La reglamentación que regula esta cuestión es el RD 171/2004 de Coordinación de actividades empresariales.

Este RD divide la relación entre la empresa principal/titular del centro de trabajo y las empresas contratistas en  función de la actividad de los proveedores.

Si los proveedores realizan actividades diferentes a la actividad principal de la empresa, por ejemplo en su caso un fontanero que viene a arreglar uno de los baños de la empresa o, casi seguro, la empresa de limpieza de las instalaciones, tienen la consideración de empresario titular con una serie de obligaciones.

Si los proveedores realizan actividades correspondientes a la propia actividad de la empresa, por ejemplo si tienen taller propio y contratan alguna reparación específica a otra empresa, adquieren la consideración de empresario principal, con más obligaciones que como empresario titular.

Cuando actuan como empresario titular, no tienen obligación de reclamar el reconocimiento médico de los trabajadores de empresas de una actividad diferente a la suya.

Por el contrario, cuando ejercen de empresario titular (con empresas de su propia actividad), según el art. 10.1 del RD 171/2004:

Artículo 10. Deber de vigilancia del empresario principal.

1. El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos II y III de este real decreto, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo.

Esto quiere decir que deben asegurarse de que las empresas de su propia actividad que desarrollan trabajos en sus instalaciones cumplen con la ley de prevención, y aunque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el reconocimiento médico es voluntario por parte del trabajador, hay varias excepciones donde el trabajador no puede renunciar a pasar dicho reconocimiento:

Artículo 22. Vigilancia de la salud.

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

Lo que significa que si el reconocimiento médico es la única forma de medir los efectos adversos para la salud del trabajador (por ejemplo alguien que trabaje con agentes cancerígenos), o si su estado de salud puede poner en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores (por ejemplo un carretillero) o si hay una legislación que obligue a ello (por ejemplo la de ruido), el trabajador no puede renunciar al reconocimiento médico y por lo tanto no le deberían dejar pasar sin él.

Por tanto, resumiendo, hay tres supuestos: