comunitarios; la formación de profesionales y la justicia y empoderamiento de derechos, pues trata de promover la protección de sus derechos en los procesos judiciales y ante las situaciones de abusos y violencia.

Las líneas estratégicas seguidas en el documento tienen su referencia en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que llevó a este Gobierno a aprobar en 2013 la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo del 29 de noviembre de 2013). Por otro lado, los objetivos de la Estrategia están en sintonía con los planes de salud coordinados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 

Justicia

NUEVOS CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, el Reglamento que regulará el nuevo procedimiento de adquisición de nacionalidad por residencia. Se trata de articular una tramitación de carácter netamente administrativo (no mixto, parte judicial y parte administrativo, como lo era hasta ahora), basada en la gestión electrónica en todas sus fases, lo que permitirá acortar sensiblemente los plazos de resolución. El procedimiento lo instruye la Dirección General de Registros y del Notariado, y la resolución será notificada al interesado en un plazo máximo de un año desde la presentación de la solicitud.

Hasta el 30 de junio de 2017 se establece un período transitorio en el que los interesados también podrán presentar su solicitud en el Registro Civil correspondiente a su domicilio; pero, a partir de esa fecha y a través de convenios de habilitación que el Ministerio de Justicia firmará con organismos públicos de la Administración General del Estado y otros colegios profesionales y asociaciones, se realizará a través de la correspondiente aplicación electrónica.

Pago de tasas

Este Reglamento también establece el pago de tasas relativas a la solicitud de nacionalidad, pero no incluye el importe de las pruebas objetivas, tanto de diplomas de español como lengua extranjera (DELE), como de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes que es el responsable de la implantación de criterios objetivos para ambas pruebas. La Dirección General de Registros y del Notariado podrá recabar los resultados de estas pruebas a través de una consulta telemática al Instituto Cervantes, lo que exime a los interesados de presentar los certificados correspondientes.

Los extranjeros que son personal al servicio de las Fuerzas Armadas tendrán unas normas específicas en su adquisición de la condición de españoles, como la supresión del juramento o promesa solemne ante la bandera, de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución que ya han realizado con anterioridad.

Entre los trámites del procedimiento se mantiene la obtención de los informes que se considere necesario recabar de otras Administraciones Públicas, como los del Ministerio del Interior o del Centro Nacional de Inteligencia.

 

Justicia

REGULADAS LAS CONSIGNACIONES TELEMÁTICAS PARA PARTICIPAR EN LAS SUBASTAS JUDICIALES Y NOTARIALES A CELEBRAR EN SEDE ELECTRÓNICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece un único sistema de constitución telemática de los depósitos necesarios para participar en las subastas judiciales y notariales a celebrar en sede electrónica. Permitirá favorecer la concurrencia de postores, alcanzar mayor rendimiento económico de los bienes subastados e implantar un sistema más transparente. En la actualidad el 95 por 100 de las subastas judiciales se declaran desiertas.

La nueva regulación establece un procedimiento ágil y accesible para constituir, gestionar y, cuando proceda, devolver por vía telemática los depósitos exigidos para participar en todas las subastas judiciales y notariales que se realizarán en sede electrónica (on-line) a través de un portal único dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Este sistema de consignación on-line afecta a todas las subastas notariales y judiciales, ya sean voluntarias (a petición de los propios propietarios para para conseguir la venta del bien y obtener un mejor precio), o ejecutivas (para cubrir con el importe obtenido las deudas de su propietario), y a toda clase de bienes subastados, tanto inmuebles como muebles o semovientes, incluidos los que hubieran sido hipotecados.

Aunque el organismo encargado del Portal de Subastas es la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, será el letrado de la Administración de Justicia o el notario a quienes corresponda el papel principal en la celebración de estas subastas ya que de ellos dependerá su inicio, anuncio y publicación, así como su suspensión o reanudación cuando proceda.

Simplificación del proceso

El procedimiento a seguir por los futuros postores se simplifica considerablemente. El interesado debe registrarse telemáticamente como usuario del Portal de Subastas y rellenar un formulario de acreditación que incluye el número de su cuenta bancaria. A través del mismo portal ordena a su entidad bancaria la constitución del depósito del 5 por 100 del valor de tasación de los bienes que se subastan, recibiendo un recibo telemático cuando esa cantidad es transferida a la cuenta de depósitos por participación en subastas de la Agencia Tributaria, donde permanecerá hasta la finalización de la misma.

Al cierre de la subasta, el portal comunica los resultados al vencedor, al juzgado o notario correspondiente y a la Agencia Tributaria. El vencedor debe completar el resto del precio total ingresándolo en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o en la cuenta notarial para que se proceda a adjudicarle el bien. A través de la Agencia Tributaria se devuelven automáticamente los depósitos a los postores que no hayan resultado vencedores y no hayan hecho reserva de la puja, mientras retiene los de aquellos otros que, voluntariamente, por haber realizado dicha reserva, se mantienen en lista de espera por si se produce el incumplimiento del postor que hubiere resultado vencedor.

Sencillez, agilidad y más seguridad

El sistema iguala el procedimiento de la subasta independientemente de su naturaleza, judicial o notarial, e implica mayor sencillez, agilidad y más seguridad para los interesados. Además, hay más transparencia en el proceso: la subasta electrónica tiene las mismas garantías jurídicas que la presencial, hay una identificación inequívoca de todos los intervinientes y se garantizan con certificado electrónico todas y cada una de las transacciones que obtendrán un sello del momento exacto en el que tuvieron lugar.

Los ciudadanos podrán realizar sus pujas desde cualquier lugar, día y hora durante los veinte días que dura la subasta, lo que incrementa su accesibilidad y supone una gran comodidad y una reducción considerable de los gastos que debe asumir el postor por participar. También incentivará la participación, ya que el sistema garantiza el anonimato de los postores, con lo que se eliminan las posibles presiones de los profesionales de las subastas, uno de los grandes inconvenientes que generaba el sistema anterior.

