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mutuamente TRIBUNA

Desde esta perspectiva todas las acciones de la ITSS contribuyen de forma directa o indirecta a la erradicación de las conductas fraudulentas. Estas conductas tienen una gran amplitud y pueden ir desde el pago de parte de la nómina “ en negro”, es decir, sin declarar y cotizar a la Seguridad Social ni tributar, hasta la explo-tación de trabajadores, en régimen de ocultamiento y sin respetar las condiciones mínimas exigibles.

En las actuaciones contra el fraude en general deben distinguirse las medidas específcas de detección y lucha contra la “economía sumergida”. El concepto de economía sumergida se identifca con el de “trabajo no declarado” y se ha defnido por la OIT como “toda aquella actividad económica, realizada por trabajadores o empleadores, que desde el punto de vista legal o en sus aspectos prácticos no se ajusta o se ajusta de forma parcial a los requeri-mientos normativos”. La OCDE, en la misma línea, defne la eco-nomía sumergida como “la actividad económica, cuya realización sin ser ilegal en sí misma, no se declara a una o varias autorida-des administrativas”.

Esta realidad tiene, a su vez, dos tipos de manifestaciones. El trabajo totalmente oculto o “en negro”, que sería la manifestación más grave del fraude en el ámbito laboral, con consecuencias negativas de Seguridad Social y prestaciones, reconocimiento de derechos y calidad en el empleo, incluyendo la carencia de me-didas de seguridad y salud laborales.En términos más llanos, los trabajadores sin asegurar, las empresas no inscritas y los trabaja-dores extranjeros sin autorización para trabajar, fundamentalmen-te. Por reduccionismo se suele identifcar el concepto general de economía irregular o sumergida con el trabajo “en negro”.

La otra manifestación es el trabajo “en gris”, que se encuentra regulado o aforado parcialmente, como por ejemplo la realización de una actividad a tiempo completo pero sólo declarada a la Se-guridad Social a tiempo parcial, o un encuadramiento inadecuado en la Seguridad Social para eludir una norma más gravosa.

¿Por qué España tiene un alto índice de economía sumergida, y qué medidas se pueden poner en marcha para combatirla?

Creo que no puede perderse la perspectiva. La sociedad española ha avanzado mucho en el cumplimiento voluntario de las normas y la mayoría de las personas y empresas cumplen de forma ade-cuada con sus obligaciones de Seguridad Social y fscales.

Una sociedad civilizada como la española se caracteriza por el respeto general a las normas, y por el sentido social de sus in-tegrantes y existe una conciencia extendida en el ámbito laboral de los benefcios derivados del cumplimiento de las normas, en orden a la exigencia del respeto a los derechos y a la generación de prestaciones.

Lo importante no es la discusión sobre la existencia del fraude en general, sus dimensiones o características, sino la mejora de las herramientas para luchar de forma efcaz contra el mismo, y aforar la actividad no declarada, dando respuesta a las exigen-cias derivadas de un estado de derecho y a la demanda social de que se apliquen las normas y se persiga a los defraudadores. El reto real es cambiar la percepción que existe sobre el fraude, superando la posible aceptación o su comprensión para llegar al rechazo real de estas conductas.

En la actualidad se dan dos circunstancias que deben ser abor-dadas. Las manifestaciones de la economía irregular cambian, y se hacen más difíciles de detectar. Y la situación de crisis puede facilitar el incremento del fraude en la medida que se considere como una excusa para ahorrarse costes por determinados em-pleadores.

Tres son los las líneas de actuación que deben regir la lucha con-tra la economía sumergida:

1- La consideración como objetivo prioritario de la Inspección de Trabajo.

2- La mejora de las herramientas de detección y de la colaboración entre las Administraciones implicadas.

3- La necesaria participación de los interlocutores sociales.

Estas líneas y el resto de objetivos en esta materia se incorporan en el Plan Integral de Prevención y corrección del fraude fscal, laboral y a la Seguridad Social aprobado por el Consejo de Mi-nistros en marzo de 2010. Este plan orientará las actuaciones de lucha contra el fraude en los próximos años, incluyendo me-didas de fomento de cumplimiento voluntario de las normas, el control de las áreas de riesgo y la coordinación entre las Admi-nistraciones Públicas.