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APROBADOS LOS UMBRALES DE RENTA Y
PATRIMONIO FAMILIAR Y LAS CUANTÍAS DE LAS BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA
EL CURSO 2017-2018
El Consejo de
Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que
se establecen los umbrales de renta y patrimonio
familiar y las cuantías de las becas y ayudas al
estudio para el curso 2017-2018.
La Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica de Universidades
encomiendan al Estado el establecimiento, con cargo a sus Presupuestos
Generales, de un sistema general de becas y ayudas al estudio, con el
fin de que todas las personas, con independencia de su lugar de
residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del
derecho a la educación.
Ambas normas habilitan al Gobierno para que regule, con carácter básico,
las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio, las
condiciones académicas y económicas que hayan de reunir los candidatos,
así como los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro y
cuantos requisitos, condiciones socioeconómicas u otros factores sean
precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y
ayudas en todo el territorio, sin detrimento de las competencias
normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.
El nuevo Real Decreto de becas para el curso 2017-2018 sigue manteniendo
las becas como un derecho subjetivo de los estudiantes y es similar al
del curso pasado, tanto en lo que se refiere a umbrales de renta y
patrimonio como al modelo de componentes de las becas, cuantías y
requisitos de los beneficiarios.
Las modificaciones respecto al curso anterior más relevantes son las
siguientes:
- Los módulos del
Grado Medio de Formación Profesional que resultan automáticamente
convalidados en algunas enseñanzas de Grado Superior se tendrán en
cuenta a efectos del cumplimiento de los requisitos académicos,
dando así respuesta a la cuestión surgida en el pasado curso
2016-17.
- Se recoge la
sustitución de la antigua Prueba de Acceso a la Universidad por la
actual Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad.
Mayor presupuesto de la historia
El Gobierno ha venido incrementado desde el año 2013 el presupuesto para
el sistema de becas y ayudas al estudio hasta llegar a los 1.420,3
millones de euros en 2017, la cifra más alta de la serie histórica. Esta
cifra supone casi un 25 por 100 más de presupuesto que los 1.138
millones de euros consignados en los Presupuestos de 2012.
Además, debe recordarse que el presupuesto
ejecutado al final de cada año viene siendo
incluso superior al presupuesto inicial, gracias
a las transferencias presupuestarias realizadas
desde otras partidas. Así, en 2016 se destinaron
finalmente al sistema de becas 1.453 millones de
euros, 37 millones más de los 1.416 millones
presupuestados.
Resultados del curso 2016 2017
El número de becarios se ha incrementado de forma notable, tanto en los
niveles universitarios, como en los no universitarios.
El curso 2016-2017 también ha marcado un nuevo máximo el número de
beneficiarios de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo (con 95.599 alumnos), lo que ha supuesto una inversión de más
de 95 millones de euros.
Dictamen del Consejo de Estado
El dictamen del Consejo de Estado avala la competencia del Gobierno para
aprobar este Real Decreto sin apreciar impedimentos de orden jurídico ni
presupuestario.
Más facilidades para los solicitantes
Con la cobertura de la aprobación de este Real Decreto, en las próximas
semanas el Ministerio publicará las diferentes convocatorias del curso
2017-2018 en el microsite de becas en
www.mecd.es.
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¿Sabías que el
gobierno reforzará la lucha contra el fraude en materia
laboral y de Seguridad Social? |
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Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley
13/2017, de 7 de julio, por el que se
aprueba una oferta de empleo público
extraordinaria y adicional para reforzar,
entre otras cosas la lucha contra el fraude
en la Seguridad Social y en el ámbito
laboral,
el gobierno pretende atacar el trabajo no
declarado y en situación irregular, así como
combatir el fraude a la Seguridad Social,
que además de mermar los ingresos públicos,
socava los cimientos del estado del
bienestar y afecta a la competitividad de
las empresas que cumplen con la normativa,
por la competencia desleal que las empresas
incumplidoras les generan.
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