Entre las facilidades que procura un sistema telemático de subastas, además de la accesibilidad, la rapidez y la transparencia, está también la multiplicación de su publicidad, con una capacidad casi ilimitada para facilitar información sobre el bien que se subasta y las condiciones de la puja.

Incremento del número de postores

Todas estas ventajas deben llevar a un incremento notable del número de postores participantes en las subastas que supondrá un ahorro de las cargas administrativas: la previsión media es de unas 65.000 subastas al año, con un ahorro de alrededor de 75 euros cada una en cargas administrativas, es decir, en torno a 4.875.000 millones de euros de ahorro. Además, ayudará a la descarga de trabajo para los órganos judiciales, ya que ni el registro de los postores ni la emisión masiva de órdenes de devolución de los depósitos ingresados serán ya de su competencia.

Este Real Decreto se enmarca en la reforma de la Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil del 13 de julio de 2015, así como en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria del 2 de julio de 2015. Además, completa las medidas previstas en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el objetivo de lograr mayor simplificación administrativa y mayor eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la Administración.

 

Economía y Competitividad

APROBADO EL NUEVO MARCO DE RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS

• La norma culmina la adopción de los compromisos derivados de la Unión Bancaria con el fin de prevenir futuras crisis financieras
• El nuevo sistema de aportaciones al Fondo de Resolución y al Fondo de Garantía de Depósitos supone reforzar la protección a los depositantes

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla la Ley de Recuperación y Resolución de Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión, y que supone culminar el proceso de adaptación de la normativa española a la Unión Bancaria europea. En el Real Decreto se abordan los aspectos de procedimiento y contenido en la fase previa a la resolución de una entidad financiera para permitir una intervención temprana que la evite y los protocolos de actuación en el caso de que se llegue a la resolución. Se desarrolla también el funcionamiento del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) como Autoridad Nacional de Resolución y las contribuciones de las entidades al Fondo de Resolución Nacional y al Fondo de Garantía de Depósitos.

Compromisos de la Unión Bancaria

Con el Real Decreto aprobado hoy se completan aspectos esenciales para la aplicación en España de los compromisos derivados de la Unión Bancaria, como instrumento para prevenir futuras crisis financieras en Europa. Los objetivos básicos son que, en caso de resolución de una entidad financiera, son los accionistas los primeros en afrontar las pérdidas y no los contribuyentes, y garantizar la máxima protección a los depositantes. La normativa española fue pionera en 2012 respecto de la aplicación de estos criterios en la legislación, que se amplió con la Ley de Recuperación y Resolución de Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión, del 18 de junio de 2015, que a su vez traspuso una directiva comunitaria de 2014. El Real Decreto desarrolla la citada Ley en los aspectos de procedimiento y aplicación práctica.

En conjunto, este nuevo marco de resolución supone que las entidades abocadas a una resolución cuenten con más fondos para abordarla gracias a la mutualización de los costes a través del Fondo Único de Resolución Europeo. Además, se asegura una mayor protección de los depósitos hasta cien mil euros, que no estarán sujetos a la absorción de pérdidas y que, en caso de concurso, tendrán preferencia de cobro.

Actuación temprana

El Real Decreto se aplica a las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en dificultades y que requieran una actuación temprana y, en su caso, una posterior resolución. La actuación temprana tiene como finalidad la adopción de medidas preventivas para evitar la resolución. El Real Decreto fija para este primer paso el contenido mínimo de los planes de recuperación y su evaluación por parte del supervisor; los requisitos y deberes de información aplicables a los acuerdos de ayuda financiera del grupo al que pertenezcan; y las medidas de actuación temprana que pueda adoptar el supervisor.

En la fase preventiva de resolución temprana se fijan una serie de protocolos de actuación que incluyen, por ejemplo, el contenido mínimo de los planes de resolución, la evaluación de posibles obstáculos a la resolubilidad o las reglas de toma de decisión y coordinación entre autoridades de resolución. En la siguiente fase ejecutiva, en la que se aplican los instrumentos de resolución, se detallan las obligaciones procedimentales y se regula el uso de dichos instrumentos. Así, por ejemplo, se regula el funcionamiento de la entidad puente que podrá constituir el FROB y la formación, mecanismos de control y funcionamiento de las sociedades de gestión de activos.

El FROB, Autoridad Nacional de Resolución

La norma aprobada hoy desarrolla, además, el funcionamiento del FROB como nueva Autoridad Nacional de Resolución y las contribuciones que las entidades deberán hacer. Estas serán calculadas por el FROB (o por el Mecanismo Único de Resolución en el caso de las entidades que participan en dicho mecanismo) teniendo en cuenta, tanto el tamaño de las entidades, como su perfil de riesgo. El nivel objetivo a alcanzar en 2024 del Fondo de Resolución es del 1 por 100 de los depósitos garantizados (hasta 100.000 euros).

Este Fondo Nacional de Resolución se integrará, en lo que a las aportaciones de entidades de crédito se refiere, en un Fondo Único de Resolución Europeo con el resto de Fondos Nacionales de los demás Estados miembros de la Zona del Euro. Este fondo único europeo mutualiza el coste de las resoluciones entre los países de la Zona del Euro y se constituirá a partir del 1 de enero de 2016.

Protección de los depositantes

El Fondo de Garantía de Depósitos, por su parte, a partir de ahora se centrará en su función de protección de los depositantes al tiempo que reduce su papel de asistencia en la resolución de una entidad. Se modifica, por tanto, el sistema de aportaciones de las entidades financieras de forma que se calcularán respecto a los depósitos y valores garantizados (hasta 100.000 euros), en lugar de los admisibles (es decir, todos los depósitos y valores no exentos). Los depósitos garantizados son, aproximadamente, las dos terceras partes de los admisibles. Además, se amplía la protección a depositantes que antes no estaban cubiertos. En concreto, los depósitos de entidades locales con un presupuesto menor de 500.000 euros anuales tendrán cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros por entidad, como el resto de depositantes.

