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El Gobierno declara su firme compromiso
de dar respuesta "a todas las formas de violencia contra la mujer"
Manifiesta "su
voluntad de seguir trabajando e impulsando todas las medidas que
resulten necesarias hasta su completa erradicación en España y en la
Comunidad Internacional" |
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El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los Ministerios de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de
Justicia, una Declaración Institucional contra la violencia de género con el fin
de constatar su compromiso frente a la lucha contra este problema. La
declaración se efectúa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, 25 de noviembre, y su texto es
el siguiente:
"Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, el Gobierno de España expresa, en nombre propio y en el de toda la
sociedad el rechazo de cualquier forma de violencia ejercida contra la mujer, su
firme determinación de apoyar y proteger a quienes la sufren, así como a sus
hijos e hijas. Asimismo, manifiesta su voluntad de seguir trabajando e
impulsando todas las medidas que resulten necesarias hasta su completa
erradicación en España y en la Comunidad Internacional. En este sentido, la
erradicación de la violencia contra las mujeres, como forma más extrema de
discriminación por razón de género y violación de sus derechos humanos, es al
mismo tiempo una de las prioridades de la política exterior de España en materia
de derechos humanos.
Porque, aunque la mayoría de la sociedad española rechaza el maltrato y a
quienes lo perpetran, sigue siendo necesario el cambio de conciencia social que
remueva todos aquellos comportamientos, estereotipos y conductas que amparan,
justifican o legitiman el maltrato, no sólo en su manifestación física, sino
también a través de expresiones o hábitos sociales que pueden, de manera
indirecta ampararlo o justificarlo. Porque, a día de hoy, sigue pendiente que
contribuyamos al cambio de conciencia social definitivo que garantice la plena
igualdad entre hombres y mujeres, su trato igualitario, no discriminatorio y
plenamente respetuoso con los derechos fundamentales de todas ellas y, en
particular, de las mujeres especialmente vulnerables como las que tienen algún
tipo de discapacidad o las inmigrantes. En la actualidad es inadmisible que la
violencia que sufren las mujeres maltratadas constituya un obstáculo que les
impida el pleno disfrute de los derechos y libertades.
Educación en igualdad
Por ello, el Gobierno continuará promoviendo la educación en igualdad en todas
las etapas educativas. Especialmente incidiendo en la necesaria formación de la
juventud en el buen uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías,
convirtiendo a nuestros jóvenes en centro de especial atención por parte de los
poderes públicos al tratarse de un colectivo especialmente vulnerable. El
Gobierno continuará, como ha venido haciendo hasta ahora, implicando a toda la
sociedad, mediante campañas innovadoras de sensibilización social que se dirigen
a todos -tejido empresarial, profesionales de distintos ámbitos, sociedad civil,
mundo deportivo y sociedad en general- en el reconocimiento de las primeras
señales del maltrato, en el apoyo a quien sufre violencia de género, y en el
rechazo al maltrato y a quien lo provoca.
Rechazo e implicación social para su erradicación que debe orientar la actuación
de los poderes públicos en relación al más amplio concepto de "violencia contra
la mujer", tal y como promueven los acuerdos internacionales sobre la materia en
los que España es parte, y que incluye: la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual, las agresiones sexuales, el acoso sexual, el matrimonio
forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del "honor" y la
mutilación genital femenina.
Por ello, el Gobierno manifiesta, también, su firme compromiso de dar una
progresiva respuesta a estas formas de violencia contra la mujer, desde la
madurez y el esfuerzo sostenido, que desde los años noventa se viene ejerciendo
respecto de la violencia sufrida en el ámbito de la pareja. Así ha sucedido con
el II Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación
Sexual, de cuya aprobación se cumple un año y de la que dará cuenta el informe
de ejecución que consignará un amplio catálogo de acciones impulsadas por
distintos departamentos ministeriales y administraciones en su cumplimento.
Hijos y menores
También se atiende, de manera señalada, a hijos e hijas y a los menores a cargo
de quien sufre la violencia, víctimas directas merecedoras de especial
protección. Por ello, se procedió a la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015, de
22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la
Adolescencia y de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de
Protección a la Infancia y a la Adolescencia que mejoran la atención y la
protección de los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de
género, así como de los menores víctimas de otras formas de violencia, en
particular, de la trata de seres humanos e incluyen a los hijos e hijas de las
mujeres víctimas de violencia de género en el artículo 1 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, con el objeto de visibilizar esta forma de violencia que se
puede ejercer sobre ellos.
Sobre estos sólidos fundamentos el Gobierno manifiesta, no obstante, que,
mientras una sola mujer sufra la violencia, es necesario seguir trabajando. Y,
para ello, y con las aspiraciones y necesidades de las mujeres que la sufren
como premisa, el Gobierno reafirma su compromiso para, junto con el resto de
fuerzas políticas, interlocutores sociales, administraciones, asociaciones e
instituciones públicas y privadas, alcanzar un gran acuerdo que reconozca el
logro de una España libre de violencia contra la mujer como un objetivo nacional
compartido por todos.
Con el liderazgo de los poderes públicos, esta meta irrenunciable en la España
del siglo XXI debe lograrse promoviendo entre todos las reformas normativas y
organizativas que sean necesarias.
Acuerdo unánime en el Congreso
De esta manera, el reciente acuerdo unánime de todas las fuerzas en el Congreso
de los Diputados ha de servir de primer paso hacia el necesario y anhelado Pacto
de Estado contra la Violencia de Género. A tal efecto y antes del 31 de
diciembre, se creará una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad que
será la encargada de elaborar, en el plazo máximo de cuatro meses desde su
constitución, un informe en el que se identificarán, entre otras cuestiones, los
problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de
violencia de género y un conjunto de propuestas de actuación. El informe, una
vez aprobado, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses
lo someta a acuerdo con los representantes de las Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, Administración de Justicia y asociaciones sindicales,
empresariales y asociaciones civiles.
Por último, es preciso hacer hincapié en que toda esta acción se enmarca en los
ámbitos internacionales en el impulso que España desarrolla en su presencia en
las instituciones europeas y como miembro activo de la comunidad internacional
que apoya y promueve los compromisos internacionales contra la violencia a la
mujer.
El Gobierno, un año más, desde la convicción de que una España libre de
violencia contra la mujer es posible en el siglo XXI, exhorta a toda la sociedad
para que junto a los poderes públicos, lidere el cambio necesario para su
consecución."
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