La remisión del plan presupuestario, que supone una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016, tiene lugar este sábado, cuando finaliza el plazo para enviarlo a la Comisión Europea, que recomendó el pasado mes de marzo una serie de medidas para garantizar la corrección del déficit, especialmente en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para asegurar el cumplimiento de los objetivos de déficit en las administraciones territoriales.

Por ello, el Ejecutivo envía también el informe de acción efectiva que resume las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del déficit del 4,6% este año, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016 y el adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades para recaudar 8.300 millones de euros más.

En este punto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confió ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que el decreto ley de reforma del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor el pasado 30 de septiembre, pueda ser convalidado en el Congreso el próximo 20 de octubre, según ha acordado la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

El documento sobre acción efectiva que se remite a Bruselas también se hace eco de la preparación de la transposición de las directivas de la UE sobre contratación pública, a la espera de la aprobación como proyecto de ley.

Se trata de un texto ya muy ultimado que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para dar publicidad a determinados contratos negociados, que hasta la fecha no era exigida pero que ahora tiene que ser incluida.

Junto con el informe de acción efectiva, el Gobierno también remite a Bruselas el plan presupuestario de 2017, que supone básicamente la prórroga de los Presupuestos de 2016 ante la falta de capacidad presupuestaria del Gobierno para elaborar unas nuevas cuentas al estar en funciones, pero con previsiones de ingresos y gastos para el próximo año que, según el Gobierno, se han realizado con "mucha prudencia".

La vicepresidenta ya apuntó que posteriormente debe ser el nuevo Gobierno quien adopte las medidas que considere oportunas para cuadrar el déficit público de 2017, ya que un Ejecutivo en plenitud de funciones podrá aprobar después unos nuevos Presupuestos para el próximo año.

Ajuste de 5.000 millones

El texto que se envía a Bruselas contempla un déficit público del 4,6% para este año, en línea con el objetivo comprometido con la Comisión, pero del 3,6% para 2017, medio punto por encima del umbral marcado por Bruselas, ya que el Gobierno no puede elaborar un plan presupuestario con cambios de política fiscal o económica, y se mantiene en el 2,3% el crecimiento previsto para el próximo año.

De esta forma, será el nuevo Gobierno quien tendrá que adoptar medidas adicionales por importe de unos 5.000 millones de euros (medio punto delPIB) para dejar el déficit de 2017 en el 3,1% acordado con la Comisión.

En concreto, el calendario que maneja el Gobierno es que Mariano Rajoy pueda ser investido presidente del Gobierno a finales de este mes, siempre que se confirme la abstención del PSOE, lo que le permitiría poder aprobar en noviembre el techo de gasto, donde sí se incluirían ya las medidas para cumplir con el déficit, y contar con un nuevo Presupuesto a finales de este año.

Además, el Ejecutivo prevé dar luz verde en noviembre a un decreto ley con medidas de "naturaleza presupuestaria", como la actualización de las pensiones y de los salarios públicos, para que estén en vigor el 1 de enero.

En cualquier caso, la prórroga automática de los presupuestos de 2016 será inevitable, ya que aunque se pueda presentar el proyecto de ley con las nuevas cuentas para 2017, no habrá margen de tiempo como para que esté aprobado antes del 1 de enero.