Se desarrollan los dos compartimentos creados por la Ley de Recuperación y Resolución de Entidades de Crédito, uno para la cobertura de depósitos y otro para la cobertura de valores. Las primeras deberán alcanzar como mínimo el nivel objetivo del 0,8 por 100 de los depósitos garantizados con fecha de 3 de julio de 2024. Las relativas a los valores serán de un máximo del 0,3 por 100 anual. Además, se reduce el periodo de pago a los depositantes de los veinte días hábiles actuales a siete días hábiles en 2024.
 

Interior

APROBADO EL PROGRAMA NACIONAL DE REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS EN ESPAÑA PARA 2015

El Consejo de Ministros ha aprobado el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España para 2015, de 724 personas, que se suman a los 130 previstos en el Programa para 2014, pendiente de ejecución.

A través de este Programa, España quiere mostrar su voluntad de solidaridad y acoger a 854 refugiados, de los cuales 724 corresponderían al cupo de 2015 (a los que se suman los 130 pendientes de 2014) procedentes del conflicto sirio que se encuentren en países limítrofes de la región. Se alinea, así, tanto con el resto de socios comunitarios, como con los principales países de reasentamiento a nivel global identificadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Unión Europea (Oriente Próximo, norte y cuerno de África).

La ejecución del Programa, que tendrá lugar a lo largo del año 2015, se llevará a cabo por los Ministerios del Interior y de Empleo y Seguridad Social, con la posible colaboración de otros Departamentos cuando así se estime necesario en virtud de sus competencias respectivas.

Actuaciones

El Programa contempla las siguientes actuaciones:

• Determinación de los criterios de selección de las personas a reasentar a partir de las prioridades y necesidades de protección identificadas por el ACNUR, incluyendo elementos relativos a nacionalidad, características personales y familiares, etc. Se considerará, a su vez, la idoneidad de adecuarse a las prioridades estratégicas recogidas en el Programa Común de Reasentamiento de la Unión Europea, así como la posibilidad de obtener financiación comunitaria en el marco de dicho Programa, a través del Fondo Europeo de Refugiados.
• Tres misiones de selección e identificación sobre el terreno (una por cuatrimestre) con el objeto de completar la información recabada por el ACNUR y de analizar el perfil sociocultural de las personas que puedan ser reasentadas desde la óptica de su acogida e integración en la sociedad española.

La primera misión estará encabezada por el director general de Política Interior y un máximo de siete personas, y las otras dos, por personal técnico con un máximo de seis personas adscritas a la Subdirección General de Asilo. Por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, participarán en cada misión seis personas adscritas a la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes y dos intérpretes de dicho Departamento.

Los costes que asumirá el Ministerio del Interior de las tres misiones ascienden a un total de 91.492 euros (34.282 euros para la primera misión y 29.890 euros cada una de las dos restantes) y los que asume el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a 55.966,46 euros. Está prevista la financiación comunitaria a través del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Los refugiados que sean acogidos en España como consecuencia del Programa tendrán, previa tramitación de los correspondientes expedientes administrativos y estudio en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, bien el estatuto de refugiado, bien de beneficiario de protección subsidiaria, según proceda conforme a lo previsto en la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria, del 30 de octubre de 2009; es decir, los derechos a la no devolución a su país de origen, a obtener una autorización de residencia y trabajo permanente, y a que se le expidan documentos de identidad y de viaje.

Desde un punto de vista económico, los gastos derivados de la obtención de certificados médicos, traslados de los reasentados a España y los costes del sistema nacional de acogida e integración serán asumidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que los ha estimado en un total de 18.238.651,26 euros. Los mismos se financiarán íntegramente con las partidas presupuestarias previstas para 2016, 2017 y 2018. Está previsto que el FAMI participe con una financiación por persona finalmente reasentada de hasta diez mil euros, disponible en un 50 por 100 en el primer semestre de 2016.

 

Educación, Cultura y Deporte

24 MILLONES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO POR LAS FAMILIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado la formalización de los criterios de distribución y su distribución resultante entre Comunidades Autónomas de veinticuatro millones de euros, destinados a la adquisición de libros de texto y material didáctico por las familias en situación económica desfavorable. Esta distribución de fondos fue acordada el 13 de agosto pasado en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.

El destino de las ayudas comprenderá la adquisición de libros de texto y todo tipo de materiales didácticos, incluidos los de soporte digital, para las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Beneficiarios

Las Comunidades Autónomas garantizarán que los beneficiarios se encuentran en situación económica desfavorable, con especial atención a aquellos que cumplan la condición de familia numerosa de tres hijos o más.

Estos veinticuatro millones de euros se suman a los 24 millones que la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha previsto para el año 2016 que, sumados a los tres millones de euros que el Ministerio invertirá en Ceuta y Melilla en los años 2015 y 2016, hacen un total de 51 millones de euros para ayudar a las familias con menos recursos económicos en la compra de libros de texto y material escolar, bajo la premisa de que ningún alumno se quede sin estudiar por falta de recursos económicos.

La aplicación de los criterios aprobados da como resultado la distribución que se refleja en la siguiente tabla:

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

APROBADO EL PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

• Establece las líneas estratégicas para la gestión de los residuos en los próximos seis años y las medidas necesarias para cumplir los objetivos comunitarios en esta materia, con el objetivo de avanzar hacia una economía circular que impulse el reciclado
• Se trata de un instrumento clave para aplicar la jerarquía de gestión de residuos y para avanzar hacia la denominada economía circular, que reincorpora al proceso productivo los materiales que contienen los residuos para la elaboración de nuevos productos

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, que establece las líneas estratégicas y las medidas necesarias para avanzar hacia la denominada economía circular e impulsar la preparación para la reutilización y el reciclado.

El objetivo final del Plan, al igual que el de la política comunitaria de residuos, es convertir a España en una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que avance hacia una economía circular. Se trata, en definitiva, de sustituir una economía lineal basada en producir, consumir y tirar, por una economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo una y otra vez los materiales que contienen los residuos para la producción de nuevos productos o materias primas.

Este Plan, que es el instrumento para orientar la política de residuos en España en los próximos seis años, promoverá las actuaciones que proporcionan un mejor resultado ambiental y que aseguren que España cumple con los objetivos legales de gestión de residuos.

Entre estos objetivos, destaca por su relevancia el de reciclado de residuos domésticos y similares: en el año 2020 debe destinarse a preparación para la reutilización y reciclado el 50 por 100 de estos residuos. Con datos de 2012, España se sitúa en el 29 por 100 del reciclado de residuos municipales.

Jerarquía de residuos como prioridad

El PEMAR aplica el principio de jerarquía establecido en la normativa comunitaria de residuos, para reducir la eliminación de residuos -fundamentalmente, a través del depósito en vertedero-, mediante el incremento de la preparación para la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, incluida la valorización energética. Para lograrlo, el Plan apuesta por aumentar la recogida separada de residuos, especialmente en relación con la fracción de biorresiduos de los residuos municipales.

El Plan Estatal Marco consta de veinticinco capítulos, quince de ellos dedicados a flujos de residuos con normativa específica. Para todos ellos describe la normativa y los objetivos aplicables, así como la evolución de la gestión en los últimos años y su situación actual, y establece los objetivos y las orientaciones y líneas estratégicas para conseguirlos.

Coordinación entre administraciones

También destaca la necesidad de continuar trabajando en la coordinación con todas las administraciones competentes en este ámbito, de mejorar la información y la transparencia en el ámbito de los residuos y de armonizar las tasas y el uso de instrumentos económicos para evitar barreras entre Comunidades Autónomas.

Además, apuesta por fortalecer, incrementar y coordinar las actividades de inspección, control y vigilancia, destinar recursos humanos y económicos, por una mayor y mejor comunicación y sensibilización y por potenciar el uso de los materiales procedentes de los residuos. El Plan incorpora, asimismo, las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse los planes autonómicos de gestión de residuos.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, el Plan prevé, con carácter general, que las Comunidades Autónomas cumplan estos objetivos con los residuos generados en su territorio. Igualmente, los planes autonómicos podrán establecer la contribución de las Entidades Locales, de forma independiente o asociada, al cumplimiento de los objetivos aplicables a los residuos de competencia municipal.

Beneficios ambientales, sociales y económicos

Junto a los beneficios ambientales del Plan (protección de la salud humana, de los recursos naturales y el clima), esta iniciativa aporta, además, beneficios sociales y económicos asociados a la mayor actividad económica relacionada con los residuos, al incremento de la disponibilidad de materias primas en condiciones seguras y a la creación de empleo derivada del fomento de la preparación para la reutilización y del reciclado.

Según las estimaciones de la Comisión Europea, si se aplica toda la normativa vigente en materia de residuos, se crearían más de 400.000 empleos en la Unión Europea, de los cuales 52.000 se localizarían en España.

 

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

APROBADO EL PLAN PIMA EMPRESA

• Con una dotación de cinco millones de euros, incentivará la reducción de emisiones de CO₂ en el sector empresarial

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Impulso al Medio Ambiente en el Sector de la Empresa, PIMA Empresa. Además, ha aprobado un Real Decreto que regula una dotación de cinco millones de euros para impulsar la puesta en marcha de medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector empresarial.

Con este Plan se trata de incentivar a las empresas que han mostrado su compromiso en la lucha contra el cambio climático mediante su inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.

Este Registro oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, puesto en marcha el año pasado, es de carácter voluntario y cuenta ya con el respaldo de más de 200 organizaciones que han inscrito un total de 280 huellas. Todas y cada una de ellas han dado el paso de calcular y de establecer un plan de mejora de su huella de carbono.

Con el Plan aprobado hoy se promueve que las medidas recogidas en los planes presentados por las empresas inscritas en el Registro se ejecuten y se consigan las reducciones de emisiones planteadas por éstas. El Registro, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2014, contempla también la voluntad de incluir mecanismos incentivadores para las empresas que adopten la huella de carbono como herramienta de competitividad y sostenibilidad.

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Las actuaciones que podrán adherirse a este Plan deberán realizarse desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado hasta el 31 de diciembre de 2016 y en el Real Decreto se establecen unas limitaciones por empresa de 150.000 euros o del 15 por 100 de la inversión realizada para reducir emisiones pudiendo ser compatible con otras ayudas de impulso a la eficiencia energética. La ventaja de este Plan radica en que la empresa podrá presentar varias actuaciones en diferentes áreas y que el incentivo lo recibe una vez ejecutadas y verificadas las inversiones elegibles.

El Plan conlleva, asimismo, otros beneficios: se prevé la generación de cerca de 500 empleos, además de incentivar el aumento de la competitividad de las empresas, más eficientes y sostenibles.

Duplicado el esfuerzo de reducción de gases

El nuevo Marco Europeo 2030 duplica el esfuerzo de reducciones de gases de efecto invernadero frente a los compromisos adquiridos para 2020 y triplica el esfuerzo en los sectores denominados difusos (residencial, transporte o el de los residuos, entre otros). La visión de la Hoja de Ruta Europea para 2050 apunta, además, a reducciones mayores del 80 por 100. Es, por tanto, clave avanzar en una economía baja en carbono y para ello las empresas juegan un papel esencial.

Desde el inicio de la Legislatura los distintos Planes de Impulso al Medio Ambiente han contado con una dotación de 87,3 millones de euros en diferentes áreas, contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero.

 

Economía y Competitividad

86,7 MILLONES PARA LA CONTRATACIÓN DE 800 INVESTIGADORES Y PERSONAL TÉCNICO

• Las ayudas permitirán la contratación de personal de I+D+i en universidades y otros centros de investigación

El Consejo de Ministros ha aprobado la contratación de 800 científicos y técnicos de apoyo, iniciativa a la que destina 86,7 millones de euros. La concesión de ayudas para la contratación de investigadores y personal técnico se divide en varias convocatorias que financian e incentivan su incorporación en universidades y centros de investigación públicos y privados sin ánimo de lucro.

El objetivo de estas ayudas es incentivar, mediante convocatorias en concurrencia competitiva, la incorporación de científicos de una trayectoria destacada, en sus diferentes etapas, así como de personal técnico de apoyo al tiempo que se refuerza su especialización y formación.

Las convocatorias autorizadas por el Consejo de Ministros se publicarán en las próximas semanas:

Ramón y Cajal

Esta convocatoria está dirigida a investigadores con hasta diez años de experiencia postdoctoral y una trayectoria destacada y consolidada en organismos de investigación. Está dotada con más de 54 millones de euros. Prevé promover la captación o recuperación de investigadores españoles o extranjeros con la contratación de hasta 175 doctores para su estabilización en el sistema español de I+D+i.

Juan de la Cierva-Incorporación

Esta convocatoria destina 14,4 millones de euros para la incentivar la contratación de hasta 225 jóvenes doctores que hayan leído la tesis entre 2011 y 2013, para su incorporación en universidades, organismos públicos de investigación y otros centro de I+D sin ánimo de lucro.

Juan de la Cierva-Formación

Destina 11,2 millones de euros a ayudas para jóvenes doctores que hayan completado su formación postdoctoral y cuenten con los méritos científicos exigidos para incorporarse en universidades, organismos públicos de investigación y otros centro de I+D sin ánimo de lucro.

 

Técnicos de Apoyo

Financiará con más de 7 millones de euros la contratación de técnicos, con titulación universitaria y titulación superior en formación profesional en universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de I+D sin ánimo de lucro.

 

Educación, Cultura y Deporte

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNED

El Consejo de Ministros ha autorizado la oferta de empleo público de personal docente e investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) correspondiente al año 2015.

Se autoriza la convocatoria de veintisiete plazas, por aplicación de la tasa de reposición de efectivos del 50 por 100 de las bajas producidas durante el año 2014 en la citada Universidad, correspondientes a Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad y personal de administración y servicios.

Se convocarán a concurso las citadas veintisiete plazas en la figura de profesor contratado doctor.

De ellas, se reservarán tres correspondientes al 15 por 100 de la tasa de Cuerpos Docentes, para personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3.

En todo caso, la totalidad de plazas autorizadas en este Acuerdo se cubrirán atendiendo exclusivamente al indicador de déficit de profesorado.

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

APROBADO EL PLAN HIDROLÓGICO DEL DISTRITO DE CUENCA FLUVIAL DE CATALUÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado mediante un Real Decreto el Plan Hidrológico del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.

El Plan establece los mecanismos necesarios para conseguir el buen estado y la adecuada protección de las aguas y del dominio público hidráulico, la satisfacción de las demandas y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. Incrementa las disponibilidades del recurso, protege su calidad, economiza su empleo y racionaliza sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

El Plan, de competencia autonómica, fue aprobado en la anterior Legislatura, aunque posteriormente fue anulado por los Tribunales por omitir en su tramitación el informe preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora.

Subsanado este defecto, y una vez aprobado de forma inicial por el Gobierno de Cataluña, el Plan, que ha contado con el informe favorable del Consejo Nacional del Agua, ha sido aprobado hoy de forma definitiva por el Gobierno conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica.
 

Hacienda y Administraciones Públicas

AUTORIZADA UNA CONSULTA POPULAR EN ESKORIATZA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ayuntamiento de Eskoriatza (Guipúzcoa) a realizar una consulta popular sobre sistemas de recogida selectiva de residuos en el municipio.

La pregunta que quiere formular el ayuntamiento a los vecinos es: "De entre estos tres sistemas de recogida selectiva de residuos ¿cuál quiere que se utilice en Eskoriatza?

- A.Contenedores colectivos (Sistema 5º contenedor)

- B.Contenedores individuales (Sistema Puerta a Puerta)

- C.Contenedores colectivos más contenedores individuales (Sistema mixto)".

La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum es competencia exclusiva del Estado según establece la Constitución.

De acuerdo con ello, la Ley de Bases del Régimen Local reconoce, en su artículo 18, el derecho de los vecinos a pedir la consulta popular y regula en su artículo 71 las consultas populares, estableciendo requisitos formales y materiales para que sea autorizada por el Gobierno:

• Que el objeto de la consulta sea de competencia propia municipal. En este caso, el Ayuntamiento de Eskoriatza quiere realizar una consulta sobre gestión de recursos, materia que contempla la Ley de Bases del Régimen Local como competencia municipal propia.
• Que el objeto de la consulta sea de carácter local. En este caso, la recogida de residuos no trasciende el ámbito municipal ni incide en intereses supramunicipales que deban ser objeto de protección por parte de una Entidad territorial superior.
• Que sea de especial relevancia para los intereses de los vecinos.
• Que el asunto no sea relativo a la Hacienda Local

Por tanto, la consulta se autoriza, al cumplir todos los requisitos formales y materiales que establece el artículo 71 de la Ley de Bases del Régimen Local.

 

Hacienda y Administraciones Públicas

CONVENIO SOBRE COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y REGISTRO DE LICITACIONES CON GALICIA

El Consejo de Ministros ha autorizado un convenio de colaboración, en materia de contratación pública y registro de licitaciones, entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Púbicas y la Xunta de Galicia.

El objetivo del convenio es desarrollar un proceso de colaboración para evitar duplicidades administrativas en materia de contratación pública, con lo que se da cumplimiento a diversas medidas previstas por la Comisión para la Reforma de las Administración Públicas (CORA).

El convenio, que durará tres años, prorrogables, recoge los siguientes ámbitos de colaboración:

- Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado: El convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia establece la coordinación de las competencias que en materia de Registros de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado poseen el Estado y las Comunidades Autónomas para la utilización compartida de un único Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Con ello se unifica el registro que reúne la información de las empresas que son aptas para contratar con las Administraciones Públicas, en la línea promovida por la normativa de la Unión Europea.

- Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público: En este caso es la Xunta de Galicia quien se suma a esta plataforma, que recogerá la información de los procesos de contratación de la Comunidad Autónoma. Inicialmente se prevé el intercambio de información entre portales o sistemas informáticos para, posteriormente, integrarse en una única Plataforma de Contratación. La colaboración de La Xunta de Galicia con la Administración General del Estado permitirá obtener la información de la actividad de contratación de todos los organismos de ambas Administraciones, así como dar publicidad a través de Internet de las convocatorias de licitaciones y sus resultados.

 

Hacienda y Administraciones Públicas

AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO A LA RIOJA

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de La Rioja a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 4.500.000 euros, de los que cuatro millones se destinarán a cubrir necesidades transitorias de la tesorería de la Universidad de La Rioja y el importe restante, de quinientos mil euros, a la tesorería del Consorcio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil.

La necesidad de esta autorización deriva del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que señala que todas las operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas, incumplidoras de los objetivos de estabilidad, de deuda pública o de la regla de gasto, precisarán de autorización del Estado mientras persista el incumplimiento.

La Rioja incumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública del ejercicio 2014, por lo que debe presentar un plan económico-financiero que permita el cumplimiento del objetivo en el año en curso y el siguiente. Una vez que el Plan económico-financiero presentado sea considerado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las operaciones de crédito a corto plazo que no sean consideradas financiación exterior no precisarán autorización del Estado.

En el ejercicio de esta autorización, sólo podrán formalizarse operaciones hasta el 31 de diciembre de 2015. Estas operaciones deberán respetar el principio de prudencia financiera, y no podrán suponer incumplimiento del objetivo de deuda, fijado para el año 2015 en el 16,4 por 100 del PIB regional.

 

Educación, Cultura y Deporte

GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE ALFONSO X EL SABIO, A TÍTULO PÓSTUMO, A LUIS DÍEZ-PICAZO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el cual se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Luis Díez Picazo y Ponce de León, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en él.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1953, posteriormente se doctoró en Derecho en la misma casa de estudios en 1956, año en el que ganó por oposición plaza de juez de Primera Instancia e Instrucción, que ejerció por un breve espacio de tiempo. Desde entonces se dedicó a la abogacía, salvo el periodo de tiempo en que fue Magistrado del Tribunal Constitucional, entre 1980 y 1989. En 1963 obtuvo la cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Santiago de Compostela, incorporándose ese mismo año a la Universidad de Valencia y en 1972 a la Universidad Autónoma de Madrid, donde siguió impartiendo sus clases como profesor emérito.

Fue presidente de la Sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación, órgano que realiza tareas prelegislativas propias del Ministerio de Justicia, y por este concepto fue Consejero de Estado. Desde el año 2012 fue Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

APROBADAS LAS BASES DE APOYO A INVERSIONES PARA ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS

• La dotación prevista, de 23.882.332 euros de gasto público total para 2016, se destina a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supra-autonómico.

Estas ayudas a las inversiones de Entidades Asociativas Prioritarias, en el marco de la programación nacional de desarrollo rural, están dotadas en 2016 con 23.882.332 euros de gasto público total. De esa cantidad, un total de 12.657.636 euros proceden del FEADER (53 por 100) y 11.224.696 euros de los Presupuestos Generales del Estado (47por 100).

Finalidades

Según establece la nueva norma, las inversiones deberán ajustarse a alguna o varias de las siguientes finalidades:

-La mejora del valor añadido de los productos y su posicionamiento en los mercados.

-La mejora de los procesos de transformación y/o comercialización.

-El desarrollo de productos, procesos o tecnologías.

Las inversiones deben contribuir a la mejora de la competitividad de los productos ofrecidos por la entidad asociativa prioritaria solicitante. Las ayudas a estas inversiones van a financiarse por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Estas ayudas van destinadas en exclusiva a las Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas de acuerdo al Real Decreto del 27 de junio de 2014. De esta manera queda delimitada perfectamente esta ayuda, evitando solapamientos con las ayudas a las inversiones de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas.

La ayuda podrá alcanzar como máximo el 40 por 100 de los gastos subvencionables sin que, en ningún caso, pueda superar los 2.000.000 euros por proyecto de inversión. Los proyectos de inversión podrán ser plurianuales (dos años).

La convocatoria de estas ayudas a las inversiones de Entidades Asociativas Prioritarias está prevista en los primeros meses de 2016.

Apoyo a la integración asociativa

Este Real Decreto es uno de los seis que se han establecido para el apoyo a la integración asociativa dentro de la programación de desarrollo rural. Con su publicación el Ministerio establece una nueva línea de ayudas al cooperativismo y asociacionismo de gran tamaño, complementando las ayudas nacionales a entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supra-autonómico, de tamaño medio. Todo ello dentro del Plan Estatal de Integración Asociativa.

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

REGULADAS LAS AYUDAS A LA INTEGRACIÓN ASOCIATIVA

• Cuentan con una dotación de 3.500.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2016

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supra-autonómico. Se trata de unas ayudas que contarán con una dotación de 3.500.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2016.

Su objetivo es fomentar la integración cooperativa en entidades asociativas agroalimentarias de nivel suprautonómico, de modo que se facilite la cooperación interterritorial y la economía en red, para aumentar la dimensión, así como para aprovechar cuantas sinergias existan dentro del asociacionismo nacional.

Destinatarios

Las ayudas están destinadas a sociedades cooperativas agrarias, grupos cooperativos, cooperativas de primer, segundo y ulterior grado o cualquier otra entidad que esté formada mayoritariamente por sociedades cooperativas agrarias, o sociedades agrarias de transformación cuyo ámbito sea superior al de una Comunidad Autónoma.

Quedan, sin embargo, excluidas de estas ayudas las Entidades Asociativas Prioritarias con base en el Real Decreto del 27 de junio de 2014, por coherencia con la programación de desarrollo rural, de manera que estos grandes grupos asociativos percibirán ayudas a través de los fondos FEADER.

La cuantía máxima para cada solicitante es de doscientos mil euros en tres años, ya que estas ayudas se rigen por los límites y condiciones impuestos para las ayudas de minimis. Su convocatoria está prevista para los primeros meses de 2016.

Con la publicación de este Real Decreto, en el marco del Plan Estatal de Integración Asociativa, el Ministerio da continuidad, mediante un nuevo marco, a ayudas al cooperativismo y asociacionismo de tamaño medio, complementando la batería de medidas que se van a desplegar para dar apoyo a las Entidades Asociativas Prioritarias, de gran tamaño, en el ámbito del Programa Nacional de Desarrollo Rural.

Toda la información referente a estas ayudas podrá consultarse en la sección de apoyos a la integración asociativa de la siguiente página Web:

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-fomento-de-la-integracion-cooperativa/apoyos-integracion-asociativa/default.aspx
 

Hacienda y Administraciones Públicas

AUTORIZADA LA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe total de 1.660.135,24 euros, para las siguientes finalidades:

• 982.311,47 euros para financiar un crédito extraordinario en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para cumplir un Auto del Tribunal Supremo de 2014, que extiende los efectos de otra sentencia del mismo Tribunal de 2012, a favor de Endesa Generación, S.A. y Endesa Energía XXI, S.L.U., relativa a la Orden de 2009 por la que se revisan los peajes de acceso a partir del 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial.
• 128.575,29 euros para financiar un crédito extraordinario en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para cumplir una reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por la empresa Boehringer Ingelheim España S.A, por error en una resolución sobre la deducción en el precio de venta del laboratorio de un medicamento.
• 126.199,57 euros para financiar suplementos de crédito en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, destinados a cumplir diversas sentencias relativas al pago de salarios y complementos de personal laboral, así como de sueldos y complementos de personal funcionario docente que presta sus servicios en la Dirección Provincial de Melilla.
• 2.886,30 euros para la financiación de un suplemento de crédito en el Ministerio del Interior, para el pago de determinadas cuantías por servicios extraordinarios prestados por personal de la Guardia Civil.
• 420.162,61 euros para financiar un suplemento de crédito en el Ministerio del Interior destinado a cumplir dos resoluciones judiciales de responsabilidad civil subsidiaria.

 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

CONVENIOS PARA LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DEL EMPLEO FEMENINO EN CEUTA Y MELILLA

El Consejo de Ministros ha ratificado, las autorizaciones para la suscripción de los convenios de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para la promoción y fomento de la empleabilidad de las mujeres que están en riesgo de exclusión social.

En ambos convenios se concreta la colaboración entre el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y las Ciudades de Ceuta y Melilla para llevar a cabo acciones dirigidas a grupos específicos de mujeres en situación social desfavorecida. Los objetivos son evitar su exclusión y permitir su participación en la actividad económica y el mercado de trabajo. En definitiva, se trata de incrementar la formación y capacitación de estas mujeres, avanzar hacia la igualdad efectiva y contribuir a su incorporación activa y plena a la actividad social y económica.

En cuanto al Convenio con Ceuta, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aportará al Convenio 37.500 euros y la Ciudad, por su parte, aportará 9.375 euros. En lo que se refiere al Convenio con Melilla, el Ministerio aportará también 37.500 euros y la Ciudad, 9.000 euros.

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

CONVENIOS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA GESTIÓN INFORMÁTICA DE LAS AYUDAS DE LA PAC

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de los Convenios de colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y la Comunidad Foral de Navarra para el desarrollo y mantenimiento de una aplicación informática para la gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Estos convenios presentan dos modalidades de participación: por un lado, una modalidad completa, en la que la Comunidad Autónoma tendrá acceso a todos los módulos de la aplicación informática y en esta situación se encuentran el Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Generalitat Valenciana; mientras, en la modalidad parcial las Comunidades tendrán acceso a todos los módulos con excepción del módulo de captura, en cuya situación se encuentran las Comunidades de Andalucía y Aragón.

En ambas modalidades se definen las condiciones de colaboración entre el Estado y dichas Comunidades Autónomas para el mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas y medidas de desarrollo rural, en el ámbito de la PAC 2015-2020, desarrollada por el FEGA.

Costes

El coste total del mantenimiento y desarrollo de la aplicación informática asciende a 2.423.554 euros. De esta cantidad, el FEGA se hace cargo del 50 por 100, asumiendo lo que les hubiera correspondido a las Comunidades Autónomas que no participan, más el 30 por 100 procedente de las Comunidades que participan en la modalidad parcial, lo que supone un total de 1.606.289 euros.

Cada Comunidad Autónoma se encargará del despliegue, administración y operación del sistema de producción, y prestará el servicio de soporte informático a los usuarios de primer nivel. Además, financiará parcialmente el mantenimiento de la aplicación informática, según el reparto indicado en el cuadro siguiente:

 

El año 2015 es el primero en el que se gestiona y captura este nuevo modelo de las solicitudes de las ayudas de la PAC. Estos convenios de colaboración para el uso de la aplicación informática, desarrollado por el FEGA, tienen como objetivo mejorar la coordinación y la homogeneización en la gestión de las ayudas en las distintas Comunidades Autónomas, armonizando la gestión y reduciendo los costes para las administraciones públicas.

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DEL REGISTRO MUNDIAL PARA COMBATIR LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA

El Consejo de Ministros ha autorizado la contribución de España en 2015 para el Programa del Registro mundial para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), por un total de 250.000 euros, así como la suscripción de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para el desarrollo y la ejecución de las obligaciones derivadas de esta contribución.

En este sentido, la creación de un registro mundial de buques tiene como cuyo objetivo principal incrementar la transparencia y trazabilidad de los buques y sus actividades, así como los productos pesqueros, mediante el establecimiento de un identificador único para cada buque. También tiene como propósito el intercambio y difusión de información, de modo que pueda servir como herramienta de los distintos países en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Para el desarrollo de este proyecto la FAO ha establecido un Fondo Fiduciario de donantes múltiples, para administrar las contribuciones y los gastos del proyecto.

España, líder en la lucha contra la pesca ilegal

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es un desafío para todos los países del mundo, incluso para los que no poseen flota pesquera propia o aguas marítimas, así como para las organizaciones internacionales.

En este contexto, España es líder internacional en la lucha contra este tipo de pesca, ya que su flota es una de las más importantes del mundo y está presente en todos los océanos. Asimismo, la flota española está sometida a los más altos estándares de control y seguimiento por parte de las autoridades españolas.

Además, España es un referente comunitario e internacional en el control de importaciones de productos de la pesca procedentes de terceros países, ya que es el país con mayor control y aplicación más eficiente del Reglamento comunitario de lucha contra la pesca ilegal, normativa pionera a nivel mundial.

 

Fomento

MODIFICADO EL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN DE LA RED FERROVIARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés general, aprobado por otro Real Decreto de junio de 2007.

La norma hoy aprobada incorpora al ordenamiento jurídico español una Directiva comunitaria de 2014, que a su vez modificaba otra de 2004 en lo que se refería a los indicadores comunes de seguridad y a los métodos comunes de cálculo de los costes de los accidentes. La citada Directiva comunitaria de 2014 pretende pasar de los indicadores relativos a los costes para el sistema ferroviario de los accidentes ferroviarios a otros indicadores relativos a las repercusiones económicas de los accidentes para la sociedad

 

Asuntos Exteriores y de Cooperación

APROBADO EL ESTATUTO DE LA OBRA PÍA DE LOS SANTOS LUGARES

Este Real Decreto se fundamenta en la Ley de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, del 16 de septiembre de 2014, en la que se contiene una nueva regulación de la Obra Pía de los Santos Lugares que queda configurada como una entidad estatal de derecho público, sin fines de lucro, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Subsecretaría.

El objetivo de este Real Decreto es adaptar al tiempo presente el régimen jurídico de la Obra Pía, que data de 1940, y que ha ido quedando desfasado tras la promulgación de la Constitución Española, la aprobación de un nuevo marco de relaciones con la Iglesia Católica en los acuerdos de 1976-1979 con la Santa Sede y, especialmente, con el establecimiento de unas nuevas bases legales para la Administración española.

El Real Decreto y el Estatuto que aprueba suponen, pues, la culminación del proceso de reforma iniciado en esta legislatura sobre la Obra Pía de los Santos Lugares, institución centenaria adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y que tiene como fin primordial mantener la presencia histórica de España en Tierra Santa.

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

250.000 EUROS PARA RESTAURAR LAS ZONAS AFECTADAS POR UN INCENDIO FORESTAL EN GRANADA

El Consejo de Ministros ha autorizado la actuación de emergencia para la restauración forestal y medioambiental de las zonas afectadas por el incendio forestal que se declaró, el pasado 8 de julio en los términos municipales de Lújar, Rubite Órgiva, Motril y Vélez de Benaudalla en la provincia de Granada.

En total afectó a 2.147 hectáreas, de las cuales 1.580 eran superficie forestal, con zonas de alcornocal y pinar que formaban una singularidad ecológica relevante sobre el entorno semiárido circundante, donde la vegetación juega un importante papel frente a la erosión.

La restauración de estas zonas supone una inversión de 250.000 euros, para los trabajos de corta y eliminación de biomasa forestal quemada, la ejecución de fajinas de protección contra la erosión, la ayuda a la regeneración o las labores de limpieza de los montes y de márgenes de ríos.

También se contempla la reconstrucción de muros de mampostería, los tratamientos selvícolas, la recuperación de habitats, las repoblaciones forestales o la reparación y mejora de pistas e infraestructuras forestales, entre otras tareas.

 

Hacienda y Administraciones Públicas

TRASPASO DEL PERSONAL DE LOS GABINETES TELEGRÁFICOS DE DOS MINISTERIOS A PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El Consejo de Ministros ha autorizado transferencias de crédito, por un importe total de 171.671,50 euros, al Ministerio de la Presidencia, por el traspaso de personal del Gabinete Telegráfico de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Economía y Competitividad a la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.

La centralización de los Gabinetes Telegráficos de la Administración General del Estado, mediante su integración en la Unidad de Comunicaciones dependiente de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, se enmarca dentro de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

Para ello, el Real Decreto de 13 de febrero de 2015, que modifica el anterior, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, establece que en la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno se incorporará el personal que se considere necesario de los actuales Gabinetes Telegráficos del conjunto de los Ministerios, en los términos que se determinen en la correspondiente relación de puestos de trabajo.